Gremiales
IBF cerró la planta en Córdoba y dejó 40 trabajadores en la calle
La fábrica de neumáticos bajó sus persianas sin aviso previo, despidió a todo el personal y desató protestas y denuncias gremiales.
Lo que tenés que saber
- IBF cerró de forma repentina su planta en Córdoba.
- Unos 40 trabajadores quedaron despedidos de un día para otro.
- La empresa desconoció una conciliación obligatoria vigente.
- Hubo denuncias por uso de seguridad privada y desalojo policial.
- El SUTNA convocó a un paro provincial en respuesta al conflicto.
Cierre inesperado y despidos masivos
El conflicto en la fábrica de neumáticos IBF, ubicada en la ciudad de Córdoba, se profundizó tras el cierre repentino de la planta y el despido de la totalidad de su personal. Unos 40 operarios quedaron sin trabajo, en un contexto marcado por denuncias de irregularidades legales y maniobras de fuerza por parte de la empresa.
La decisión empresarial se concretó pese a que el Ministerio de Trabajo de la provincia había dictado la conciliación obligatoria y declarado ilegales las cesantías, un punto central de los reclamos sindicales.
Protesta y corte de calle
Luego del cierre, los trabajadores realizaron un corte de media calzada sobre avenida Sabattini al 6100, en el barrio Deán Funes, con el objetivo de visibilizar la situación y exigir respuestas. La protesta se mantuvo de forma pacífica y contó con el acompañamiento de distintas organizaciones.
Desde el gremio señalaron que la empresa no mantuvo instancias de diálogo previas ni notificó formalmente a los delegados sindicales.
Denuncias por uso de la fuerza
Miguel Díaz, delegado de la planta, describió el momento del cierre y cuestionó el procedimiento utilizado. “Llegaron con escribanos y patovicas. Es evidente que es una acción sin legitimidad, por eso intentaron imponerla por la fuerza”, afirmó.
El representante sindical sostuvo que la modalidad aplicada vulnera derechos laborales básicos y desconoce los mecanismos legales vigentes. “Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales”, expresó.
Acusación judicial y desalojo
La tensión escaló con un episodio judicial que generó mayor indignación entre los trabajadores. Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció una acusación falsa para habilitar el desalojo policial de la planta.
“Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo”, explicó.
Desde el sindicato remarcaron que la permanencia dentro de la fábrica se desarrollaba de manera pacífica.

Apoyo gremial y paro provincial
Pese a la intimación de las autoridades laborales para reincorporar al personal, la planta permaneció cerrada y sin representantes empresariales que brindaran explicaciones. En ese marco, los trabajadores recibieron el respaldo de organizaciones gremiales, sociales, docentes y universitarias.
El SUTNA nacional denunció los hechos y definió un paro inmediato en toda la provincia de Córdoba. En un comunicado, señaló: «Esta situación se da en simultaneo al paro general por paritarias de las grande fábricas del neumático, y dada la gravedad de los hechos la Delegación Córdoba y el Sutna Nacional llama a un paro de 24 hs a partir de las 00 hs del 16 de diciembre en toda la provincia de Córdoba».
Un conflicto abierto
Desde el gremio sostienen que el caso de IBF se inscribe en un escenario más amplio de cierres industriales y precarización laboral. Mientras tanto, los trabajadores despedidos continúan reclamando la reincorporación y el respeto de la legislación vigente, en un conflicto que sigue abierto y con impacto social en la capital cordobesa.
CABA
Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle
La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.
Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.
«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano
La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.
El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.
El nuevo pliego: tecnología como respuesta política
Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.
La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
- El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
- Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
- El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
- La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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