Gremiales
IBF cerró la planta en Córdoba y dejó 40 trabajadores en la calle
La fábrica de neumáticos bajó sus persianas sin aviso previo, despidió a todo el personal y desató protestas y denuncias gremiales.
Lo que tenés que saber
- IBF cerró de forma repentina su planta en Córdoba.
- Unos 40 trabajadores quedaron despedidos de un día para otro.
- La empresa desconoció una conciliación obligatoria vigente.
- Hubo denuncias por uso de seguridad privada y desalojo policial.
- El SUTNA convocó a un paro provincial en respuesta al conflicto.
Cierre inesperado y despidos masivos
El conflicto en la fábrica de neumáticos IBF, ubicada en la ciudad de Córdoba, se profundizó tras el cierre repentino de la planta y el despido de la totalidad de su personal. Unos 40 operarios quedaron sin trabajo, en un contexto marcado por denuncias de irregularidades legales y maniobras de fuerza por parte de la empresa.
La decisión empresarial se concretó pese a que el Ministerio de Trabajo de la provincia había dictado la conciliación obligatoria y declarado ilegales las cesantías, un punto central de los reclamos sindicales.
Protesta y corte de calle
Luego del cierre, los trabajadores realizaron un corte de media calzada sobre avenida Sabattini al 6100, en el barrio Deán Funes, con el objetivo de visibilizar la situación y exigir respuestas. La protesta se mantuvo de forma pacífica y contó con el acompañamiento de distintas organizaciones.
Desde el gremio señalaron que la empresa no mantuvo instancias de diálogo previas ni notificó formalmente a los delegados sindicales.
Denuncias por uso de la fuerza
Miguel Díaz, delegado de la planta, describió el momento del cierre y cuestionó el procedimiento utilizado. “Llegaron con escribanos y patovicas. Es evidente que es una acción sin legitimidad, por eso intentaron imponerla por la fuerza”, afirmó.
El representante sindical sostuvo que la modalidad aplicada vulnera derechos laborales básicos y desconoce los mecanismos legales vigentes. “Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales”, expresó.
Acusación judicial y desalojo
La tensión escaló con un episodio judicial que generó mayor indignación entre los trabajadores. Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció una acusación falsa para habilitar el desalojo policial de la planta.
“Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo”, explicó.
Desde el sindicato remarcaron que la permanencia dentro de la fábrica se desarrollaba de manera pacífica.

Apoyo gremial y paro provincial
Pese a la intimación de las autoridades laborales para reincorporar al personal, la planta permaneció cerrada y sin representantes empresariales que brindaran explicaciones. En ese marco, los trabajadores recibieron el respaldo de organizaciones gremiales, sociales, docentes y universitarias.
El SUTNA nacional denunció los hechos y definió un paro inmediato en toda la provincia de Córdoba. En un comunicado, señaló: «Esta situación se da en simultaneo al paro general por paritarias de las grande fábricas del neumático, y dada la gravedad de los hechos la Delegación Córdoba y el Sutna Nacional llama a un paro de 24 hs a partir de las 00 hs del 16 de diciembre en toda la provincia de Córdoba».
Un conflicto abierto
Desde el gremio sostienen que el caso de IBF se inscribe en un escenario más amplio de cierres industriales y precarización laboral. Mientras tanto, los trabajadores despedidos continúan reclamando la reincorporación y el respeto de la legislación vigente, en un conflicto que sigue abierto y con impacto social en la capital cordobesa.
Gremiales
La reforma laboral sigue en jaque: ahora la Justicia frena el artículo que amordazaba a los docentes
El fallo de la UDA suspende el artículo que limitaba la huelga en todo el sector educativo nacional, en medio de una escalada judicial que ya paralizó 82 artículos de la Ley N.º 27.802
★ En una nueva derrota judicial para el Gobierno de Javier Milei, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley N.º 27.802 sobre el sector docente en toda la Argentina. La resolución, firmada por el juez José Ramonet, deja sin efecto el artículo 101 de la reforma laboral, que declaraba a la educación como «servicio esencial» y exigía una presencialidad del 75% durante las huelgas.
El «rótulo» que no pasó la prueba judicial
La demanda fue interpuesta por la Unión Docentes Argentinos (UDA), gremio conducido por Sergio Romero, referente de la CGT. En su fallo, el juez Ramonet consideró que existía una apariencia razonable de afectación a derechos constitucionales que justificaba la tutela preventiva, siguiendo la misma lógica que el Juzgado N.º 63 había aplicado dos días antes al suspender 82 artículos de la normativa a pedido de la central obrera .
El artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral modificaba la Ley N.º 25.877 de Conflictos Colectivos de Trabajo e imponía a los docentes una cobertura mínima del 75% en caso de paro, considerando a la educación de niveles inicial, primario, secundario y especial como «servicio esencial en sentido estricto» . La cautelar determina que, hasta una sentencia definitiva, «continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva» .
La respuesta gremial
Tras conocerse la medida, la conducción de la UDA emitió un comunicado en el que sostuvo que «el espíritu de la reforma laboral colisionaba directamente con garantías constitucionales del sector docente». En la misma línea, Sergio Romero remarcó que «esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones» .
La organización destacó además la «importancia institucional» de la decisión judicial, que «preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación» .
Un contexto de alta litigiosidad
La cautelar sobre el sector docente se suma a la resolución del juez Raúl Ojeda del 30 de marzo, quien suspendió 82 artículos de la reforma laboral tras una presentación de la CGT. Entre los artículos paralizados por Ojeda figuran los que limitan el derecho a huelga, modifican la negociación colectiva, alteran el cálculo de indemnizaciones, eliminan el principio de in dubio pro operario y derogan la ley de teletrabajo, entre otros puntos centrales de la normativa .
El magistrado consideró que existen «indicios serios y graves» de inconstitucionalidad y de afectación a principios como la libertad sindical, la irrenunciabilidad de derechos y el principio protectorio del derecho laboral . La CGT, en un comunicado, calificó a la ley como una «reducción del ámbito de protección laboral, una degradación de las condiciones de trabajo y un debilitamiento de la acción sindical» .
La estrategia del Gobierno
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmaron que apelarán la cautelar dictada por el juez Ramonet, al igual que hicieron con la resolución de Ojeda. En un comunicado, la cartera sostuvo que existen sectores que «pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento», y reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral .
La apelación contará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, según informaron fuentes oficiales . Mientras tanto, la reforma laboral queda parcialmente paralizada en dos de sus ejes centrales: el régimen general de trabajo y el específico del sector educativo.
Puntos clave:
• El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió el artículo 101 de la Ley N.º 27.802 que declaraba a la educación como servicio esencial
• La medida cautelar alcanza a todos los docentes del país y frena el requisito del 75% de presencialidad en huelgas
• El fallo fue dictado a pedido de la UDA, gremio conducido por Sergio Romero
• El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció que apelará la medida
• La cautelar se suma a la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral ordenada el 30 de marzo por el juez Raúl Ojeda ★
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