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Cómo la eliminación de organismos descentralizados concentró poder de Maccarone sobre la obra pública

La motosierra concentró poder en manos equivocadas. El desguace institucional impulsado por Milei no solo «achicó el Estado», sino que las decisiones estratégicas quedaron a merced de un empresario del sector que ahora “regula”.

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El Argentino Diario-Martín Maccarone-Luis Toto Caputo.

⬛ La eliminación masiva de ministerios y organismos descentralizados que llevó adelante Javier Milei durante su primer año de gestión no fue solo una política de «achique» del Estado. Fue, también, una operación de concentración de poder que terminó facilitando que un ex empresario constructor como Martín Maccarone controle desde las sombras toda la obra pública nacional.

La ecuación es simple pero devastadora: se eliminaron 13 Ministerios, se cerraron organismos estatales y se recortaron presupuestos destinados a Ciencia, Cultura y Educación, entre otras áreas, pero toda esa capacidad operativa no desapareció. Se concentró en pocas manos, específicamente en la órbita del Ministerio de Economía que comanda Luis «Toto» Caputo.

El mapa del desguace institucional

La lista de organismos eliminados o fusionados bajo la órbita de Economía es extensa y reveladora. A través del Boletín Oficial N°35702, el Gobierno que encabeza Javier Milei oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas del Estado, afectando dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad.

El caso más emblemático es el del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), un organismo que ha jugado un papel central en la ejecución de obras públicas en todo el país. Por medio de la publicación del Decreto 1020/2024 en el Boletín Oficial, se estableció que el ENOHSA quedará oficialmente disuelto dentro de treinta días, por lo que sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

La justificación oficial fue técnica: «en el contexto actual, resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos». Sin embargo, el resultado práctico fue concentrar el control de obras hídricas y sanitarias en manos del núcleo duro de Economía.

El costo humano del ajuste concentrador

Los números del ajuste son elocuentes sobre la magnitud del poder transferido. El presidente Javier Milei sigue avanzando con el cierre de organismos nacionales. Este jueves dispuso la disolución del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), un organismo clave para las obras públicas sanitarias, que implicó 230 trabajadores y 116 obras con incertidumbre.

Según proyecciones realizadas antes de asumir, unas 118.118 personas quedarían, en principio, sin puesto laboral, si se eliminan esos ministerios y los organismos descentralizados según los números de las reparticiones que difunde el Indec. Pero el poder operativo de esas 118 mil personas no se esfumó: se canalizó hacia la nueva estructura centralizada.

La arquitectura del control concentrado

La eliminación del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y de organismos como ENOHSA, ONABE y partes de ADIF no fue casual. Todo ese poder decisorio se reconcentró en la flamante Secretaría Coordinadora de Infraestructura que comanda Maccarone desde Economía.

Esta operación de ingeniería institucional tiene precedentes históricos preocupantes. La concentración de poder estatal en pocas manos, especialmente cuando esas manos provienen del sector privado que ahora deben regular, genera las condiciones perfectas para conflictos de interés y capturas regulatorias.

Los antecedentes del desguace como concentración

El plan incluye la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos, según confirmó La Nación en enero de 2025. Esta nueva etapa de ajuste busca achicar un 30% el Estado, pero nuevamente el poder no desaparece, sino que se reconcentra.

El proceso comenzó desde el primer día de gobierno. Milei oficializó el primer decreto de necesidad y urgencia y modificó la estructura central dentro del Gobierno, estableciendo las bases legales para esta concentración de poder que luego permitiría el funcionamiento de figuras como Maccarone.

La funcionalidad política del desguace

Lo que el gobierno presenta como «eficiencia» y «achique del Estado» opera, en la práctica, como una concentración de poder decisorio sin precedentes en décadas. La eliminación de controles y contrapesos institucionales facilita que un ex empresario constructor pueda operar «de los dos lados del mostrador» sin los filtros que antes existían.

La crítica de los dirigentes opositores señala precisamente esta contradicción: para el gobierno del presidente Javier Milei una de las razones que motivaron la disolución es que el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional. Pero el resultado práctico es que ahora existe menos control, no más.

Las obras que quedaron en el limbo

El caso del ENOHSA es paradigmático de cómo esta concentración afecta la obra pública concreta. Una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país quedó disuelta, y sus funciones pasaron a depender de la estructura que controla Maccarone.

En Mendoza, por ejemplo, el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA) dejó seis obras importantes en estado de incertidumbre, que ahora dependen de las decisiones que tome la nueva estructura centralizada.

La concentración como facilitadora de conflictos

La operación de Milei generó las condiciones perfectas para que figuras como Maccarone pudieran operar con poderes extraordinarios y mínimos controles. Al eliminar organismos con capacidad técnica específica y reconcentrar sus funciones en Economía, se creó un embudo decisorio que beneficia a quien controla ese embudo.

Esta arquitectura institucional no es casual. Responde a una lógica política que privilegia la concentración de poder por sobre los controles y contrapesos democráticos. El resultado es que un ex empresario constructor puede hoy manejar toda la obra pública nacional desde un despacho en Economía, sin la supervisión técnica específica que antes existía en organismos especializados.

El futuro del modelo concentrador

La misión está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, según reveló La Nación, lo que indica que esta lógica de concentración continuará profundizándose. Cada organismo eliminado es poder que se reconcentra en el núcleo duro del gobierno.

La pregunta que surge es si esta concentración de poder es compatible con una gestión transparente y democrática de los recursos públicos. Los casos como el de Maccarone sugieren que no: cuando se eliminan controles y se concentra poder en manos de ex empresarios del sector que ahora regulan, los conflictos de interés se vuelven estructurales.

El «achique del Estado» de Milei resultó ser, paradójicamente, una concentración de poder estatal sin precedentes. Y figuras como Martín Maccarone son el producto directo de esa concentración.

Puntos clave

• Milei eliminó 13 ministerios y 21 organismos descentralizados, concentrando su poder decisorio en Economía
• La eliminación del ENOHSA, ONABE y partes de ADIF transfirió el control de obra pública a la estructura que maneja Maccarone
• El desguace institucional eliminó controles y contrapesos específicos, facilitando conflictos de interés
• Más de 118.000 empleados perdieron sus puestos, pero su poder operativo se reconcentró en pocas manos
• La arquitectura del «achique» resultó ser una concentración de poder que beneficia a figuras como el «funcionario fantasma»

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ATN: UxP quiere repartir por ley $1,1 billones que Milei retiene mientras avanza El Niño

Germán Martínez y Ariel Rauschenberger proponen distribuir la mitad de los $2,2 billones de Aportes del Tesoro Nacional acumulados, con 25% en partes iguales y 75% por coparticipación. Hoy el reparto depende de la discrecionalidad del Ejecutivo.

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El Argentino Diario-Congreso.

Mientras el Paraná crece en Corrientes y Entre Ríos y el Servicio Meteorológico Nacional da por segura la persistencia de El Niño hasta el verano, el Gobierno nacional tiene guardados unos $2,2 billones de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el fondo que existe justamente para asistir a las provincias en emergencias. Unión por la Patria presentó en Diputados un proyecto para liberar la mitad de ese dinero por ley y sacarle al Ejecutivo la llave del reparto.

La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque, Germán Martínez, y del diputado pampeano Ariel Rauschenberger. Propone una asignación “excepcional y única” de $1,1 billones para prevención, respuesta y reconstrucción frente a El Niño 2026-2027 y otras emergencias climáticas. El resto quedaría como reserva del Tesoro para contingencias.

Cómo se repartiría la plata

El 25% se distribuiría en partes iguales entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el 75% según los coeficientes de coparticipación federal vigentes. El proyecto busca “un mecanismo objetivo que permita fortalecer la capacidad de prevención y respuesta del conjunto de los gobiernos provinciales, sin quedar sujeto a decisiones individuales de asignación”.

“Esos 2,2 billones son recursos que por derecho corresponden a las provincias y hoy se encuentran frenados sin uso”, sostuvieron los diputados. El monto surge, según el texto, de estimaciones de septiembre de 2026.

Un fondo que se usa como premio y castigo

Los ATN se integran con el 1% de la masa coparticipable y la ley los reserva para emergencias y desequilibrios financieros de las provincias, pero su distribución queda en manos del Ministerio del Interior. En la práctica, el reparto discrecional se convirtió en una herramienta de negociación política con los gobernadores. Como informó El Argentino el 5 de noviembre, el Gobierno giró apenas $13.500 millones a cuatro provincias y que hasta entonces había repartido solo el 18% del fondo.

La pelea no es nueva. En 2025 los gobernadores impulsaron en el Congreso una ley para distribuir los ATN de manera automática, que Milei vetó. El nuevo proyecto intenta otra vía: una asignación por única vez, atada a la emergencia climática, para sumar apoyos de mandatarios que necesitan fondos para obras hídricas y asistencia.

El Niño, la urgencia que no espera

El texto advierte que los efectos de El Niño ya se ven en Corrientes y Entre Ríos, con crecidas preocupantes del Paraná, y cita a la Organización Meteorológica Mundial, que prevé la máxima intensidad del fenómeno hacia diciembre y su persistencia hasta febrero de 2027. Según el proyecto, el SMN estimó una probabilidad del 100% de que continúe durante el último trimestre de 2026.

El reclamo choca con la lógica fiscal del Gobierno. Según la consultora Analytica, en octubre las transferencias a las provincias cayeron 56,5% real y acumulan un recorte de 61% en el año. Retener los ATN ayuda a sostener el superávit; el costo lo pagan las provincias que deben responder a las inundaciones con recursos propios.

Lo que tenés que saber:

  • Germán Martínez y Ariel Rauschenberger presentaron un proyecto para repartir por ley $1,1 billones de los ATN no distribuidos.
  • El Gobierno acumula unos $2,2 billones de ATN sin repartir, según estimaciones de septiembre citadas en el proyecto.
  • El 25% iría en partes iguales a las provincias y la Ciudad, y el 75% por coeficientes de coparticipación.
  • El fondo se destinaría a prevención, respuesta y reconstrucción frente a El Niño 2026-2027.
  • Hoy el reparto de los ATN depende de la decisión del Ejecutivo y hasta ahora se repartió solo el 18% del fondo.
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