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Millones en depósitos y una empresa propia: el perfil económico que dejó Felipe Miguel

En su gestión se denunciaron compras de barbijos y contratos de hoteles con sobreprecios y vínculos cuestionados.

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La declaración jurada final presentada en enero de 2024 y un informe comercial actualizado a agosto de 2025 muestran que el ex jefe de Gabinete de la Ciudad acumuló depósitos millonarios, inversiones en dólares y una sociedad privada de alto capital, mientras enfrenta cuestionamientos por compras irregulares durante la pandemia.

Declaración jurada y bienes declarados

El 5 de enero de 2024, Felipe Miguel presentó ante la Oficina de Integridad del Gobierno porteño su última declaración jurada como funcionario. Allí consignó:

  • Depósitos bancarios por $53.267.153.
  • Efectivo por $6.224.000, incluyendo USD 3.200 convertidos a pesos.
  • Una cuenta comitente con U$S 120.974, declarada como $46.272.918.
  • Caja de ahorro en dólares con U$S 16.811, equivalentes a $6.430.570.
  • Una operación MEP por U$S 27.000, registrada como $15.900.000 a la cotización oficial del 7 de diciembre de 2023.
  • Ingresos por $8.600.000 en concepto de “conferencias”.
  • Bienes inmuebles, entre ellos un departamento de 375 m² en Recoleta y un lote en el country Club Universitario de Fátima, además de cocheras y vehículos.

Retiro Creek S.R.L: el salto al sector privado

En paralelo, el Boletín Oficial confirmó la constitución en 2024 de Retiro Creek S.R.L., una sociedad con un capital social de $18.000.000. Miguel figura con el 90% de participación y su socia y pareja, María Sofía Castro Cranwell, con el 10% restante. La firma se dedica al “asesoramiento y desarrollo de proyectos, management, private equity y servicios de gestión”.

El emprendimiento coincidió con su salida de la Jefatura de Gabinete porteña, marcando un paso inmediato de la gestión pública a la inversión privada con control mayoritario.

Informe comercial y deudas bancarias

Según un informe comercial fechado el 14 de agosto de 2025, Miguel presenta un endeudamiento bancario por $5.172.000 y compromisos mensuales de $517.200. El cruce entre liquidez alta y obligaciones financieras reaviva interrogantes sobre la estrategia de inversión y el destino de los fondos.

Antecedente en Boston Compañía de Seguros

Entre 2006 y 2011, Miguel ocupó el cargo de subgerente general de Boston Compañía Argentina de Seguros. La aseguradora, fundada en 1925, fue liquidada en 2024 por resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que detectó “graves irregularidades contables”. La Justicia confirmó que la empresa carecía de activos líquidos para cumplir con sus obligaciones, en un contexto que el mercado interpretó como “vaciamiento”.

Aunque Miguel se había desvinculado años antes, su paso por la gerencia quedó asociado a un desenlace empresarial con derivaciones judiciales y medidas restrictivas contra los últimos dueños del Grupo Campici.

Compras de barbijos y hoteles en pandemia

El perfil patrimonial de Miguel se cruza con un capítulo controvertido de su gestión: las compras durante la pandemia.

El 18 de abril de 2020 renunciaron Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud, y Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo, tras denuncias por contrataciones con presunto sobreprecio y conflictos de interés.

  • Montovio autorizó la compra de 15.000 barbijos importados N95/FFP3 a $3.000 cada uno, un total de $45.000.000, según resoluciones del 8 de abril de 2020. También aprobó la compra de barbijos nacionales a intermediarios a $68 y $77, cuando fabricantes directos ofrecían a $30–$35.
  • Las operaciones fueron cuestionadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma y ATE, que presentaron denuncias penales por fraude contra la administración pública.
  • El intermediario principal fue Green Salud, empresa de Ignacio Saénz Valiente, vinculado comercialmente con Rodrigo Miguel, hermano del entonces jefe de Gabinete.

En paralelo, la Ciudad contrató habitaciones en hoteles, entre ellos el BA CENTRAL, administrado por Midas Hotel Management, donde la presidenta Laura Jumerosky figura ligada societariamente a Saénz Valiente. La resolución N° 67 del Ente de Turismo dispuso un pago de $5.439.511 por esa contratación.

Aunque el propio Miguel no aparece formalmente imputado en esas causas, el entramado de vínculos empresariales y familiares alimentó las sospechas sobre la permeabilidad entre lo público y lo privado en plena emergencia sanitaria.

Morón

Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces

El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.

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El Argentino Diario-Damián Cardoso-Lucas Ghi.
El narcoescándalo de Morón y la crisis de la gestión de Ghi: cuando el que defiende termina hundiendo.

Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria

★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».

Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.

El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso

La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.

Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.

«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»

La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.

El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.

Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo

La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.

El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba

La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».

El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada

La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».

La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.

Cardoso, entre la derecha y la autopromoción

Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).

El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.

La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.

Puntos clave

  • El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
  • Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
  • Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
  • El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
  • La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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