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Gremiales

Triunfo sindical: Lamb Weston pagará indemnizaciones al 130%

Tras semanas de negociación, empresa y trabajadores cerraron un entendimiento económico que destrabó el conflicto por el cierre industrial.

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Lo que tenés que saber

  • Lamb Weston abonará el 100% de la indemnización legal más un 30% adicional
  • El conflicto se extendió por más de un mes en la planta de Munro
  • La oferta inicial contemplaba solo el 50% mediante un PPC
  • El acuerdo incluye aguinaldo proporcional y seguro de desempleo
  • La empresa traslada sus operaciones a Mar del Plata

Acuerdo tras un mes de conflicto en Munro

Luego de más de un mes de conflicto en la planta de derivados de papa que Lamb Weston posee en Munro, la empresa y los trabajadores alcanzaron un acuerdo que puso fin a la negociación. En una audiencia realizada el miércoles, la multinacional mejoró su propuesta inicial y aceptó pagar el 130% de las indemnizaciones, junto con el aguinaldo proporcional y la garantía del seguro de desempleo.

El entendimiento contó con la aceptación de los operarios y el acompañamiento del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que sostuvo el reclamo tanto en la planta como en el ámbito judicial.

De la media indemnización al pago completo

El acuerdo marcó un cambio sustancial frente a la postura inicial de la empresa. En distintas instancias, Lamb Weston había advertido sobre la posibilidad de presentar un procedimiento preventivo de crisis para abonar solo el 50% de las indemnizaciones.

Finalmente, la presión sindical y política llevó a la compañía a pagar el ciento por ciento correspondiente por ley, más una gratificación adicional del treinta por ciento.

La postura del sindicato

Desde el STIA, la primera estrategia consistió en resistir el cierre de la unidad productiva. El secretario general del gremio, Sergio Escalante, cuestionó la decisión empresarial y sostuvo que el cierre “no se corresponde con su situación real”, al recordar la reciente inauguración de una nueva planta con tecnología de punta, tras una inversión superior a los 300 millones de dólares.

Ante la decisión definitiva de discontinuar la actividad en Munro, el sindicato acompañó la resolución de los trabajadores de priorizar una salida económica más favorable.

La decisión de los trabajadores

Desde el gremio explicaron el criterio adoptado en la etapa final de la negociación: “Nuestro principal objetivo es preservar las fuentes de trabajo y sostener la producción. Sin embargo, acompañamos a los compañeros en su decisión, entendiendo que cada trabajador decide en función de su situación individual y familiar”.

El factor tiempo también incidió en el desenlace. Sin acuerdo en la última audiencia, la negociación se habría extendido hasta febrero, con la obligación empresaria de afrontar una nueva masa salarial.

Traslado de operaciones y contexto regional

Con el acuerdo cerrado, Lamb Weston concretará el cierre inmediato de la planta y trasladará sus operaciones a Mar del Plata, donde los salarios de base resultan aproximadamente un cuarenta por ciento más bajos.

Durante el conflicto, el STIA contó con respaldo político de distintos sectores del peronismo de Vicente López, en una zona fabril integrada por Villa Martelli, Munro, Carapachay y Villa Adelina, afectada por el actual modelo económico importador.

Indemnizaciones como eje central

Con el cierre ya definido, la organización sindical concentró sus esfuerzos en asegurar las mejores condiciones de salida posibles para los trabajadores. En un escenario de pérdida de empleo industrial y dificultades de reinserción laboral, el eje del reclamo se centró en el monto final de las indemnizaciones.

Conclusión

El conflicto en la planta de Lamb Weston en Munro concluyó con un acuerdo que elevó las indemnizaciones al 130%, tras un mes de negociaciones y medidas impulsadas por el sindicato y los trabajadores.

Espectáculos 🎭

BTS en La Plata: una disputa gremial pone en riesgo los recitales

El sindicato de controladores de admisión levantó las asambleas y la movilización tras un “principio de entendimiento”, luego de que la provincia dictara una conciliación obligatoria. Detrás del conflicto hay un reclamo de fondo: que las empresas contratadas por la productora apliquen el convenio de la actividad y no el de seguridad privada.

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La discusión sobre qué convenio colectivo corresponde aplicar a quienes controlan el ingreso del público puso en riesgo, a pocas horas del debut, los tres recitales de BTS en La Plata. Los trabajadores de control de admisión advirtieron que podían tomar medidas de acción directa durante los shows si las empresas contratadas no aplicaban el convenio de su actividad.

El reclamo fue formalizado por el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), que conduce Leandro Nazarre, mediante un comunicado en el que se declaró en “estado de alerta y movilización”. El gremio apuntó contra GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech), empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA, a las que acusó de pretender aplicar un convenio de seguridad privada que consideró “ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia”. Las presentaciones de la banda surcoreana están previstas el 21, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, con capacidad para unas 53.000 personas.

Qué reclama el gremio

Según el comunicado, las compañías deberían aplicar el convenio de SUTCAPRA, que, de acuerdo al sindicato, “mejora las condiciones laborales y salariales de los controladores”. El gremio adelantó además la posibilidad de “medidas de acción directa durante los shows” y, en una nota enviada al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó “asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio” para visibilizar el problema.

El secretario de Prensa de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti, defendió la representatividad de su organización: “tenemos personería gremial en La Plata”, sostuvo, y afirmó que la UPSRA “no tienen personería en esta actividad”. El gremio se creó en 2004 para representar al personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP), una actividad que hasta entonces no estaba nucleada en ningún sindicato, y busca diferenciarse de la seguridad privada.

La respuesta de la UPSRA

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), fundada en 1970 y conducida por Ángel Alberto García, rechazó el planteo. En un comunicado sostuvo que el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 es el “único instrumento legal vigente” para regular las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada y que es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del sector, “sin excepciones”.

El sindicato fue más lejos: calificó de “inadmisible” que SUTCAPRA intente instalar “un discurso que genera confusión y desconcierto” y advirtió que “no vamos a permitir que se utilicen espacios públicos para desinformar”. La disputa, entonces, enfrenta a dos organizaciones que se reivindican representantes de quienes trabajan en los recitales, con los propios trabajadores en el medio.

La provincia intervino con una conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Jorge Walter Correa en el gobierno de Axel Kicillof, dictó de manera urgente una conciliación obligatoria con una audiencia virtual convocada para el miércoles a las 10. Rolón Gatti contó que funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo de la provincia se comunicaron con el gremio y dudó de los tiempos: “No sé si estamos a tiempo”, reconoció antes de la audiencia, y reclamó que las empresas comparecieran para aclarar la situación.

Todas las partes acudieron a la cita y, a horas del primer show, el sindicato levantó las asambleas y la movilización que había anunciado. “Hay un principio de entendimiento”, afirmó Rolón Gatti, y aclaró que continúan “en conversaciones y en negociación”. Todavía quedaba por verse si lo acordado se cumplía durante los tres conciertos.

Un conflicto que no es nuevo

Según Rolón Gatti, no es la primera vez que SUTCAPRA y la UPSRA chocan por esta cuestión. El gremio suele convocar al Ministerio de Trabajo bonaerense a las empresas que prestan servicios en los recitales y, amparado en la ley nacional 26.370 y la ley provincial 13.964, intenta demostrar por qué deben aplicar su convenio. El dirigente recordó el antecedente del Lollapalooza: las empresas de control de admisión reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA cuando aplicaron el convenio de la actividad y pagaron las acreencias sindicales a la institución.

El episodio expone que cada megaevento reabre la misma discusión, y que la responsabilidad de la productora y de las empresas contratadas frente al marco laboral correspondiente sigue en el centro de la escena. Mientras dos gremios discuten la representación, son los controladores quienes dependen de que se aplique un convenio u otro para definir sus condiciones de trabajo y de salario.

Lo que tenés que saber:

  • SUTCAPRA denunció que empresas contratadas por DF Entertainment SA pretendían aplicar un convenio de seguridad privada en los recitales de BTS.
  • El gremio se declaró en “estado de alerta y movilización” y anticipó la posibilidad de medidas de acción directa durante los shows.
  • La UPSRA respondió que el convenio 507/07 es el único vigente para la seguridad privada y de cumplimiento obligatorio.
  • El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria urgente con audiencia virtual el miércoles a las 10.
  • SUTCAPRA levantó las asambleas y la movilización por un “principio de entendimiento”, aunque la negociación continúa.

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