Gremiales
Triunfo sindical: Lamb Weston pagará indemnizaciones al 130%
Tras semanas de negociación, empresa y trabajadores cerraron un entendimiento económico que destrabó el conflicto por el cierre industrial.
Lo que tenés que saber
- Lamb Weston abonará el 100% de la indemnización legal más un 30% adicional
- El conflicto se extendió por más de un mes en la planta de Munro
- La oferta inicial contemplaba solo el 50% mediante un PPC
- El acuerdo incluye aguinaldo proporcional y seguro de desempleo
- La empresa traslada sus operaciones a Mar del Plata
Acuerdo tras un mes de conflicto en Munro
Luego de más de un mes de conflicto en la planta de derivados de papa que Lamb Weston posee en Munro, la empresa y los trabajadores alcanzaron un acuerdo que puso fin a la negociación. En una audiencia realizada el miércoles, la multinacional mejoró su propuesta inicial y aceptó pagar el 130% de las indemnizaciones, junto con el aguinaldo proporcional y la garantía del seguro de desempleo.
El entendimiento contó con la aceptación de los operarios y el acompañamiento del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que sostuvo el reclamo tanto en la planta como en el ámbito judicial.
De la media indemnización al pago completo
El acuerdo marcó un cambio sustancial frente a la postura inicial de la empresa. En distintas instancias, Lamb Weston había advertido sobre la posibilidad de presentar un procedimiento preventivo de crisis para abonar solo el 50% de las indemnizaciones.
Finalmente, la presión sindical y política llevó a la compañía a pagar el ciento por ciento correspondiente por ley, más una gratificación adicional del treinta por ciento.
La postura del sindicato
Desde el STIA, la primera estrategia consistió en resistir el cierre de la unidad productiva. El secretario general del gremio, Sergio Escalante, cuestionó la decisión empresarial y sostuvo que el cierre “no se corresponde con su situación real”, al recordar la reciente inauguración de una nueva planta con tecnología de punta, tras una inversión superior a los 300 millones de dólares.
Ante la decisión definitiva de discontinuar la actividad en Munro, el sindicato acompañó la resolución de los trabajadores de priorizar una salida económica más favorable.
La decisión de los trabajadores
Desde el gremio explicaron el criterio adoptado en la etapa final de la negociación: “Nuestro principal objetivo es preservar las fuentes de trabajo y sostener la producción. Sin embargo, acompañamos a los compañeros en su decisión, entendiendo que cada trabajador decide en función de su situación individual y familiar”.
El factor tiempo también incidió en el desenlace. Sin acuerdo en la última audiencia, la negociación se habría extendido hasta febrero, con la obligación empresaria de afrontar una nueva masa salarial.
Traslado de operaciones y contexto regional
Con el acuerdo cerrado, Lamb Weston concretará el cierre inmediato de la planta y trasladará sus operaciones a Mar del Plata, donde los salarios de base resultan aproximadamente un cuarenta por ciento más bajos.
Durante el conflicto, el STIA contó con respaldo político de distintos sectores del peronismo de Vicente López, en una zona fabril integrada por Villa Martelli, Munro, Carapachay y Villa Adelina, afectada por el actual modelo económico importador.
Indemnizaciones como eje central
Con el cierre ya definido, la organización sindical concentró sus esfuerzos en asegurar las mejores condiciones de salida posibles para los trabajadores. En un escenario de pérdida de empleo industrial y dificultades de reinserción laboral, el eje del reclamo se centró en el monto final de las indemnizaciones.
Conclusión
El conflicto en la planta de Lamb Weston en Munro concluyó con un acuerdo que elevó las indemnizaciones al 130%, tras un mes de negociaciones y medidas impulsadas por el sindicato y los trabajadores.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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