Este jueves, el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentará el Informe de Gestión N°143 ante el Senado de la Nación, en el marco de su tercera visita al Congreso desde que asumió el cargo. La instancia contempla la respuesta a 926 preguntas formuladas por legisladores de distintos bloques, y entre ellas, un dato crítico se destacó antes del inicio de la sesión: el 31,25% de los cargos judiciales están vacantes en el país.

La información se desprende del documento oficial entregado por el Ejecutivo a la Cámara alta, en el que Francos respondió —entre otras— una consulta del senador radical Maximiliano Abad respecto al estado de las designaciones en el Poder Judicial. Allí se confirmó que actualmente 330 cargos judiciales no están cubiertos, tanto en la Justicia nacional y federal de CABA como en las provincias.

Una Justicia paralizada por la falta de designaciones

Francos detalló en su respuesta que el Gobierno se encuentra “evaluando las ternas” remitidas por el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, pero reconoció que no existe un plazo legal específico para completar las designaciones. El compromiso del Ejecutivo, según dijo, es avanzar “a la mayor brevedad posible”.

El jefe de Gabinete intentó deslindar responsabilidades sobre los jueces subrogantes, al sostener que “la cantidad de cargos actualmente cubiertos por subrogantes constituye una potestad exclusiva del Poder Judicial”.

Sin embargo, la parálisis institucional se profundiza: según los cuadros entregados por el Ejecutivo, en la Justicia nacional con sede en CABA hay 178 vacantes sobre un total de 571 cargos; en la Justicia federal de la misma jurisdicción, 46 cargos vacíos de 159; y en el resto del país, 106 cargos sin cubrir de un total de 326.

Una Corte incompleta y un Senado inmóvil

La situación se agrava en el contexto de una Corte Suprema que funciona con dos miembros menos, tras las salidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y de Juan Carlos Maqueda en 2024. La discusión sobre su ampliación o eventual renovación permanece estancada en el Senado, en medio de un clima de polarización política y falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición.

Mientras tanto, la utilización de jueces subrogantes como respuesta provisoria se volvió regla en lugar de excepción, generando mayor inestabilidad en los procesos judiciales. La crítica desde diversos sectores apunta a que esta modalidad favorece el control indirecto del Poder Ejecutivo o de sectores del Consejo de la Magistratura, al mantener vacantes sensibles sin cobertura definitiva.

Sin presupuesto y sin jueces: el sistema bajo presión

El deterioro del sistema judicial argentino no se limita a las vacantes. En lo que va del año, el Poder Judicial sufrió recortes presupuestarios, restricciones salariales y congelamiento de partidas, en línea con la política de ajuste que impulsa el Gobierno nacional. La parálisis de concursos, las demoras en las designaciones y la judicialización de temas clave (como la causa Vialidad o la Ley Bases) se producen en un escenario de creciente deslegitimación institucional.

El retraso en las designaciones también pone en riesgo el acceso a la justicia en varias jurisdicciones, con juzgados colapsados, causas paralizadas y demoras procesales crecientes, especialmente en el interior del país.