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Educación

Vuelve Conectar Igualdad para revertir la deserción escolar

El Gobierno relanzó la iniciativa que prevé otorgar computadoras a estudiantes y docentes de todo el país y regresó el programa a la órbita del Ministerio de Educación.

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El Gobierno oficializó hoy su decisión de reimpulsar el Programa Conectar Igualdad, una iniciativa implementada en 2010 durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para distribuir netbooks a alumnos y docentes de las escuelas públicas que fue discontinuada durante la administración de Mauricio Macri y que ahora apunta a revertir la deserción escolar.

Tras la experiencia que dejó el coronavirus y las limitaciones que impuso la pandemia, las autoridades nacionales apuestan a dotar de «recursos tecnológicos» a la comunidad educativa de secundarias públicas, escuelas de educación especial e institutos de Formación Docente y acordar luego con el resto de los niveles educativos, por provincia.

El relanzamiento del Programa, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación, fue publicado hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 11/2022, y lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y del titular de la cartera educativa, Jaime Perczyk.

La idea es recuperar el espíritu y los objetivos establecidos por el «Programa Conectar Igualdad.com.ar», implementado en 2010, que alcanzó la entrega de 5.320.000 computadoras a estudiantes y docentes de todo el país y que, de no haber sido desactivado, hubiera provisto de mayores recursos a la comunidad educativa durante el aislamiento por la Covid-19.

De este modo, el Gobierno derogó en la disposición publicada hoy los decretos 1239/16 y 386/18, firmados por Macri, que rebautizó el programa como «Plan Aprender Conectados» y lo sacó de la órbita de la Anses para ponerlo bajo Educ.ar, la sociedad del Estado del Ministerio de Educación de la Nación.

El Programa establece que la asignación de recursos tecnológicos se realizará mediante la entrega de «una computadora» a «cada estudiante y a cada docente para las escuelas de educación secundaria y de educación especial de gestión estatal».

Asimismo, determina la entrega de ese recurso tecnológico «para el resto de los niveles educativos de acuerdo con los criterios que entienda conveniente la Autoridad de Aplicación», que será el Ministerio de Educación. La cartera educativa, en tanto, está facultada para promover acuerdos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «para el adecuado cumplimiento de los objetivos» del Programa.

El articulado del decreto dispone que el Programa Conectar Igualdad se financiará «con las partidas que anualmente asigne la Ley de Presupuesto General, con fondos provenientes del Tesoro Nacional». En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que a raíz de la pandemia la presencialidad escolar se vio altamente impactada, además de que muchos alumnos carecían de «los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar su escolarización».

En esa línea, manifestó que esa situación excepcional «demostró que resulta necesario repensar y revertir la entrega de equipamiento tecnológico centrada únicamente en las instituciones educativas» y «procurar proporcionar a las y los estudiantes de todo el país estos recursos indispensables para el desarrollo de su escolarización».

Durante la presidencia de Fernández de Kirchner, Conectar Igualdad proveyó cursos a los beneficiarios del programa para la elaboración de propuestas educativas, pero con la llegada de Cambiemos se redujo la entrega anual de computadoras y se suspendieron esas capacitaciones, según voceros del área.

Incluso, durante la anterior gestión del exministro de Educación Nicolás Trotta fueron halladas en un depósito del Correo Argentino unas 6.500 computadoras que habían sido abandonadas por la administración de Macri y que luego, en el inicio de la pandemia, fueron recuperadas y entregadas a la responsable del área porteña, Soledad Acuña, para que ésta a su vez las repartiera entre los estudiantes de los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires que no habían podido continuar su vínculo con la escuela por la pandemia.

La decisión de activar nuevamente el Conectar Igualdad había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández al comienzo de su gestión y a lo largo del 2021 fueron licitadas compras de computadoras. El relanzamiento de esta política fue celebrada hoy por la diputada nacional del Frente de Todos y referente del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter que «Vuelve el Conectar Igualdad».

«Gracias a esta política, durante el gobierno de Cristina muchos pibes y pibas accedieron por primera vez a una computadora», destacó y manifestó: «En muchos casos, como el mío, fue la primera computadora de toda la familia».

También, la legisladora provincial de Santa Fe Lucila De Ponti (FdT) expresó en la misma red social que se trata de una «excelente y necesaria decisión». La legisladora preguntó en su tuit :»¿cuántos pibxs hubieran estado más protegidos y mejor preparados para enfrentar el ingreso forzoso a la virtualidad educativa durante la pandemia si el gobierno de Cambiemos no hubiera discontinuado el programa?».

Educación

Universidades contra Milei: llega a la Corte el petitorio de un millón de firmas

Familias, docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Salta lanzarán un petitorio nacional ante la Corte Suprema. La campaña apunta a reunir un millón de firmas para exigir la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.

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La comunidad educativa le habla a la Corte: un millón de firmas contra el bloqueo de Milei a la ley universitaria.

Familias autoconvocadas, docentes, no docentes y centros de estudiantes de los principales colegios preuniversitarios del país lanzarán este viernes un petitorio nacional dirigido a la Corte Suprema para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al recurso interpuesto por el Gobierno de Javier Milei para frenarla.

La iniciativa, que aspira a reunir un millón de firmas en todo el territorio nacional, fue impulsada por representantes de algunas de las comunidades educativas más emblemáticas del sistema universitario argentino, en un contexto en que el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas sigue sin resolverse y con la pelota en la cancha de la Corte.

El petitorio y sus impulsores

El anuncio formal se realizará en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en Avenida Callao 569, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria incluye una conferencia de prensa en formato mixto, presencial y remota.

Entre las instituciones que encabezan la presentación se encuentran representantes de familias y centros de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba, y del Jardín y Escuela Graduada Joaquín V. González de La Plata, entre otras instituciones de distintos puntos del país.

La acción busca garantizar además la recomposición del salario docente, duramente golpeado por el ajuste libertario desde diciembre de 2023.

La Corte, árbitro de una pulseada que el Gobierno quiso ganar en los tribunales

El petitorio llega en un momento de alta tensión institucional. El Gobierno de Javier Milei interpuso un recurso ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplio respaldo multipartidario. La medida fue calificada por las organizaciones universitarias como un avasallamiento a la voluntad legislativa.

En un comunicado conjunto, los organizadores subrayaron la gravedad institucional del momento: «De la decisión que tome la Corte Suprema dependen nuestros colegios, jardines de primera infancia, hospitales de clínicas universitarios, investigadores del CONICET y facultades en todo el país.»

Campaña federal y convocatoria abierta

La organización aclaró que el petitorio no se circunscribirá a la comunidad preuniversitaria: apunta a convertirse en una «campaña masiva de recolección de firmas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional», con mesas callejeras de votación en las 23 provincias.

«Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad, la independencia de los poderes y se aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso», expresaron desde la organización en un comunicado.

Los convocantes extendieron la invitación a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil en general para sumarse a las mesas de recolección de firmas, y llamaron a los medios de comunicación a cubrir la conferencia de prensa donde se brindarán los detalles logísticos y los pasos legales a seguir ante el máximo tribunal.

Antecedentes: un conflicto que no cierra

El conflicto universitario arrastra más de dos años de tensión desde que la gestión Milei aplicó un congelamiento presupuestario que golpeó transferencias, salarios y programas de investigación. Las universidades nacionales perdieron cerca de un 45% de poder adquisitivo en sus transferencias desde el Estado, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El sistema docente acumuló una pérdida real de más de siete salarios desde diciembre de 2023, de acuerdo a estimaciones de las federaciones gremiales del sector.

A esa sangría se sumaron los sucesivos recursos judiciales del Ejecutivo para bloquear la aplicación de la ley de financiamiento, lo que motivó cuatro marchas federales universitarias y múltiples pronunciamientos del CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la CGT y las dos CTA. La Corte Suprema tiene ahora en sus manos la definición de un conflicto que el Gobierno eligió judicializar antes que resolver por la vía del diálogo.

Puntos clave:

  • Familias, docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Salta lanzarán un petitorio nacional ante la Corte Suprema.
  • La campaña apunta a reunir un millón de firmas para exigir la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
  • El Gobierno de Milei interpuso un recurso judicial para frenar la normativa aprobada por el Congreso.
  • Los organizadores advierten que el fallo de la Corte impactará en colegios, jardines, hospitales universitarios y el CONICET.
  • Los convocantes invitan a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil a sumarse a las mesas callejeras de firma.
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