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Insólito descargo oficial: el Gobierno calificó de «violencia institucional» el escrache a Pettovello

La ministra de Capital Humano fue increpada por su gestión y la política universitaria del gobierno. La situación, aunque incómoda, no incluyó violencia física ni amenazas.

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El Argentino Diario-Sandra Pettovello.

En un hecho que genera polémica, el Gobierno nacional, a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, calificó de «violencia institucional» el escrache que sufrió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el Aeroparque Jorge Newbery.

La funcionaria fue increpada por un grupo de personas que la señalaron por su gestión y las políticas del oficialismo en relación con las universidades. Lo insólito del caso es el comunicado oficial, por su tono, contenido y su desproporcionada argumentación.

El exagerado y brutal comunicado de Cordero

El comunicado firmado por Julio Cordero, secretario de Trabajo, sostiene que lo ocurrido con Pettovello fue un acto de «violencia institucional» y «agresiones» en su ámbito de trabajo. Según el texto oficial, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue vulnerado, ya que dicho acuerdo prohíbe la violencia en el entorno laboral.

Sin embargo, según el CONICET, el término “violencia institucional” refiere a aquel uso de la fuerza que ejercen funcionarios/as públicos de forma ilegítima, como en las represiones policiales o de otras fuerzas, a través del aparato estatal.

Las contradicciones de un gobierno represivo y autoritario

“El Convenio 190 es claro: no se puede violentar a una persona en su ámbito de trabajo bajo ninguna circunstancia. Este ataque, dirigido hacia una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones, no solo es moralmente inaceptable, sino que además constituye una violación grave en términos jurídicos”, señaló Cordero en el documento. Aunque es al revés, ya que es más que conocida la impronta violenta de este gobierno, que de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reprime a jubilados, trabajadores y a sectores opositores.

El escrache no constituye violencia institucional, de ninguna manera, sino una manifestación de repudio popular por el mal desempeño de Pettovello como funcionaria. De hecho, el evento puntual no incluyó violencia física ni amenazas, lo que pone más que en duda y desmiente el uso por parte del Gobierno de un término tan fuerte como «violencia institucional».

Un escrache no es violencia institucional

Cordero reforzó su postura al afirmar: “El Convenio 190 de la OIT reconoce el impacto devastador que la violencia y el acoso pueden tener en el mundo del trabajo, tanto para las personas afectadas como para el ambiente laboral en su conjunto”, pero en realidad es el propio gobierno de Javier Milei quien ejerce violencia institucional de este tipo constantemente, hacía los trabajadores de Estado y hacia sectores políticos y funcionarios opositores.

Este tipo de agresiones ejercidas por el propio Milei “sí representan una vulneración directa de los derechos fundamentales” y, en este caso, “es un ejemplo claro de violencia institucional”, al provenir de la máxima autoridad institucional de un país (el presidente) y ser dirigida contra trabajadores o figuras públicas en el ejercicio de sus responsabilidades.

Además, los reclamos no estuvieron dirigidos a la persona de Pettovello, sino a su rol como ministra de Capital Humano y a su representación en un gobierno cuya política universitaria es fuertemente resistida por varios sectores sociales. El escrache, si bien incómodo, no tuvo elementos que pudieran considerarse agresivos o intimidatorios en términos legales.

La desconexión del gobierno con el pueblo

La situación económica, social y política exacerbó los ánimos de muchos ciudadanos, pero el comunicado oficial en defensa de Pettovello, como víctima de «violencia institucional», es otro ejemplo de cómo el gobierno desconecta su discurso de la realidad cotidiana. Ya que la reacción social deja una vez más en evidencia la creciente brecha entre la dirigencia y las demandas de la población, particularmente en temas sensibles como la educación pública.

Legislativo

Ante el escándalo de Adorni, Martín Menem busca desviar la atención y cree que la mejor defensa es el ataque

Frente al inminente informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso, La Libertad Avanza busca desviar el foco de las denuncias por corrupción contra el jefe de Gabinete cuestionando el cumplimiento de las declaraciones juradas de los diputados opositores.

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El Argentino Diario-Cámara de Diputados.

El oficialismo ensaya una defensa distractiva para Adorni

★ Con la mira puesta en el próximo 29 de abril, fecha en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, el oficialismo desplegó una maniobra de contraofensiva para intentar blindar al funcionario. El eje del ataque libertario recae sobre el incumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas de unos cincuenta legisladores, quienes omitieron este trámite obligatorio durante el año 2024.

La jugada busca equiparar las irregularidades patrimoniales que hoy investiga la Justicia federal contra Adorni, involucrado en causas por enriquecimiento ilícito y compras de propiedades no justificadas, con la desprolijidad administrativa de un sector del cuerpo legislativo. De acuerdo con datos publicados en la página oficial de la Cámara de Diputados, un 22% de los legisladores no presentó su declaración anual en tiempo y forma, y una decena de ellos mantiene su banca hasta 2027.

El oficialismo minimiza la gravedad de la causa judicial

Lejos de centrarse en las 4800 preguntas que los bloques opositores prepararon sobre los viajes al exterior y el incremento patrimonial del ministro coordinador, desde el entorno de La Libertad Avanza intentan bajarle el precio a la citación. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó la presencia de Adorni para el 29 de abril y, en un tono que generó rechazo en ámbitos parlamentarios, minimizó la gravedad de la situación judicial del funcionario al asegurar que el encuentro será “picante” y recomendar a los presentes que “compren pochoclos”.

Esta actitud, manifestada por Menem durante una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, evidencia la estrategia de confrontación que el gobierno planea adoptar frente a las acusaciones de corrupción. Mientras tanto, el cumplimiento de la Ley de Ética Pública se convirtió en el arma arrojadiza utilizada por el oficialismo para intentar neutralizar el costo político de una gestión jaqueada por las denuncias de enriquecimiento ilícito y el uso de fondos opacos para el financiamiento de propiedades y traslados privados.

Puntos clave:

  • Manuel Adorni se presentará en la Cámara de Diputados el 29 de abril para responder preguntas de la oposición.
  • El oficialismo utiliza el incumplimiento de las declaraciones juradas de 50 diputados como táctica defensiva ante las denuncias de corrupción contra Adorni.
  • La Justicia investiga el patrimonio del jefe de Gabinete tras la detección de inconsistencias graves en sus declaraciones patrimoniales.
  • El 22% de los diputados no presentó su declaración jurada del año 2024 según registros de la Cámara.
  • El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó un cruce tenso y calificó la sesión como “picante”.
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