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Tensión en LLA: diputada Arrieta enfrenta expulsión por escándalo con represores

La diputada mendocina publicó chats que probarían su conocimiento previo del plan y participó en la polémica visita al penal de Ezeiza.

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En medio de una crisis interna, el partido La Libertad Avanza (LLA) concretará mañana la expulsión de la diputada nacional Lourdes Arrieta en una reunión de bloque, tras haber revelado un plan coordinado por un grupo de legisladores libertarios junto al sacerdote pro-dictadura Javier Ravasi y abogados procesistas para liberar o reducir las penas a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

La revelación de Arrieta y su impacto

La diputada mendocina participó de la visita al penal de Ezeiza y aseguró que no conocía de antemano el verdadero propósito de la actividad. Sin embargo, se descubrió que también formaba parte del grupo de WhatsApp en el que se compartió un borrador de proyecto de ley para beneficiar a militares presos y donde se organizó la visita al penal. Arrieta hizo públicas capturas de pantalla de estos chats, lo que probaría que estaba al tanto del plan antes de participar.

El cónclave del bloque se llevará a cabo a las 20:30 de este martes, y aunque la decisión final se comunicará al finalizar el día, la suerte de Arrieta ya parece decidida. «Game over» para ella en el bloque que preside Gabriel Bornoroni.

Defensa de Arrieta y reacciones internas

En declaraciones a Radio Con Vos, Arrieta se defendió: «Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto». Además, afirmó que no piensa renunciar a su banca y que, si es expulsada, se irá «con la cabeza en alto sabiendo que dijo la verdad».

Arrieta deberá decidir si completará su mandato en un monobloque o si se unirá a la bancada del MID, liderada por Oscar Zago, con quien ha fortalecido su vínculo desde que estalló el escándalo.

Escándalo y conflicto en el bloque

El miércoles pasado, después de una sesión especial en la que el oficialismo sufrió un revés político, un grupo de diputados libertarios increpó a Arrieta por denunciar penalmente a miembros de su bloque y seguir alimentando un tema que LLA quería cerrar. Este episodio exacerbó la tensión, y Arrieta reaccionó airadamente contra Martín Menem, presidente de la Cámara baja, acusándolo de no defenderla y de ser responsable del conflicto. Este estallido quedó registrado en un audio que se filtró en las redes sociales.

Bonacci en el ojo de la tormenta

Otra diputada en conflicto es Rocío Bonacci, quien también visitó el penal y defendió a Arrieta en los medios, afirmando que fue «engañada». No obstante, Bonacci no será expulsada ya que no judicializó el tema y redujo el tono de sus acusaciones.

En sus declaraciones, Bonacci narró cómo se enteró del propósito real de la visita al penal y criticó la facilidad con la que se llevó a cabo. A diferencia de Arrieta, Bonacci no aparece en la foto junto a los represores y sugirió que Menem estaba al tanto del objetivo de la visita.

Bullrich y las acusaciones

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue señalada por Bonacci por facilitar el encuentro, pero desmintió esta acusación y defendió al director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. Bullrich afirmó que «es falso de toda falsedad» y que se enteró de la visita «por los diarios».

Gremiales

Marcha Federal por la Salud: trabajadores, gremios y organizaciones le dicen basta a Milei

Bajo el lema «La salud no puede esperar», la movilización central partió desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. El presupuesto del área cayó un 40% desde que asumió Javier Milei y el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.

Remediar sin remedios, PAMI sin presupuesto: el mapa del desfinanciamiento sanitario bajo Milei

★ Miles de trabajadores de la salud, sindicatos, organizaciones sociales y colectivos de pacientes se movilizaron este miércoles en la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud bajo la consigna «La salud no puede esperar». La columna central partió a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en Avenida 9 de Julio y Moreno, por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La protesta se replicó de manera simultánea en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias del país.

Un sistema sanitario bajo la motosierra

Los datos que motorizaron la movilización son contundentes. Según cifras difundidas por los propios convocantes y reportadas por diversos medios, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A ese retroceso acumulado se sumó, para el ejercicio 2026, un recorte adicional de más de 63.000 millones de pesos en las partidas del área sanitaria.

Las consecuencias son concretas e inmediatas. El Programa Remediar, que históricamente distribuyó 79 medicamentos gratuitos, quedó reducido a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas. El presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los 500.000 millones de pesos a prestadores, lo que se traduce en jubilados y jubiladas sin turnos ni atención. Según datos difundidos por los organizadores, más de 742.000 personas perdieron su cobertura médica y un millón de familias quedaron sin respuestas frente a un sistema que se retira.

El médico Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, describió la situación con precisión: «El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento.» Por su parte, el médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa a la movilización, que «el sistema estatal está en una crisis sin pandemia», mientras los hospitales públicos operan con una ocupación cercana al 90% y el personal trabaja desgastado y sin refuerzos.

Los reclamos del sector

La convocatoria articulada por el Foro sintetizó una agenda de reclamos precisos:

  • No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar.
  • No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes en coberturas.
  • No al desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones, exigiendo la provisión de vacunas para personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas.
  • No al retroceso en políticas de Salud Mental.

Los organizadores también señalaron que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos. Además, advirtieron que uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que necesita.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) declaró un paro nacional en el sector para acompañar la jornada de protesta. Su secretario general, Pablo Maciel, afirmó que la jornada tendría «carácter federal» y que el gobierno de Milei «avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente.» También adhirieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), la CICOP y numerosas agrupaciones de residentes y estudiantes.

La posición oficial y las acusaciones cruzadas

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, rechazó el encuadre de la protesta. Argumentó que «el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado» y atribuyó los ahorros a «un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios». Desde La Libertad Avanza, funcionarios y legisladores del oficialismo apuntaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a quienes acusaron de operar como «promotores activos» de la movilización a través de redes sociales. La provincia de Buenos Aires fue además la única jurisdicción que no participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) del lunes 18 de mayo, donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto sobre reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.

El contexto de un ajuste en cadena

La marcha federal del sector salud llega pocas semanas después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que sacudió al país en rechazo al ajuste en educación. La repetición del formato no es casual: los mismos mecanismos de desfinanciamiento que vaciaron las universidades nacionales, con recortes reales que según datos del Foro Economía y Trabajo superan el 20% desde 2023, se aplican ahora con igual o mayor intensidad sobre el sistema sanitario. El patrón es el mismo: achicamiento del Estado, transferencia de responsabilidades a las provincias sin transferir recursos, y una lógica de ajuste que recae sobre los sectores que más dependen del sistema público, aquellos que no pueden pagar una prepaga ni costear un medicamento en una farmacia.

Puntos clave:

  • El presupuesto del Ministerio de Salud cayó un 40% desde diciembre de 2023.
  • Un recorte adicional de 63.000 millones de pesos se aplicó para el ejercicio 2026.
  • El Programa Remediar pasó de 79 medicamentos gratuitos a solo 3, afectando a más de 20 millones de personas.
  • Fesintras declaró paro nacional y movilizaciones simultáneas en varias provincias.
  • Un millón de familias quedaron sin cobertura médica según los convocantes.

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