Denuncia
Las acreedoras de la hipoteca de Adorni dicen que no lo conocen: el depto de Caballito bajo la lupa judicial
Las dos mujeres que figuran en el Registro de la Propiedad como prestamistas de US$200.000 para la compra de un departamento en Caballito negaron conocer al jefe de Gabinete. La operación, inscripta el 18 de noviembre de 2025, catorce días después de su designación, financia casi el 90% del valor del inmueble con una hipoteca privada entre particulares.
★ Dos mujeres que figuran en el Registro de la Propiedad Inmueble como acreedoras de la hipoteca utilizada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni para comprar un departamento en el barrio porteño de Caballito negaron conocerlo cuando fueron consultadas por la prensa. Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, cuyos nombres aparecen en la documentación registral como prestamistas del 50% cada una de una hipoteca no bancaria por US$200.000, suscripta en el mismo acto de la compraventa.
La revelación sumó un nuevo capítulo al expediente patrimonial del funcionario que, desde el 9 de marzo, acumula tres causas penales simultáneas en Comodoro Py y no respondió con documentación verificable ninguna de las preguntas institucionales abiertas por la Justicia y el Congreso.
La operación: 199 metros cuadrados y una hipoteca no bancaria por casi el 90% del valor
Según la documentación difundida, la compraventa fue firmada el 18 de noviembre de 2025 y quedó inscripta por US$230.000. El inmueble es una unidad de 199,97 metros cuadrados con cochera ubicada sobre la calle Miró al 500, una de las zonas más cotizadas del barrio de Caballito. En el mismo acto, se asentó una hipoteca no bancaria por US$200.000 a favor de Viegas y Sbabo como acreedoras, lo que implica que habrían financiado casi el 90% del valor total del inmueble.
La fecha de la operación tiene una precisión política relevante: se concretó catorce días después de que Adorni fuera designado jefe de Gabinete de la Nación, el cargo más alto de la administración por debajo de la Presidencia. Viegas y Sbabo, según surge del material de base, habrían comprado ese mismo departamento en abril de 2025, es decir, apenas siete meses antes de vendérselo a Adorni y su esposa Bettina Angeletti.
La modalidad de financiamiento es la que concentra los interrogantes judiciales: una hipoteca no bancaria otorgada por las propias vendedoras del inmueble, por un monto que representa casi la totalidad del precio de compra, a favor del jefe de Gabinete del Estado nacional. La Justicia federal tiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que incluye este movimiento inmobiliario entre sus focos de análisis.
«No lo conozco»: la respuesta de las acreedoras
El dato más llamativo de esta jornada es la reacción de las dos mujeres al ser consultadas por la prensa. Tanto Viegas como Sbabo negaron conocer a Adorni, según el material de base de esta nota. La negación no implica por sí sola una irregularidad: en operaciones hipotecarias privadas es posible que las partes no tengan relación personal previa y actúen a través de intermediarios. Sin embargo, la coincidencia entre el desconocimiento declarado por las acreedoras y la magnitud del financiamiento que sus nombres respaldan en el registro oficial instala una pregunta que la Justicia deberá responder: cómo se articuló una operación de US$200.000 entre personas que, según ellas mismas, no se conocen.
Esa pregunta no fue respondida por Adorni al cierre de esta edición. La semana pasada, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario sostuvo que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tenía «nada que esconder», pero eludió dar precisiones sobre compras recientes y movimientos patrimoniales bajo la lupa pública. Ante las consultas periodísticas respondió: «Vos no sos juez. No tengo por qué darte explicaciones» y «yo hago lo que quiero con mi dinero ganado legítimamente».
Tercer movimiento inmobiliario en el radar judicial
La compra del departamento en Caballito es el tercer movimiento inmobiliario de la familia Adorni que quedó bajo análisis. En noviembre de 2024, un año antes, Bettina Angeletti adquirió una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que no habría sido declarada en tiempo y forma, según reportes periodísticos que dieron origen a una de las tres causas abiertas en Comodoro Py.
Las otras dos causas en trámite refieren al uso del ARG-01 para trasladar a Angeletti en la comitiva oficial a Nueva York, episodio que este medio cubrió en detalle desde el domingo 9 de marzo, y al vuelo privado a Punta del Este durante el Carnaval, cuya investigación avanzó la semana pasada con la declaración ante el juez Ariel Lijo del piloto y broker Agustín Issin Hansen, a quien le facturaron el vuelo de regreso, y con el allanamiento de la empresa Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando por orden del mismo magistrado.
A ese cuadro se agrega la denuncia de la diputada Marcela Pagano ante el Juzgado Federal N°11 por los contratos de la consultora +BE de Angeletti con empresas vinculadas al Estado, incluyendo el presunto circuito triangular entre YPF, la naviera National Shipping y la firma de coaching. Y los datos del Banco Central (BCRA) que este medio publicó: el stock de deuda financiera de Adorni en enero de 2026 superó los 9.350.000 pesos, casi el triple de su salario mensual de aproximadamente 3.500.000 pesos.
El Gobierno mantiene el respaldo pero admite el costo
Desde el entorno del jefe de Gabinete, fuentes oficiales sostuvieron que no existe irregularidad alguna y que toda la documentación está a disposición de la Justicia. «Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria», declaró una fuente cercana al caso, según consta en el material de base. La afirmación de que la situación «ya no es tema» resulta difícil de sostener en el mismo día en que aparecen públicamente las acreedoras de una hipoteca por US$200.000 que niegan conocer al funcionario que la suscribió.
La diputada Pagano, por su parte, sostuvo el domingo en Splendid AM 990 que Adorni «utilizó al Estado para un ascenso social» y que algunos dirigentes «utilizan su lugar de poder en el Ejecutivo o en la función pública para incrementar su situación económica». Las declaraciones de Pagano no constituyen prueba judicial, pero describen con precisión el cuadro que la Justicia tiene a cargo evaluar.
Puntos clave:
- Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que figuran como acreedoras de una hipoteca privada de US$200.000 para la compra del departamento de Adorni en Caballito, negaron conocer al jefe de Gabinete cuando fueron consultadas por la prensa.
- La operación fue inscripta el 18 de noviembre de 2025, catorce días después de la designación de Adorni como jefe de Gabinete, por un total de US$230.000; la hipoteca representa casi el 90% del valor del inmueble.
- El departamento de 199,97 metros cuadrados con cochera está ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito; las vendedoras habían adquirido la misma propiedad en abril de 2025.
- La operación inmobiliaria forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que la Justicia federal mantiene abierta como uno de los tres frentes judiciales que Adorni enfrenta en Comodoro Py.
- Adorni sostuvo en conferencia de prensa que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tiene «nada que esconder», pero eludió precisiones sobre la compra y la estructura de financiamiento.
Consumo
Más de 7 millones de argentinos podrían recuperar plata que Mercado Pago cobró de más con tasas excesivas
Una demanda colectiva que tramita en el Juzgado N° 24 de Buenos Aires apunta al gigante fintech por el cobro de intereses que superarían el 1300% anual. Si la justicia falla a favor de los consumidores, la restitución podría alcanzar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
Tasas de interés que superan el 1300% anual, pagadas por millones de argentinos que recurrieron a la plataforma para financiar gastos cotidianos. Eso es lo que denuncia la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) en una demanda colectiva contra Mercado Pago que ya tiene expediente abierto en la justicia porteña y que podría derivar en la mayor restitución de fondos en la historia del sistema fintech local.
La acción judicial fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita ante el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad midió las tasas aplicadas por la empresa en sus productos de financiamiento y concluyó que los porcentajes cobrados exceden ampliamente cualquier parámetro razonable, alcanzando niveles que la organización califica como desproporcionados y contrarios a los derechos del consumidor.
Del préstamo individual a la acción colectiva
Aunque el expediente se originó a partir de dos presentaciones individuales, la estrategia jurídica de ACFRA apunta a convertir la causa en un proceso de alcance colectivo. La pretensión central es que el tribunal analice los montos cobrados durante los últimos tres años y ordene la devolución de las sumas que hubieran sido percibidas de forma indebida. Si la justicia hace lugar al planteo, la resolución podría beneficiar a aproximadamente siete millones de usuarios que se encuentran en idéntica situación.
Espasandín explicó en el streaming Contra Ataque que muchos de esos clientes recurrieron al financiamiento de la plataforma para resolver urgencias económicas concretas, necesidades puntuales para llegar a fin de mes, y terminaron atrapados en una espiral de costos financieros que los alejó aún más de cualquier posibilidad de recuperación. El modelo de negocio que se cuestiona no es una anomalía técnica, sino una práctica sistemática dirigida precisamente a los sectores con menor capacidad de negociación y mayor vulnerabilidad económica.
El contexto: desregulación y fintech sin techo
La denuncia no surge en el vacío. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el gobierno nacional avanzó en la desregulación del sistema financiero bajo el argumento de la «libertad de mercado», eliminando o flexibilizando topes a las tasas de interés que operaban como límite para los prestadores no bancarios. En ese marco, las plataformas fintech expandieron su oferta de crédito hacia sectores de la población que no acceden al sistema bancario tradicional, muchas veces cobrando tasas que ningún banco habilitado podría aplicar sin enfrentar una sanción del Banco Central.
La paradoja es elocuente: la desregulación que se presentó como una herramienta de inclusión financiera terminó generando las condiciones para que los sectores más excluidos paguen los intereses más altos. Lo que en la Argentina de la economía popular se llama «préstamo de agiotista» ahora tiene aplicación, billetera virtual y cuotas automáticas.
El peso de la prueba y lo que viene
La demanda de ACFRA plantea un desafío técnico y político de envergadura. Por un lado, deberá demostrar ante el juzgado que las tasas cobradas configuran una práctica abusiva en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial, que prohíben las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones y las que implican una ventaja desproporcionada para una de las partes. Por otro, cualquier fallo favorable implicará que el tribunal determine la forma en que se liquidará la deuda hacia millones de usuarios, un proceso de enorme complejidad operativa y financiera para la empresa.
Hasta el momento, Mercado Pago no realizó declaraciones públicas sobre el expediente. La causa continúa en etapa de sustanciación.
Puntos clave
- La demanda colectiva contra Mercado Pago tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
- ACFRA denuncia tasas de interés que superan el 1300% anual en productos de financiamiento de la plataforma.
- La acción apunta a la revisión de los cobros de los últimos tres años y la devolución de sumas percibidas de forma indebida.
- Un fallo favorable podría beneficiar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
- La causa se enmarca en el proceso de desregulación financiera impulsado por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023.
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