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Judiciales ⚖️

Dalbón contra el TOF: “Transformaron a la Justicia en un Gran Hermano Judicial”

La defensa de la ex presidenta denunció que la medida es autoritaria e inconstitucional.

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El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 resolvió este lunes que toda persona que no sea familiar directo, abogado o médico de Cristina Fernández de Kirchner deberá solicitar autorización previa por escrito para poder visitarla en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, luego del fallo firme de la Corte Suprema que ratificó su condena a seis años por administración fraudulenta.

La medida fue rechazada de inmediato por su defensa, que calificó la decisión como “delirio autoritario” y “aberración jurídica”. El abogado Gregorio Dalbón señaló que la decisión del tribunal transforma la casa de la ex mandataria en un “Gran Hermano Judicial” y representa una violación del derecho a la vida familiar, social y del principio de igualdad ante la ley.

Sí. Leíste bien. Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa. Como si fuera culpable de existir”, escribió Dalbón desde sus redes sociales.

Un “buzón de permisos ilegítimos”, según la defensa

El tribunal había solicitado a la defensa una nómina de visitas habilitadas para el domicilio ubicado en San José 1111. El listado fue entregado este lunes con carácter reservado e incluyó a parientes cercanos, custodios, médicos y abogados personales, en línea con lo estipulado cuando se le otorgó la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Sin embargo, el TOF rechazó que el régimen de visitas sea más flexible y mantuvo su decisión de requerir autorizaciones individuales por escrito para cualquier persona fuera del núcleo más cercano. Para Dalbón, esa exigencia constituye un “buzón de permisos ilegítimos” y una “humillación institucional”.

Desde la defensa también alertaron que la medida genera una forma de aislamiento político, al limitar el contacto con dirigentes, amigos, referentes sociales o allegados que quieran expresarle apoyo. El abogado Carlos Beraldi ya impugnó la resolución judicial por considerarla “violatoria de los derechos humanos”.

La prisión domiciliaria y las restricciones vigentes

Cristina Kirchner no puede salir de su domicilio, pero está habilitada para utilizar redes sociales, recibir atención médica, contacto con abogados y familiares, y no tiene restricciones específicas para expresarse públicamente.

El TOF impuso condiciones adicionales al concederle el arresto domiciliario, entre ellas, la obligación de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica”, según figura en el fallo. La ex presidenta ya fue monitoreada con una tobillera electrónica instalada por el Servicio Penitenciario Federal.

La resolución judicial generó revuelo en sectores del oficialismo y también entre organizaciones de derechos humanos, que consideran que las restricciones impuestas no se corresponden con la gravedad del delito ni con los estándares internacionales de trato a personas condenadas en prisión domiciliaria.

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Morla va a juicio oral por las marcas de Maradona: la Justicia rechazó el sobreseimiento y clausuró la instrucción

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 rechazó el sobreseimiento pedido por los imputados y declaró clausurada la instrucción por defraudación y administración fraudulenta sobre la sociedad Sattvica S.A.

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El-Argentino-Morla y Maradona

Morla, Pomargo y dos hermanas de Maradona serán juzgados por las marcas del Diez

★ El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 de la Ciudad de Buenos Aires elevó a juicio oral la causa por las marcas de Diego Armando Maradona, en la que están procesados el abogado Matías Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo y las hermanas del Diez Claudia y Rita Maradona, según fuentes judiciales.

La resolución rechazó «no hacer lugar» al sobreseimiento que reclamaban los imputados y declaró clausurada la instrucción, al considerar que los acusados «defraudaron los intereses de los herederos legítimos» del astro argentino «al realizar maniobras vinculadas al manejo, disposición y activos, en acuerdo premeditado».

El escrito judicial determinó que tanto Morla como Pomargo «administraron fraudulentamente los bienes de la sociedad Sattvica S.A.«, de la que eran testaferros bajo los roles de presidente y director suplente, en virtud de «la decisión de creación simulada de esa firma definida por Diego Armando Maradona con el objeto de proteger sus activos marcarios y sustraer eventualmente del fisco italiano y de sus herederos parte de su patrimonio».

Según el expediente, Maradona habría instruido a Morla para que, tras la constitución de Sattvica, le cediera a dicha sociedad las 21 marcas que ya tenía registradas en Argentina. Aunque la empresa estaba bajo titularidad ficticia de los imputados, operaba bajo las directivas del propio Diego.

El accionar delictivo posterior a la muerte

La acusación se concentra especialmente en lo ocurrido después del fallecimiento de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, cuando se inició el proceso sucesorio. El 8 de febrero de 2021, la sociedad fue intimada para que cediera y transfiriera en forma inmediata a los herederos la totalidad de las marcas, con la indicación expresa de no utilizar ningún poder otorgado por el deportista.

Lejos de acatar la intimación, los imputados continuaron operando. La resolución judicial detalla que «Morla y Garmendia continuaron como apoderados y ambos ejercieron cargos directivos en el ente social hasta el 20 de septiembre de 2022, cuando Morla renunció a la presidencia social», mientras que Garmendia hizo lo propio como director suplente recién el 17 de julio de 2023.

El segundo tramo de la administración fraudulenta, según el escrito, consistió en la cesión de acciones de Sattvica a favor de Rita Mabel Maradona (50%) y Claudia Nora Maradona (50%), operada entre septiembre de 2022 y agosto de 2023.

Una causa con historia: sobreseídos, procesados y ahora a juicio

La causa tiene un largo recorrido judicial. En primera instancia, Morla y los demás imputados habían sido sobreseídos, pero las hijas del Diez, Dalma y Gianinna Maradona, apelaron esa decisión. En septiembre de 2025, la Sala IV de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Luciani, revocó el sobreseimiento y procesó a Morla y Pomargo como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, con embargos de 2.000 millones de pesos sobre los bienes de cada imputado. En diciembre de 2025, la Sala VII confirmó esos procesamientos al rechazar los recursos de las defensas.

La Cámara fue terminante en su fallo: las marcas integraron el patrimonio de Maradona hasta el último día de su vida y las cesiones gratuitas a Sattvica no fueron más que un «ropaje simulado». El tribunal también rechazó el argumento de que Diego habría querido beneficiar a sus hermanas por sobre sus hijos, al sostener que esa hipótesis contradice los principios del derecho sucesorio.

La defensa de Morla sostuvo que la cesión fue un pedido expreso del propio Diego, y que el ex apoderado no obtuvo ningún beneficio económico. Ese argumento no prosperó en ninguna instancia.

Ahora, con la instrucción clausurada y el juicio oral a la vista, la disputa por el legado marcario del máximo ídolo del fútbol argentino ingresa en su etapa más crítica. La causa la iniciaron cinco hijos del Diez: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando y Diego Fernando.

Puntos clave:

  • El Juzgado N°43 elevó a juicio oral la causa por las marcas de Maradona y rechazó el sobreseimiento pedido por los imputados.
  • Están acusados Matías Morla, Maximiliano Pomargo, Claudia y Rita Maradona por defraudación y administración fraudulenta de Sattvica S.A.
  • La sociedad fue calificada judicialmente como un «ropaje simulado» para sustraer activos marcarios de los herederos legítimos.
  • El accionar delictivo principal habría ocurrido tras la muerte de Maradona, cuando la empresa ignoró la intimación de transferir las marcas a sus herederos.
  • La causa fue iniciada por los cinco hijos del Diez y lleva más de cuatro años de tramitación judicial.

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