El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) emitió este jueves un comunicado de rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Gobierno de Javier Milei intentó aprobar en el Senado sin éxito. La declaración del organismo partidario, presidido por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, afirma que la iniciativa compromete «la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país». El problema es que el comunicado del Comité Nacional no refleja la posición unánime del bloque: solo tres de los diez senadores radicales, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, expresaron rechazo explícito al capítulo de extranjerización de tierras. Los otros siete, varios de los cuales responden a gobernadores radicales alineados con el oficialismo, mantuvieron una postura ambigua que, según trascendió durante la sesión, dejó al Gobierno sin los votos suficientes para avanzar.

Una fractura que el partido intenta disimular

La brecha entre el discurso del Comité Nacional y la conducta del bloque senatorial radical es una constante en la política argentina. Chiarella, cuya autoridad sobre los legisladores es acotada, encabezó una declaración que posiciona al radicalismo en el terreno de la defensa de la soberanía, pero los propios datos del recinto exponen la contradicción: los diez senadores de la UCR concurrieron a la sesión y garantizaron el quórum mínimo de 37 que permitió que la sesión comenzara. Sin ese aporte, el oficialismo no hubiera podido ni abrir el debate. Que luego los votos no alcanzaran para el capítulo más polémico no convierte al bloque radical en una fuerza opositora al proyecto: lo convierte en un aliado selectivo que negocia condiciones mientras el partido intenta proyectar una imagen de resistencia soberanista.

El comunicado del Comité Nacional recuerda que «la UCR fue pionera en la defensa de la actual legislación», que establece un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, con un límite adicional del 30% del cupo habilitado para una misma nacionalidad y un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo por titular extranjero. También subraya la prohibición de que extranjeros adquieran inmuebles rurales que limiten o contengan lagos, ríos o zonas fronterizas. Esa legislación, la ley 26.737, fue sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para frenar la concentración de tierras estratégicas en manos de capitales privados extranjeros.

Qué propone el oficialismo y por qué generó tanto rechazo

El proyecto libertario, que circuló en su versión número 15 en las horas previas a la sesión, elimina los límites cuantitativos de la ley 26.737 y los reemplaza por un esquema de autorización discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, con la posibilidad de que «cada provincia defina sus propios criterios». Según el comunicado radical, ese mecanismo convierte la excepción en regla: «una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas». A eso se suman las modificaciones a la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, que buscan eliminar las restricciones por cambios en el uso del suelo durante hasta 60 años tras incendios, y los cambios al régimen de desalojos y expropiaciones. Elisa Carrió, desde su espacio Encuentro Republicano Federal, advirtió que el esquema propuesto vulneraría el artículo 29 de la Constitución Nacional por delegar facultades extraordinarias sobre un recurso estratégico sin restricciones materiales ni territoriales.

El rechazo al proyecto excedió ampliamente al peronismo y a la izquierda. La CGT emitió un comunicado que plantea que «sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica» y menciona explícitamente el caso del Lago Escondido y al empresario Peter Thiel como ejemplos del riesgo concreto que entraña la desregulación. La Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen advirtieron que la iniciativa «debilita la potestad del Estado» para proteger el interés comunitario. Dentro del propio Senado, el bloque Convicción Federal, aliado ocasional del oficialismo, presentó un dictamen de minoría que mantiene los límites vigentes de la ley 26.737 e incorpora la figura de «Zonas de Interés Estratégico» para tierras en fronteras y áreas de riesgo ecológico. En este contexto, actualmente hay alrededor de 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros en Argentina, el 5% del territorio nacional, y más de 30 áreas ya habrían excedido el límite legal permitido por la normativa vigente.

Bullrich negoció hasta el final y no alcanzó

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó las negociaciones de último momento para sumar los votos necesarios. No lo logró. Ante la evidencia de que los números no daban, solicitó que el proyecto fuera retirado del temario y postergado para la sesión del 6 de agosto. Es la cuarta vez consecutiva que el oficialismo no logra aprobar esta iniciativa en la Cámara alta. La sesión del 16 de julio terminó con la aprobación de 29 pliegos judiciales y la validación de las nominaciones de Yadarola y Bertuzzi para la Cámara Federal, pero sin avanzar en la reforma que el Gobierno considera central para su agenda de desregulación económica.

El argumento de la UCR y sus precedentes internacionales

Para sostener su posición, el Comité Nacional radical señaló que en países como Estados Unidos, Canadá y Francia se aplican regulaciones estrictas sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. El documento subraya que el Estado debe «fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos». La invocación de esos ejemplos resulta llamativa viniendo de un partido cuya conducción parlamentaria no ha logrado articular una posición unificada, pero es consistente con el mandato constitucional de proteger los recursos naturales y con la legislación vigente que el radicalismo dice defender. «Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos», concluye el comunicado.

Puntos clave

• El Comité Nacional de la UCR rechazó formalmente la reforma de la ley de Tierras, pero solo 3 de sus 10 senadores lo hicieron públicamente.
• El oficialismo no reunió los votos necesarios y postergó el debate por cuarta vez consecutiva, hasta el 6 de agosto.
• El proyecto libertario elimina los límites cuantitativos de la ley 26.737 y habilita la autorización discrecional por provincia.
• La oposición al proyecto incluyó a la CGT, Cáritas, Convicción Federal y Elisa Carrió, además del peronismo.
• Hay actualmente unas 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, con más de 30 áreas que ya superaron el límite legal vigente.