El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves 13 de agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026: 2,1% mensual, dos décimas por encima del 1,9% registrado en junio. Con este resultado, el acumulado del año alcanzó el 19,3% y la variación interanual se mantuvo en torno al 33%, un nivel que el Gobierno libertario evita confrontar con sus propias promesas de campaña.

Un freno en el sendero de desaceleración

Junio había sido presentado por el oficialismo como una señal de consolidación del proceso desinflacionario: el 1,9% mensual fue el registro más bajo desde agosto de 2025 y el primero en perforar el piso del 2% en casi un año. Julio interrumpió ese sendero. El IPC volvió a trepar por encima de ese umbral, al compás de una serie de factores estacionales y estructurales que el discurso oficial omite sistemáticamente al trazar su narrativa de «éxito».

Las vacaciones de invierno presionaron con fuerza sobre rubros vinculados al turismo, el alojamiento y la recreación. Los precios estacionales y los servicios regulados también traccionaron al alza, en una dinámica que distintas consultoras privadas habían anticipado en sus relevamientos semanales. La resistencia del índice a ceder por debajo del 2% mensual no es una anomalía circunstancial: es la expresión de una inflación estructural que el ajuste fiscal no resolvió y que el bolsillo de los trabajadores sigue absorbiendo mes a mes.

Alimentos, regulados y turismo: los rubros que empujaron

Según los relevamientos privados previos al dato oficial, los rubros que traccionaron la suba de julio fueron principalmente Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Educación y Vivienda, todos impulsados por el efecto vacacional de invierno. En ese marco, los pasajes aéreos, los paquetes turísticos y el alojamiento registraron incrementos muy por encima del promedio general.

Los bienes y servicios regulados también presionaron al alza, sosteniendo la inercia tarifaria que el Gobierno ejecutó desde diciembre de 2023 bajo el rótulo de «corrección de precios relativos»: desde entonces, el transporte acumuló cerca de un 900% de aumento y el gas superó el 700%, según datos del IIEP (UBA-CONICET). Alimentos y bebidas, en cambio, subió por debajo del promedio general, favorecido por una baja en las frutas y la estacionalidad de algunos productos frescos.

19,3% acumulado: la canasta que nadie sostiene

Con el dato de julio, los precios acumulan un 19,3% de aumento en lo que va de 2026, sobre una base ya erosionada por los saltos del año anterior. La variación interanual supera el 33%, un número que convive con salarios que, en muchos sectores, no lograron recuperar el terreno perdido desde la devaluación de diciembre de 2023.

La Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cuyos valores el INDEC actualiza junto al IPC, reflejan el peso concreto de esta inflación sobre los hogares de menores ingresos: las familias que dependen de salarios mínimos o haberes jubilatorios son las que destinan una proporción mayor de su ingreso a bienes de consumo básico, los mismos que más tardaron en desacelerar y que cualquier shock externo vuelve a empujar hacia arriba.

El contexto que el Gobierno no menciona

Javier Milei prometió durante la campaña una dolarización inmediata y el fin de la inflación. Dos años y ocho meses después, la variación mensual sigue por encima del 2% y el acumulado desde diciembre de 2023 supera el 180%, según datos del propio INDEC. La narrativa oficial insiste en comparar el índice actual con los picos de 2024, cuando en febrero de ese año el IPC llegó al 13,2% mensual. Pero esa comparación omite que la aceleración inicial fue, en gran medida, consecuencia de las propias políticas del Ejecutivo: la devaluación de shock del 118% en diciembre de 2023 y el tarifazo que siguió.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba para julio un 2% y anticipaba una desaceleración hacia el 1,8% para agosto y los meses siguientes. El 2,1% oficial supera ese consenso y pone bajo presión las proyecciones de cierre de año, que las consultoras ubican en torno al 30% anual, un número que el Gobierno juzga como «éxito» pero que equivale, en la práctica, a que los precios se tripliquen en tres años.