La declaración jurada final presentada en enero de 2024 y un informe comercial actualizado a agosto de 2025 muestran que el ex jefe de Gabinete de la Ciudad acumuló depósitos millonarios, inversiones en dólares y una sociedad privada de alto capital, mientras enfrenta cuestionamientos por compras irregulares durante la pandemia.

Declaración jurada y bienes declarados

El 5 de enero de 2024, Felipe Miguel presentó ante la Oficina de Integridad del Gobierno porteño su última declaración jurada como funcionario. Allí consignó:

• Depósitos bancarios por $53.267.153.
• Efectivo por $6.224.000, incluyendo USD 3.200 convertidos a pesos.
• Una cuenta comitente con U$S 120.974, declarada como $46.272.918.
• Caja de ahorro en dólares con U$S 16.811, equivalentes a $6.430.570.
• Una operación MEP por U$S 27.000, registrada como $15.900.000 a la cotización oficial del 7 de diciembre de 2023.
• Ingresos por $8.600.000 en concepto de “conferencias”.
• Bienes inmuebles, entre ellos un departamento de 375 m² en Recoleta y un lote en el country Club Universitario de Fátima, además de cocheras y vehículos.

Retiro Creek S.R.L: el salto al sector privado

En paralelo, el Boletín Oficial confirmó la constitución en 2024 de Retiro Creek S.R.L., una sociedad con un capital social de $18.000.000. Miguel figura con el 90% de participación y su socia y pareja, María Sofía Castro Cranwell, con el 10% restante. La firma se dedica al “asesoramiento y desarrollo de proyectos, management, private equity y servicios de gestión”.

El emprendimiento coincidió con su salida de la Jefatura de Gabinete porteña, marcando un paso inmediato de la gestión pública a la inversión privada con control mayoritario.

Informe comercial y deudas bancarias

Según un informe comercial fechado el 14 de agosto de 2025, Miguel presenta un endeudamiento bancario por $5.172.000 y compromisos mensuales de $517.200. El cruce entre liquidez alta y obligaciones financieras reaviva interrogantes sobre la estrategia de inversión y el destino de los fondos.

Antecedente en Boston Compañía de Seguros

Entre 2006 y 2011, Miguel ocupó el cargo de subgerente general de Boston Compañía Argentina de Seguros. La aseguradora, fundada en 1925, fue liquidada en 2024 por resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que detectó “graves irregularidades contables”. La Justicia confirmó que la empresa carecía de activos líquidos para cumplir con sus obligaciones, en un contexto que el mercado interpretó como “vaciamiento”.

Aunque Miguel se había desvinculado años antes, su paso por la gerencia quedó asociado a un desenlace empresarial con derivaciones judiciales y medidas restrictivas contra los últimos dueños del Grupo Campici.

Compras de barbijos y hoteles en pandemia

El perfil patrimonial de Miguel se cruza con un capítulo controvertido de su gestión: las compras durante la pandemia.

El 18 de abril de 2020 renunciaron Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud, y Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo, tras denuncias por contrataciones con presunto sobreprecio y conflictos de interés.

• Montovio autorizó la compra de 15.000 barbijos importados N95/FFP3 a $3.000 cada uno, un total de $45.000.000, según resoluciones del 8 de abril de 2020. También aprobó la compra de barbijos nacionales a intermediarios a $68 y $77, cuando fabricantes directos ofrecían a $30–$35.
• Las operaciones fueron cuestionadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma y ATE, que presentaron denuncias penales por fraude contra la administración pública.
• El intermediario principal fue Green Salud, empresa de Ignacio Saénz Valiente, vinculado comercialmente con Rodrigo Miguel, hermano del entonces jefe de Gabinete.

En paralelo, la Ciudad contrató habitaciones en hoteles, entre ellos el BA CENTRAL, administrado por Midas Hotel Management, donde la presidenta Laura Jumerosky figura ligada societariamente a Saénz Valiente. La resolución N° 67 del Ente de Turismo dispuso un pago de $5.439.511 por esa contratación.

Aunque el propio Miguel no aparece formalmente imputado en esas causas, el entramado de vínculos empresariales y familiares alimentó las sospechas sobre la permeabilidad entre lo público y lo privado en plena emergencia sanitaria.