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Efecto Milei: ATE alerta por posibles despidos masivos

Frente a ese contexto, ATE declaró el «estado de alerta en toda la administración pública» y decidió «impulsar medidas de fuerza preventivas y sectoriales», además de pedir el adelanto del pago del aguinaldo, cómo lo autoriza la Ley.

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El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, solicitó este lunes que el Gobierno nacional adelante el pago del aguinaldo, y alertó que la gestión del presidente electo Javier Milei planea despidos masivos a partir del 10 de diciembre.

Aguiar hizo este pedido en función de la resolución 576/98 del Ministerio de Economía que habilita a liquidar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en el mes de diciembre.

«Milei no tiene la opción de pagar o no pagar el aguinaldo, ya que si no lo hiciera estaría violando el orden público, tiene que saber que desde hace 78 años el movimiento obrero cobra aguinaldo, es un derecho adquirido desde diciembre de 1945 y está legislado», sostuvo Aguiar en declaraciones a Radio Nacional.

El dirigente sindical señaló que «el pago del SAC es un derecho conquistado en diciembre de 1945 y está incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744».

«Además, la Ley 23.041 de orden público establece su pago en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado», agregó.

Además, Aguiar consideró que «la motosierra» de Milei «no era para la casta sino para las y los trabajadores» y advirtió: «Hemos confirmado, a partir de trabajadores que forman parte de las reuniones de transición entre la gestión saliente y gestión entrante, que van a existir despidos en el Estado después del 10 de diciembre».

«Se está haciendo una búsqueda exhaustiva, elaborando bases de datos con quienes han ingresado a la administración pública durante los últimos años», dijo.

Frente a ese contexto, ATE declaró el «estado de alerta en toda la administración pública» y decidió «impulsar medidas de fuerza preventivas y sectoriales».

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La CGT advirtió que Milei hace lo que ni la dictadura hizo: prohibir la prensa en Casa Rosada

La central obrera calificó de «extrema gravedad institucional» la prohibición del Gobierno de Milei al ingreso de periodistas a Casa Rosada y advirtió que ni en los años más oscuros de la dictadura militar se tomaron medidas de ese calibre. Es el tercer episodio de censura a la prensa en menos de un mes.

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La CGT repudió la censura a la prensa: «Silencian a la prensa en este circo sin pan»

★ La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este viernes la prohibición del Poder Ejecutivo Nacional al ingreso de periodistas a la Casa Rosada y, mediante un comunicado oficial, denunció que el Gobierno de Javier Milei «silencia a la prensa en este circo sin pan». La central obrera, conducida por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, sostuvo que la medida «atenta sensiblemente contra la democracia y el derecho a informarse de las y los argentinos».

La medida se enmarca en una ofensiva sistemática del oficialismo contra la prensa crítica que, como informó este medio, se inició a principios de abril con la revocación de acreditaciones a periodistas de medios señalados por el Gobierno en el marco de una supuesta «trama rusa», y se profundizó el 23 de abril cuando la Casa Militar presentó una denuncia penal contra periodistas de TN por grabar en los pasillos del palacio de gobierno, lo que derivó en la revocación de las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados.

«Ni en los años más oscuros de la dictadura»

El texto del comunicado de la central obrera fue contundente al establecer un horizonte histórico de referencia. «La restricción al acceso de las y los trabajadores de prensa a la sede del Poder Ejecutivo constituye un ataque directo a la libertad de expresión y socava el derecho de toda la sociedad a conocer y controlar los actos de Gobierno», remarcó la CGT. Y fue más lejos: «Prácticas de este calibre no han sido puestas en marcha ni en los años más oscuros de la dictadura militar y configuran un retroceso preocupante».

La comparación con la última dictadura cívico-militar, cuyo gobierno de facto controló, censuró y desapareció periodistas entre 1976 y 1983, adquiere un peso singular cuando proviene de una organización con la historia política de la CGT, que sufrió de manera directa la persecución del terrorismo de Estado.

Solidaridad con los trabajadores de prensa

La central obrera expresó además su solidaridad con «los trabajadores de prensa» y subrayó «la gravedad de avanzar en medidas que restringen derechos fundamentales» y que «tienden a silenciar voces críticas». La CGT remarcó que, en el contexto actual, el pluralismo y la circulación libre de información «resultan indispensables para la vida democrática».

Tercer episodio en menos de un mes

El repudio de la CGT se suma al que formularon, el 6 de abril, los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran la Comisión de Libertad de Expresión, quienes presentaron un proyecto de resolución titulado «La Censura Avanza», exigiendo la revocación inmediata de las acreditaciones suspendidas. En aquella ocasión, la medida oficial se justificó con la supuesta vinculación de varios medios a una red de desinformación financiada por Rusia, una acusación que la propia editora de openDemocracy, el medio que publicó el informe original, relativizó al admitir que no había pruebas de que los pagos se hubieran efectivizado.

Semanas después, el segundo episodio se produjo cuando el presidente Milei, desde Israel, calificó a los periodistas de TN como «basuras repugnantes» y «delincuentes» en sus redes sociales, según reprodujo La Nación, luego de que la Casa Militar radicara la denuncia penal contra los cronistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. La causa recayó en el juez federal Ariel Lijo y se encuadra en los artículos 222 y 223 del Código Penal, que prevén penas de hasta seis años de prisión.

La restricción, en un contexto de escandalos oficiales

El patrón de censura se profundiza en un momento de particular fragilidad para el oficialismo. El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa $LIBRA salpica al propio Milei, quien fue formalmente indagado. El Banco Nación otorgó créditos millonarios a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza en operaciones que concentran sospechas de irregularidades. En ese marco, la restricción al periodismo acreditado en la sede del Ejecutivo no puede leerse como una medida de seguridad: opera como un mecanismo de control de la información en el momento en que esa información resulta políticamente más costosa para el Gobierno.

Puntos clave

  • La CGT repudió la prohibición del Gobierno al ingreso de periodistas a Casa Rosada y la calificó de «extrema gravedad institucional».
  • La central obrera sostuvo que «ni en los años más oscuros de la dictadura militar» se aplicaron medidas similares.
  • Es el tercer episodio de censura a la prensa en menos de un mes, tras la suspensión de acreditaciones por la «trama rusa» y la denuncia penal contra periodistas de TN.
  • El comunicado fue firmado por la conducción tripartita de la CGT: Argüello, Sola y Jerónimo.
  • La ofensiva contra la prensa se produce en simultáneo con causas judiciales abiertas que comprometen a funcionarios clave del Gobierno, incluido el propio presidente.

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