CABA
Denuncian el cierre de un colegio porteño al que asisten estudiantes con discapacidad
A pocas semanas de iniciar el ciclo lectivo, un grupo de padres y madres se congregó esta martes en la puerta del colegio y fueron atendidos por dos responsables de la institución, quienes confirmaron la decisión adoptada. Ahora se enfrentan a las dificultades de conseguir vacantes en otras escuelas.
La comunidad del colegio Nuevo Horizonte, del barrio porteño de San Cristóbal donde concurren alumnos y alumnas con discapacidad bajo la modalidad de inclusión educativa, denunció este martes el cierre de la institución a poco del inicio del ciclo lectivo, por lo que pidió la intervención del Ministerio de Educación local debido a las dificultades para conseguir vacante en otras escuelas.
La situación contempla al centro educativo de gestión privada situado en Matheu 1472 -donde asisten unos 450 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario -cuyas familias recibieron ayer la notificación telefónica por parte de las autoridades escolares del cierre del lugar desde el 1 de marzo.
Tras la comunicación, el grupo de padres y madres se congregó esta mañana en la puerta del colegio, donde fueron atendidos por dos responsables de la institución que confirmaron la decisión adoptada y estuvieron a cargo de realizar la devolución del dinero abonado por las familias a fines del 2022 en concepto de matrícula.
Además, colocaron una nota en el acceso, que lleva la firma de la representante legal Beatriz Montes de Oca, en la cual lamentaron «profundamente las implicancias que tamaña decisión importe en toda la comunidad educativa. Decisión triste y dolorosa para nosotros también».
«Durante los últimos años varios factores repercutieron: la situación económica del país, los incrementos salariales docentes y no docentes, la decreciente matriculación en todos los niveles educativos y las consecuencias económicas de la pandemia», mencionan como causales del cierre.
Paula Rossi, mamá de una alumna de segundo grado con discapacidad, contó que «de un día para otro dejan a los chicos sin escolaridad por una interna familiar» de los propietarios del centro educativo.
«Estamos en estado de shock porque tenemos que salir a buscar una vacante a pocos días del inicio de clases en otras escuelas y no estamos encontrando», explicó y señaló que las familias «más perjudicadas» son las de los estudiantes con discapacidad, por lo que solicitó la «intervención de la ministra» Soledad Acuña en el tema.
La mujer, que es sostén de familia, pidió también a las autoridades de las escuelas de la zona «empatía» frente a la situación que atraviesan por el cierre del centro educativo y resaltó la labor «educativa y de contención» que existía en colegio de parte de los docentes.
«Es un grupo humano excelente que queda en la calle», lamentó.
CABA
Rematan otra joya del patrimonio público en Caballito tras un primer intento fallido
El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos. En tanto, el precio mínimo de venta o valor base se estableció en 368,05 millones de pesos. La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.
El Gobierno nacional insistió en su política de desfinanciamiento y desguace del patrimonio público al autorizar un nuevo llamado a subasta para desprenderse de un valioso inmueble estatal en el barrio porteño de Caballito. A través de la Resolución 89/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), las autoridades avanzaron con la privatización encubierta de esta propiedad; todo esto luego de que el primer intento de remate quedara completamente desierto por la falta de papeles de la única oferente.
El inmueble en cuestión, ubicado en la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, cuenta con una superficie de 210 metros cuadrados y se encuentra identificado catastralmente como Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 184, Parcela 6. El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que su valor venal es de 433 millones de pesos (una cifra equivalente a 306.007 dólares según la cotización oficial de 1.415 pesos por dólar al 30 de abril de 2026), mientras que el valor base de subasta se fijó en apenas 368,05 millones de pesos (unos 260.160 dólares), lo que representa una clara rebaja para facilitar la entrega de los recursos de todos los argentinos.
Un proceso flojo de papeles
La normativa de la AABE declaró desierto el llamado previo (identificado como Subasta Pública 392-0093-SPU25) e instruyó la apertura inmediata de un nuevo expediente bajo el número 392-0036-SPU26. En aquella primera convocatoria, realizada en febrero de 2026, la única persona que se inscribió (Victoria Celia Laguia Rugna) fue declarada inadmisible por no dar cumplimiento a los requisitos administrativos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La urgencia oficial por hacer caja con la infraestructura del país quedó en evidencia al relanzar el proceso bajo el mismo procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificando apenas el pliego de bases y condiciones. Según el texto oficial, los fondos que se recauden por la venta (deducidos los gastos del proceso) se afectarán según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1.382/12, el marco de gestión de bienes inmuebles del Estado que regula la distribución de estos recursos entre el Tesoro Nacional y los organismos que originalmente los cedieron. El cronograma definitivo de inscripción y la fecha exacta del acto de remate se publicará en las próximas semanas en el sistema de gestión electrónico COMPR.AR.
Puntos clave
- La AABE autorizó un nuevo llamado a subasta pública para la venta de un inmueble estatal en Caballito.
- El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos.
- El precio mínimo de venta o valor base de la subasta se estableció en 368,05 millones de pesos.
- La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.
- Los fondos obtenidos serán distribuidos entre el Tesoro Nacional y los organismos cedentes según el Decreto 1.382/12.
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