Economía 💲
Cómo la eliminación de organismos descentralizados concentró poder de Maccarone sobre la obra pública
La motosierra concentró poder en manos equivocadas. El desguace institucional impulsado por Milei no solo «achicó el Estado», sino que las decisiones estratégicas quedaron a merced de un empresario del sector que ahora “regula”.
⬛ La eliminación masiva de ministerios y organismos descentralizados que llevó adelante Javier Milei durante su primer año de gestión no fue solo una política de «achique» del Estado. Fue, también, una operación de concentración de poder que terminó facilitando que un ex empresario constructor como Martín Maccarone controle desde las sombras toda la obra pública nacional.
La ecuación es simple pero devastadora: se eliminaron 13 Ministerios, se cerraron organismos estatales y se recortaron presupuestos destinados a Ciencia, Cultura y Educación, entre otras áreas, pero toda esa capacidad operativa no desapareció. Se concentró en pocas manos, específicamente en la órbita del Ministerio de Economía que comanda Luis «Toto» Caputo.
El mapa del desguace institucional
La lista de organismos eliminados o fusionados bajo la órbita de Economía es extensa y reveladora. A través del Boletín Oficial N°35702, el Gobierno que encabeza Javier Milei oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas del Estado, afectando dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad.
El caso más emblemático es el del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), un organismo que ha jugado un papel central en la ejecución de obras públicas en todo el país. Por medio de la publicación del Decreto 1020/2024 en el Boletín Oficial, se estableció que el ENOHSA quedará oficialmente disuelto dentro de treinta días, por lo que sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
La justificación oficial fue técnica: «en el contexto actual, resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos». Sin embargo, el resultado práctico fue concentrar el control de obras hídricas y sanitarias en manos del núcleo duro de Economía.
El costo humano del ajuste concentrador
Los números del ajuste son elocuentes sobre la magnitud del poder transferido. El presidente Javier Milei sigue avanzando con el cierre de organismos nacionales. Este jueves dispuso la disolución del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), un organismo clave para las obras públicas sanitarias, que implicó 230 trabajadores y 116 obras con incertidumbre.
Según proyecciones realizadas antes de asumir, unas 118.118 personas quedarían, en principio, sin puesto laboral, si se eliminan esos ministerios y los organismos descentralizados según los números de las reparticiones que difunde el Indec. Pero el poder operativo de esas 118 mil personas no se esfumó: se canalizó hacia la nueva estructura centralizada.
La arquitectura del control concentrado
La eliminación del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y de organismos como ENOHSA, ONABE y partes de ADIF no fue casual. Todo ese poder decisorio se reconcentró en la flamante Secretaría Coordinadora de Infraestructura que comanda Maccarone desde Economía.
Esta operación de ingeniería institucional tiene precedentes históricos preocupantes. La concentración de poder estatal en pocas manos, especialmente cuando esas manos provienen del sector privado que ahora deben regular, genera las condiciones perfectas para conflictos de interés y capturas regulatorias.
Los antecedentes del desguace como concentración
El plan incluye la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos, según confirmó La Nación en enero de 2025. Esta nueva etapa de ajuste busca achicar un 30% el Estado, pero nuevamente el poder no desaparece, sino que se reconcentra.
El proceso comenzó desde el primer día de gobierno. Milei oficializó el primer decreto de necesidad y urgencia y modificó la estructura central dentro del Gobierno, estableciendo las bases legales para esta concentración de poder que luego permitiría el funcionamiento de figuras como Maccarone.
La funcionalidad política del desguace
Lo que el gobierno presenta como «eficiencia» y «achique del Estado» opera, en la práctica, como una concentración de poder decisorio sin precedentes en décadas. La eliminación de controles y contrapesos institucionales facilita que un ex empresario constructor pueda operar «de los dos lados del mostrador» sin los filtros que antes existían.
La crítica de los dirigentes opositores señala precisamente esta contradicción: para el gobierno del presidente Javier Milei una de las razones que motivaron la disolución es que el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional. Pero el resultado práctico es que ahora existe menos control, no más.
Las obras que quedaron en el limbo
El caso del ENOHSA es paradigmático de cómo esta concentración afecta la obra pública concreta. Una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país quedó disuelta, y sus funciones pasaron a depender de la estructura que controla Maccarone.
En Mendoza, por ejemplo, el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA) dejó seis obras importantes en estado de incertidumbre, que ahora dependen de las decisiones que tome la nueva estructura centralizada.
La concentración como facilitadora de conflictos
La operación de Milei generó las condiciones perfectas para que figuras como Maccarone pudieran operar con poderes extraordinarios y mínimos controles. Al eliminar organismos con capacidad técnica específica y reconcentrar sus funciones en Economía, se creó un embudo decisorio que beneficia a quien controla ese embudo.
Esta arquitectura institucional no es casual. Responde a una lógica política que privilegia la concentración de poder por sobre los controles y contrapesos democráticos. El resultado es que un ex empresario constructor puede hoy manejar toda la obra pública nacional desde un despacho en Economía, sin la supervisión técnica específica que antes existía en organismos especializados.
El futuro del modelo concentrador
La misión está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, según reveló La Nación, lo que indica que esta lógica de concentración continuará profundizándose. Cada organismo eliminado es poder que se reconcentra en el núcleo duro del gobierno.
La pregunta que surge es si esta concentración de poder es compatible con una gestión transparente y democrática de los recursos públicos. Los casos como el de Maccarone sugieren que no: cuando se eliminan controles y se concentra poder en manos de ex empresarios del sector que ahora regulan, los conflictos de interés se vuelven estructurales.
El «achique del Estado» de Milei resultó ser, paradójicamente, una concentración de poder estatal sin precedentes. Y figuras como Martín Maccarone son el producto directo de esa concentración.
Puntos clave
• Milei eliminó 13 ministerios y 21 organismos descentralizados, concentrando su poder decisorio en Economía
• La eliminación del ENOHSA, ONABE y partes de ADIF transfirió el control de obra pública a la estructura que maneja Maccarone
• El desguace institucional eliminó controles y contrapesos específicos, facilitando conflictos de interés
• Más de 118.000 empleados perdieron sus puestos, pero su poder operativo se reconcentró en pocas manos
• La arquitectura del «achique» resultó ser una concentración de poder que beneficia a figuras como el «funcionario fantasma»
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Los “chachos” vuelven a La Rioja: el ajuste de Milei obliga a Quintela a resucitar la cuasimoneda
El gobernador riojano confirmó el regreso de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) para financiar aumentos salariales estatales, luego de que Nación no transfiriera los $85.000 millones solicitados como adelanto de coparticipación. El anuncio desató un cruce encendido con el ministro Luis Caputo.
El ajuste que no aparece en los discursos: cómo el gobierno Milei estrangula las provincias opositoras
★ El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó este miércoles que la provincia volverá a emitir los denominados «chachos», la cuasimoneda provincial apodada así en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza, para financiar futuros aumentos salariales de los trabajadores estatales. La medida llega en un contexto de marcada restricción presupuestaria y luego de que la Nación no efectivizara el adelanto de coparticipación de $85.000 millones que el distrito reclamaba desde abril.
El BOCADE regresa: historia y contexto de una herramienta de emergencia
Los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocidos como «chachos», fueron aprobados por la legislatura riojana en enero de 2024, por un monto de $22.500 millones, y comenzaron a circular el 1 de julio de ese año como mecanismo de emergencia ante las tensiones financieras que ya entonces afectaban a la provincia. La primera emisión tuvo como plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024, tras lo cual fue retirada de circulación.
Según explicó el propio Quintela, los bonos podrían comenzar a utilizarse para complementar los haberes de julio, que se percibirán en agosto. «Tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. Y ahora van a volver», señaló el mandatario, al tiempo que precisó que el objetivo es que «pierdan lo menos posible el poder adquisitivo». Sobre el aguinaldo, aclaró que no será alcanzado por la cuasimoneda: «Para el aguinaldo no, tal vez se pueda utilizar para un incremento».
La reaparición del instrumento pone de manifiesto las profundas dificultades financieras que enfrenta la provincia, agravadas por lo que el propio gobierno riojano califica como una retención irregular de fondos por parte de la administración Milei. Según el secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, el 98% de las transferencias extracoparticipables dejaron de enviarse desde que asumió el gobierno libertario, lo que representa una deuda histórica que, según estimaciones provinciales, supera los $265.000 millones.
El nudo financiero: fondos retenidos y el adelanto que no llegó
El anuncio se produce luego de semanas de gestiones frustradas. En abril de 2026, el Gobierno nacional formalizó mediante el Decreto 219/2026 el otorgamiento de adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para doce provincias, entre ellas La Rioja. Sin embargo, mientras que otros distritos como Mendoza ya recibieron desembolsos concretos (un anticipo de $325.000 millones en tres cuotas), la provincia riojana sigue esperando los $85.000 millones que solicitó formalmente al Ministerio del Interior.
El ministro de Hacienda provincial, Fabián Blanco, fue terminante al desestimar cualquier lectura benevolente de la situación: los fondos solicitados no son recursos extraordinarios ni gestos de diálogo, sino plata propia de la provincia que se devuelve con intereses al 15% nominal anual.
El destino concreto, precisó, era garantizar el aguinaldo de julio y «desinflar la deuda flotante» acumulada con proveedores que no cobran en tiempo y forma desde hace meses. La demora en el desembolso, en ese marco, adquiere un cariz político que el propio Herrera no quiso descartar al señalar que confiaba en que «esto no se ha teñido de alguna cuestión política».
La situación riojana no es aislada. Fuentes vinculadas al análisis fiscal provincial advierten que al menos diez provincias atraviesan tensiones similares de liquidez, producto de la combinación entre caída de la recaudación, aumento del gasto en salarios por inflación y la política de ajuste de transferencias del gobierno nacional.
El cruce con Caputo: del RIGI a las amenazas cruzadas
El anuncio de Quintela sobre los «chachos» se produjo en el marco de una entrevista más amplia en la que el gobernador apuntó sin eufemismos contra el ministro de Economía, Luis Caputo. «Lo único que conoce es la política de beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero», disparó Quintela, al tiempo que cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como «una entrega total de nuestros recursos».
Sobre un eventual retorno del peronismo al poder, advirtió: «Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado».
La respuesta de Caputo no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda respondió con descalificaciones directas, calificó a Quintela de «matón de barrio» y redobló el argumento de siempre: la situación de La Rioja es culpa del propio gobernador por no adherir al RIGI. «Por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios», sostuvo Caputo, quien también volvió a traer a colación referencias a su familia en relación con el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022.
Quintela respondió a su vez con una nueva publicación en la que rechazó las acusaciones: «Los tipos que hundieron y vendieron al país cada vez que tuvieron oportunidad siguen queriendo mentir y manipular la realidad. Y claro que los vamos a investigar, como corresponde».
El cruce ilustra con precisión el estado de la relación entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores opositores: una guerra de posiciones donde el ajuste fiscal funciona simultáneamente como instrumento económico y como herramienta de presión política sobre los distritos díscolos.
El RIGI como condición política encubierta
La insistencia de Caputo sobre el RIGI como solución para los problemas financieros de La Rioja merece una lectura crítica. La negativa de Quintela a adherir al régimen no responde a un capricho ideológico sino a una evaluación concreta de sus condiciones: el RIGI otorga a los grandes inversores privados ventajas impositivas extraordinarias, estabilidad fiscal por 30 años, libre disponibilidad de divisas y protección frente a cambios regulatorios futuros. En la práctica, como señaló el propio Quintela, implica resignar soberanía sobre los recursos estratégicos del territorio durante décadas, a cambio de inversiones cuyo derrame efectivo sobre la economía local es, cuando menos, incierto.
Encuadrar el regreso de los «chachos» como consecuencia del voluntarismo político del gobernador riojano y no como efecto directo del estrangulamiento fiscal que ejerce el gobierno nacional equivale a invertir la cadena causal. La provincia está incluida en el decreto que habilita los adelantos y aun así no recibió los fondos. La retención tiene nombre y dirección.
Puntos clave
- La Rioja volverá a emitir los BOCADE («chachos») para financiar aumentos salariales de los empleados estatales a partir de agosto.
- El Gobierno provincial aguarda sin respuesta los $85.000 millones solicitados como adelanto de coparticipación al amparo del Decreto 219/2026.
- La primera emisión de los «chachos» data de enero de 2024; su vencimiento original fue el 31 de diciembre de ese año.
- Quintela anunció que investigará la gestión de Caputo si el peronismo regresa al poder; el ministro respondió calificándolo de «matón de barrio».
- El cruce reactualiza el conflicto estructural entre el ajuste fiscal nacional y las finanzas provinciales, con el RIGI como eje del debate.
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