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Grabois denunció amenazas en su casa y la Corte derivó la causa a San Isidro

La Corte Suprema resolvió un conflicto de competencia y derivó el expediente a la justicia provincial bonaerense. El dirigente social había denunciado un episodio protagonizado por presuntos policías en su vivienda de Villa Adelina en abril de 2023.

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Justicia de San Isidro investigará denuncia de Grabois por amenazas tras fallo de la Corte.

★ La Justicia de Garantías de San Isidro quedó a cargo de investigar la denuncia del dirigente social Juan Grabois por presuntas amenazas, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera un planteo de competencia entre la justicia federal y la justicia provincial bonaerense.

El origen de la denuncia

Según la presentación judicial del exprecandidato presidencial, en abril de 2023 dos presuntos policías bonaerenses se presentaron en su vivienda de Villa Adelina alegando una supuesta denuncia anónima sobre delitos cometidos contra menores. Como en ese momento no había nadie en el domicilio, una vecina se acercó al escuchar los golpes y gritos de los efectivos para indagar el motivo del procedimiento.

Grabois aseguró que posteriormente intentó obtener información sobre lo sucedido, pero que no consiguió ninguna explicación oficial. «Nadie supo decirme qué fue lo que efectivamente sucedió», relató el dirigente social en su denuncia. El episodio lo llevó a presentarse ante el Juzgado Federal 8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, en el marco de la causa en la que actúa como querellante contra la agrupación Revolución Federal.

El dirigente también señaló que recibió una citación para que su hijo menor de edad se presentara ante el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que incrementó sus sospechas sobre la naturaleza del procedimiento.

El conflicto de competencia

Tanto la fiscalía como el juzgado federal evaluaron que no había elementos que vincularan lo ocurrido con actividades de Revolución Federal y decidieron remitir el expediente a la justicia de San Isidro. Sin embargo, el magistrado provincial consideró la derivación prematura y sostuvo que las circunstancias de los hechos aún no estaban suficientemente esclarecidas, lo que generó el conflicto de competencia que llegó hasta la Corte Suprema.

El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que el caso debía tramitar en la justicia bonaerense. En su opinión, la competencia territorial corresponde al lugar donde se habría cometido el delito y, según los elementos disponibles, la supuesta falsa denuncia se efectuó en Villa Adelina. También remarcó que no aparecían razones para justificar la intervención federal.

La decisión de la Corte

En línea con esa postura, los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron que la causa deberá continuar en el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de San Isidro, que ahora tendrá a su cargo la investigación del episodio.

La resolución del máximo tribunal pone fin al planteo de competencia y habilita el inicio formal de la investigación en la jurisdicción provincial, donde se deberán esclarecer las circunstancias del operativo policial, la existencia de la denuncia anónima mencionada por los efectivos y las posibles responsabilidades en el caso.

Puntos clave:

• La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Isidro investigará la denuncia de Grabois por presuntas amenazas ocurridas en abril de 2023

• El dirigente social denunció que dos presuntos policías se presentaron en su domicilio de Villa Adelina por una supuesta denuncia anónima sobre delitos contra menores

• La justicia federal consideró que no había conexión con la causa contra Revolución Federal y derivó el caso a la justicia provincial

• El procurador Casal argumentó que la competencia corresponde al lugar donde se habría cometido el delito

• El Juzgado de Garantías 1 de San Isidro quedó a cargo de la investigación

Judiciales ⚖️

La Justicia autorizó a Cristina a salir dos horas por día a la terraza de San José 1111

El Tribunal Oral Federal 2 equiparó el uso del espacio al derecho al patio de los presos comunes. La decisión se enmarca en los estándares internacionales para personas privadas de libertad.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Tribunal Oral Federal 2 autorizó a Cristina Fernández de Kirchner a utilizar la terraza del edificio ubicado en San José 1.111, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple arresto domiciliario tras la condena confirmada en la causa Vialidad, que forma parte del entramado de lawfare judicial contra la expresidenta.

La resolución, que permite a la exmandataria acceder al sector superior del inmueble durante dos horas diarias, establece una equiparación entre ese espacio y el derecho al patio que tienen las personas detenidas en establecimientos penitenciarios convencionales.

Una decisión basada en estándares internacionales

Los jueces del tribunal argumentaron que la medida se ajusta a los tratados internacionales sobre personas privadas de libertad, específicamente aquellos que garantizan condiciones mínimas de recreación y acceso al aire libre para quienes cumplen penas privativas de libertad.

La determinación judicial responde a que, según los magistrados, el arresto domiciliario no debe implicar una restricción absoluta del acceso a espacios abiertos, siempre que esto no comprometa el cumplimiento efectivo de la condena ni represente un riesgo para la ejecución de la pena.

Monitoreo electrónico y supervisión judicial

La autorización se enmarca dentro del régimen de arresto domiciliario que cumple Cristina Kirchner desde que se confirmó la sentencia condenatoria. El acceso a la terraza se implementará bajo estricto control del servicio de monitoreo electrónico que supervisa sus movimientos y de los funcionarios judiciales encargados de verificar el cumplimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria.

La medida no modifica el resto de las restricciones impuestas por el tribunal, que mantiene vigente la tobillera electrónica y las limitaciones de desplazamiento fuera del domicilio establecido.

El contexto de una condena cuestionada

Vale recordar que la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad forma parte de lo que amplios sectores del peronismo y organismos de derechos humanos consideran una persecución judicial con motivaciones políticas. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un fallo que sigue siendo objeto de múltiples cuestionamientos sobre su fundamentación jurídica y el proceso que llevó a esa sentencia.

La decisión del Tribunal Oral Federal 2 de autorizar las salidas a la terraza busca garantizar que, más allá de las controversias políticas y jurídicas en torno al caso, las condiciones del arresto domiciliario respeten los estándares mínimos previstos en la normativa internacional de derechos humanos para personas privadas de su libertad.

Puntos clave:

  • El Tribunal Oral Federal 2 autorizó a Cristina Kirchner salir dos horas diarias a la terraza de San José 1.111
  • La medida equipara ese espacio al derecho al patio que tienen los presos en cárceles comunes
  • La decisión se basa en tratados internacionales sobre personas privadas de libertad
  • El acceso estará supervisado por monitoreo electrónico y funcionarios judiciales
  • La condena a CFK en la causa Vialidad es parte del lawfare judicial contra la expresidenta

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