Educación
Chile discute la presencialidad en las aulas a menos de un mes del inicio de las clases
El alcalde comunista de la comuna (barrio) de Recoleta, Daniel Jadue, declaró días atrás que no aplicarán la medida al señalar que “los que deciden son las comunidades educativas y ni con este Gobierno, ni con nuestro Gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición”.
El próximo 2 de marzo comenzará oficialmente un nuevo año escolar en Chile y las clases presenciales serán obligatorias, según lo determinó el Ministerio de Educación, aunque varias autoridades expresaron sus dudas sobre la decisión ante el alza de casos de Covid-19.
El alcalde comunista de la comuna (barrio) de Recoleta, Daniel Jadue, declaró días atrás que no aplicarán la medida al señalar que “los que deciden son las comunidades educativas y ni con este Gobierno, ni con nuestro Gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición”.
En declaraciones a Radio Cooperativa, el dirigente ratificó su postura al decir que “nadie puede obligar o imponer a padres, profesores, ni estudiantes, a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad”.
En respuesta a Jadue, el actual ministro de Educación, Raúl Figueroa, advirtió que este se expone a recibir multas por no respetar la decisión.
“En el evento de que algún sostenedor (administradores de los colegios) tomara la decisión de no abrir su escuela, perjudicando a sus alumnos, tendrá que someterse y se expone a multas. Se inicia un proceso administrativo, se ven las causas de por qué se genera el incumplimiento y puede derivar en multas económicas que se cobran a la municipalidad”, afirmó Figueroa a El Mercurio Online.
Entre tanto, el actual ministro de Salud, Enrique Paris, subrayó la discrepancia entre el jefe comunal y el presidente electo Gabriel Boric, quien ha expresado su apoyo a dar inicio a las clases de forma presencial totalmente, por lo dejó la puerta abierta al diálogo.
La autoridad sanitaria considera necesario “dialogar y discutir, y ver cuáles son las condiciones que quisiera el alcalde Jadue que se cumplieran para poder volver a la presencialidad” frente a la Covid-19″.
Jadue, militante del Partido Comunista (PC), fue el principal contrincante de Boric durante las primarias de mediados de 2021, y posteriormente su partido fue uno de los aliados para alcanzar la presidencia en la segunda vuelta realizada en diciembre.
Otros alcaldes de la Región Metropolitana han expresado sus posturas, en la cual muchos coinciden con aceptar la presencialidad como regla sin descartar pedir una flexibilización de la decisión en caso de que fuese necesario.
El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, afirmó al canal Mega que “la presencialidad es lo óptimo” pero dijo qué si “la situación de la pandemia no mejora, vamos a reunirnos con los alcaldes para dialogar con el Ministerio de Educación y ver si podemos flexibilizar la medida”.
Su par en el barrio de Vitacura, Camila Merino, destacó que el “foco hoy es el regreso a la presencialidad, luego de dos años de clases online o híbridas es urgente ir cerrando las brechas».
La alcaldesa comunista de Santiago Centro, Irací Hassler, aseguró que “todo este proceso va a ser muy dialogado con las comunidades educativas”, al tiempo que informó que en “Santiago nos hemos preparado para la presencialidad”.
El Ministerio de Educación determinó que las clases iniciarán presencialmente sin límites de aforo en los colegios, pese a que sólo en febrero Chile superó los 400.000 casos de Covid-19.
La autoridad educativa explicó que las medidas se consideraron a partir del plan de inmunizaciones, con el cual se proyecta tener al menos “al 94% de todos los alumnos con ambas dosis” de vacunas contra el coronavirus para el 2 de marzo.
“La regla general para este año es que, considerando el amplísimo margen de vacunación, el distanciamiento físico no es una regla exigible dentro de los establecimientos. Por supuesto, los colegios se organizan para velar por el máximo distanciamiento, pero no es una restricción activa”, aclaró Figueroa.
El titular de Educación insistió en que los colegios “son lugares donde se generan ámbitos de protección respecto de la Covid” y que el “objetivo es que la apertura sea continua y que todos los alumnos al mismo tiempo puedan beneficiarse de la presencialidad y esa es la regla que va a primar desde marzo”.
Asimismo, Figueroa apeló por “el uso de la mascarilla y ventilación, y medidas de reacción al momento que se provoca un foco de contagio, cuyo caso en coordinación con la autoridad sanitaria se van tomando medidas”.
DDHH
A 50 años de La Noche de los Lápices: el boleto estudiantil y la Justicia que tardó décadas
Los reclamos que movilizaron a los estudiantes secundarios en 1976 siguen teniendo una dimensión concreta en el presente: acceder a la educación también implica poder llegar a la escuela. Mientras persisten las dificultades para garantizar el boleto estudiantil, la Justicia continúa reconstruyendo los crímenes de la dictadura y recién en 2024 reconoció la violencia sexual sufrida por las adolescentes secuestradas.
El 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, las fuerzas represivas secuestraron en La Plata a diez estudiantes secundarios que militaban por el Boleto Estudiantil Secundario (BES). Cuatro fueron liberados y el resto continúa desaparecido. El episodio quedó en la memoria colectiva como La Noche de los Lápices.
A 50 años de aquellos secuestros, el reclamo por el acceso a la educación conserva una dimensión concreta: el costo y las condiciones para llegar a una escuela. En un contexto de crisis económica y aumento de las tarifas del transporte, los centros de estudiantes advierten sobre las dificultades que existen actualmente para acceder y sostener el boleto estudiantil.
Al mismo tiempo, los juicios por los crímenes de lesa humanidad siguen reconstruyendo aspectos de la violencia ejercida contra aquellos jóvenes. En 2024, casi cinco décadas después de los secuestros, un tribunal de La Plata reconoció judicialmente la violencia sexual utilizada contra las estudiantes.
El boleto estudiantil, una conquista que todavía genera reclamos
La gratuidad del transporte para estudiantes tiene distintas modalidades según la jurisdicción. Sin embargo, los centros de estudiantes señalan que las diferencias entre CABA y la Provincia de Buenos Aires, sumadas a la burocracia y a las restricciones del beneficio, pueden convertirse en obstáculos para quienes necesitan trasladarse diariamente para estudiar.
Uno de los problemas señalados aparece en los estudiantes que viven en el conurbano bonaerense y cursan en la Ciudad. Las líneas nacionales, identificadas entre los números 1 y 199, atraviesan distintas jurisdicciones, pero los sistemas de boleto estudiantil no siempre están articulados.
«Nos ha pasado en varias ocasiones que como preuniversitarios nos inhabilitaron la SUBE y tuvimos que ir a activarla sacando turno. Tengo amigas que viven en PBA y cursan en Capital y no se les concede el boleto estudiantil», explicó «Malu», integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (Cenba).
La dificultad no se limita a un trámite. Cuando el beneficio no alcanza para todo el recorrido, el costo del traslado queda nuevamente a cargo de las familias.
Más de $4.500 diarios para llegar a estudiar
De acuerdo con los valores relevados, el cuadro tarifario bonaerense parte de $1.158,97 para el tramo de 0 a 3 kilómetros y supera los $2.053,54 para recorridos de más de 27 kilómetros.
A esos valores se agregan tramos interurbanos de entre $1.455,58 y $1.746,70, además de combinaciones que pueden quedar fuera de los descuentos.
Según la fuente, un estudiante que viaja desde la Provincia hacia la Capital puede gastar más de $4.500 diarios solamente en transporte.
En ese escenario, la posibilidad de acceder a un boleto gratuito no representa solamente una reducción del gasto familiar, sino una condición que puede incidir en la posibilidad concreta de asistir a clases.
El límite de 50 viajes y los estudiantes que necesitan viajar los sábados
Los centros de estudiantes también cuestionan el límite de 50 viajes mensuales, habilitados para días hábiles.
La cantidad puede resultar insuficiente para quienes deben combinar dos o tres colectivos para llegar a la escuela. También genera dificultades para estudiantes que concurren los sábados a instancias educativas o de evaluación.
Entre los casos de cursada en fin de semana, aparece la Escuela Superior Artística en Artes Visuales «Rogelio Yrurtia», cuyos estudiantes pueden asistir los sábados a los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE).
De esta manera, una restricción pensada sobre la base de una determinada rutina escolar puede no contemplar las distintas modalidades de cursada que existen dentro del sistema educativo.
Cinco faltas injustificadas y la suspensión del beneficio
Otra de las cuestiones señaladas por los estudiantes es la vinculación entre la asistencia escolar y la continuidad del boleto estudiantil en la Ciudad.
Las modificaciones implementadas por el Gobierno porteño establecen un límite de cinco faltas injustificadas por bimestre. Al perderse la regularidad, se suspende el beneficio del transporte y también pueden pausarse determinadas becas.
«El GCBA modifica el acceso y nos limita a 5 faltas injustificadas por bimestre. Al perder la regularidad, pausan el boleto estudiantil y cualquier beca familiar. Esto dificulta el acceso a la educación a familias de clase baja», sostuvo Eli Cochero, vocero del Centro de Estudiantes del Yrurtia (CEBARY).
Quiénes acceden al boleto estudiantil
En CABA, el beneficio alcanza a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario de escuelas estatales y de instituciones privadas subvencionadas al 100%, con cuota cero. También comprende a estudiantes de Educación Especial, Centros de Educación Profesional y personas adultas que completan su escolaridad.
En la Provincia de Buenos Aires, el boleto estudiantil alcanza a los niveles obligatorios de instituciones de gestión pública y privada con aporte estatal. También se extiende al Nivel Terciario y Universitario de instituciones públicas que cumplen con los requisitos de regularidad académica y distancia mínima.
Las condiciones, por lo tanto, no son idénticas en ambas jurisdicciones. Para quienes viven en una y estudian en la otra, esa diferencia puede traducirse en mayores dificultades para sostener el traslado cotidiano.
La otra deuda: reconocer toda la violencia sufrida
La historia de La Noche de los Lápices también continúa abierta en los tribunales.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de las 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas desde 2006 hasta marzo de 2026, solo el 17% reconoció violencia sexual.
En el caso de las estudiantes secuestradas en La Plata, el reconocimiento llegó en 2024, después de tres años y cinco meses de audiencias en el juicio Brigadas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata declaró culpables a los diez represores que llegaron a juicio por delitos cometidos contra 605 personas, entre ellos por «abuso sexual con acceso carnal».
La sentencia permitió incorporar judicialmente una dimensión de la violencia represiva que durante décadas permaneció fuera de las condenas.
Los testimonios que permitieron reconstruir los abusos
Uno de los testimonios centrales fue el de Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices.
Durante el Juicio a las Juntas de 1985, Díaz declaró que había visto cómo guardias manoseaban a María Clara Ciocchini, de 18 años, en el Pozo de Banfield. También relató que María Claudia Falcone, de 16 años, le había contado que había sido violada.
Ambas permanecen desaparecidas. Décadas después, los hechos fueron reconocidos en el juicio Brigadas.
Por qué la violencia sexual tardó décadas en llegar a las condenas
La fiscal Ana Oberlin explicó que uno de los obstáculos estuvo relacionado con la etapa de instrucción de las causas.
Cuando la violencia sexual no era incorporada durante la investigación inicial, su inclusión en el juicio oral podía resultar difícil. En La Plata, explicó Oberlin, comenzó a admitirse una ampliación durante el debate cuando la víctima ya llegaba al juicio por otros delitos, como tormentos u homicidios.
«Antes, esos delitos, como no habían sido imputados en la etapa de la instrucción, cuando se llegaba al juicio oral no se los podía incluir. Pero en La Plata, ya desde hace un tiempo, cuando el caso de la persona violada o abusada llegó a juicio oral por tormentos, homicidios u otros delitos se hace una ampliación en el debate oral, se acepta y logramos que se condene», explicó la fiscal.
El fallo Martel y la perspectiva de género
Otro antecedente señalado por la fiscal fue el fallo «Martel, Osvaldo Benito y otros», de 2022, de la Corte Suprema.
La discusión judicial durante años estuvo relacionada con la posibilidad de responsabilizar penalmente no solo a quienes ejecutaban directamente la violencia sexual, sino también a quienes realizaban otros aportes a la comisión del delito.
La Corte estableció que no era necesaria la intervención directa para considerar la participación en esos hechos.
Además, los jueces sostuvieron que el Estado argentino tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y señalaron la necesidad de juzgar estos hechos con perspectiva de género, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en la Convención de Belém do Pará.
A 50 años, una lucha que sigue presente
La Noche de los Lápices quedó asociada para siempre a una generación de estudiantes que reclamaba algo tan concreto como poder trasladarse hasta la escuela sin que el costo del boleto fuera una barrera.
Medio siglo después, ese derecho continúa atravesado por las condiciones económicas, las diferencias entre jurisdicciones, los límites de viajes y los requisitos de regularidad.
En paralelo, la Justicia todavía avanza sobre aspectos de aquellos crímenes que durante décadas no fueron reconocidos en las sentencias. La incorporación de la violencia sexual a las condenas permitió ampliar la reconstrucción de lo ocurrido con las estudiantes secuestradas.
El reclamo por el boleto estudiantil y la búsqueda de verdad y justicia forman parte, desde distintas dimensiones, de una misma memoria: la de una generación de jóvenes que convirtió el derecho a estudiar en una bandera y que fue perseguida por hacerlo.
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