La causa que buscaba determinar si el préstamo del FMI de 2018 sirvió para sostener la fuga de divisas quedó definitivamente archivada. Después de cinco años de investigación, la Justicia dio por cerrado un expediente que nunca llegó a una indagatoria y que tenía entre sus imputados a dos de los ministros más importantes del Gobierno actual.

La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal y dejó firme el archivo de la causa por el acuerdo de más de US$ 57.000 millones firmado en 2018. La investigación alcanzaba al ex presidente Mauricio Macri, al actual ministro de Economía Luis Caputo, al actual ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y a otros ex funcionarios.

El fiscal general que bajó la persecución

En el fallo, los jueces citaron al fiscal general ante Casación, Raúl Omar Pleé, quien desistió de habilitar una revisión del caso. Según su dictamen, las hipótesis del fiscal de instrucción no se corresponden con inferencias lógicas de las constancias de la causa ni se sustentaron en medidas de prueba concretas.

Pleé fue más lejos: sostuvo que luego de cinco años no se pudo fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de la acusación es «el desacuerdo con un modelo económico determinado». Y agregó que no se indicó una infracción concreta en la aplicación de los fondos, sino «un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino».

Del archivo de febrero a la puerta cerrada en Casación

El expediente había sido archivado en febrero de este año por el Juzgado Federal N°5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, que según los fundamentos conocidos consideró que el acuerdo fue una decisión política no judicializable. El fiscal federal Franco Picardi apeló con un duro escrito y, en ese mismo momento, el Gobierno de Javier Milei ordenó a la Procuración del Tesoro dejar de ser querellante en la causa, un rol que permitía acceder al expediente, proponer pruebas y apelar.

El 4 de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el archivo, pese a que el fiscal general José Agüero Iturbe había pedido reabrir la investigación para dilucidar quiénes fueron los posibles beneficiarios de un accionar delictivo en perjuicio del Estado. La fiscalía llevó entonces el planteo a Casación, donde la discusión terminó de cerrarse esta semana.

Lo que se investigaba y lo que dijo el propio FMI

La causa tramitaba por presunta defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos. Picardi sostuvo en su dictamen que las divisas recibidas del Fondo se destinaron en gran medida a la salida de capitales especulativos.

Esa sospecha no surgió de la nada: el propio FMI admitió, en su revisión del programa, que parte de los casi US$ 45.000 millones efectivamente desembolsados financió la fuga de capitales. A su vez, el propio Macri dijo públicamente que los fondos del Fondo se usaron para pagar a bancos comerciales que temían el regreso del kirchnerismo.

Un cierre que protege a los que hoy gobiernan la economía

El archivo beneficia a quienes diseñaron la toma de deuda y hoy conducen la política económica. Caputo y Sturzenegger, imputados por aquel acuerdo, son hoy los principales ejecutores del programa con el organismo que el Gobierno de Milei volvió a firmar: en abril de 2025 se pactó un nuevo Servicio Ampliado por US$ 20.000 millones, según detalló el Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas vinculados al movimiento sindical.

Con la decisión de Casación, la pregunta central que planteó la fiscalía, qué se hizo con el dinero del préstamo y en manos de quién terminó, queda sin respuesta judicial.

Lo que tenés que saber:

• La Sala 4 de Casación (Carbajo, Hornos y Borinsky) dejó firme el archivo de la causa por el préstamo del FMI de 2018.
• El fiscal general Raúl Pleé sostuvo que no hay hipótesis delictiva concreta tras cinco años de investigación.
• La causa investigaba a Macri, Caputo, Sturzenegger, Dujovne y otros ex funcionarios.
• Capuchetti había archivado el expediente en febrero y la Sala I de la Cámara Federal lo confirmó el 4 de septiembre.
• El Gobierno ordenó a la Procuración del Tesoro dejar de ser querellante tras el primer archivo.