El gobierno de Javier Milei incluyó a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país, en su programa de privatizaciones, habilitado por la Ley Bases. Sin embargo, a casi un año del decreto que formalizó esa decisión, el proceso se encuentra virtualmente paralizado. Un exfuncionario de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) consultado en reserva confirmó que la privatización de NA-SA «quedó en una suerte de pausa» y que no parece probable que avance durante 2026.

El decreto y sus alcances

En septiembre de 2025, el decreto 695/2025 estableció la venta del 44% de las acciones de NA-SA mediante una licitación pública nacional e internacional. El esquema reserva el 51% para el Estado y destina hasta un 5% a un fondo gremial a través del Programa de Propiedad Participada, una figura heredada de las privatizaciones menemistas. En noviembre de ese año, la resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal al procedimiento y dispuso que una entidad bancaria pública realizara la valuación del paquete accionario, al tiempo que la Secretaría de Energía debía inventariar los bienes tangibles e intangibles que componen el valor de la empresa. Esa valuación oficial nunca fue publicada.

El problema de venderle el 44% a alguien

Más allá de los tiempos políticos, el esquema diseñado por el Gobierno enfrenta obstáculos concretos. El interrogante central es qué atractivo tiene para un inversor privado comprar el 44% de una compañía cuando el Estado sigue siendo el accionista mayoritario y conserva el control. Según versiones extraoficiales, en el sector se manejó una estimación que ubicó el valor total de la empresa alrededor de mil millones de dólares, aunque sin respaldo en una valuación oficial pública. El exfuncionario consultado planteó una alternativa: hacer rentable a la empresa, hacerla cotizar en bolsa y atomizar el 44% entre inversores del mercado de capitales, lo que permitiría abrir el capital sin resignar el control estatal y, de paso, dificultaría una eventual reestatización por un gobierno futuro.

La valoración de NA-SA no es un cálculo simple. Atucha I, una de las tres centrales bajo su operación, se encuentra actualmente parada para extensión de vida útil, lo que suma obligaciones al eventual comprador. Entre enero y junio de 2026, las centrales nucleares aportaron más del 7% de la generación eléctrica nacional y cubrieron el 13% de la demanda residencial, según datos de la Agencia NA. Ese aporte estratégico es el argumento más sólido en contra de una apertura apresurada al capital privado.

El Comahue como espejo

El debate sobre Nucleoeléctrica se reactualizó a partir de la controversia por la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, en la zona limítrofe entre Neuquén y Río Negro. Las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados son activos construidos con fondos del Estado, cuya propiedad se mantiene pública, pero cuya operación fue nuevamente concesionada a privados por el Gobierno. Las denuncias no tardaron en aparecer: entre los adjudicatarios figuran los hermanos Neuss, señalados como cercanos a Santiago Caputo, el operador político del Gobierno, y se cuestionan tanto la tasación de los activos como los criterios de adjudicación.

Aunque se trata de procesos distintos, la comparación es inevitable. En el Comahue, el Estado retiene la propiedad de las centrales y otorga una concesión de operación. En NA-SA, en cambio, lo que se pondría a la venta es una participación directa en la empresa que opera las centrales nucleares, un salto cualitativo en términos de soberanía energética. Las represas del Comahue, además, producen el agua pesada que abastece al complejo nuclear, lo que añade una dimensión estratégica adicional a su concesión.

La respuesta legislativa y el alineamiento con Washington

En el Congreso comenzó a tomar forma un proyecto de ley denominado «Protección y Desarrollo Estratégico del Sistema Nuclear Argentino», que busca establecer límites a la participación privada en el sector. La iniciativa propone declarar estratégicos a las centrales nucleares, el ciclo del combustible, la Planta Industrial de Agua Pesada, los proyectos CAREM y RA-10, además de instalaciones, propiedad intelectual, conocimientos técnicos y recursos humanos especializados. El texto establece que esos activos no podrían ser enajenados o transferidos sin autorización expresa del Congreso.

En paralelo, el Gobierno de Milei profundizó su alineamiento con Estados Unidos en materia nuclear, siguiendo la denominada Doctrina Donroe, que apunta a desplazar a China de áreas que Washington considera estratégicas. Ese viraje se tradujo en acuerdos vinculados al desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR) y al programa FIRST del gobierno de Donald Trump. Durante 2026, la cooperación incluyó visitas de funcionarios estadounidenses al INVAP y al Instituto Balseiro. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, reconoció en enero de este año que el objetivo de la cartera es «buscar que las distintas unidades de negocio que pueden surgir a partir del sector tengan una viabilidad económica y comercial, que hasta ahora se mostró en general deficiente».

Lo que no explicó es de qué manera una empresa nuclear con participación privada minoritaria, sin valuación pública, con una central parada y enmarcada en un alineamiento geopolítico subordinado a Washington resulta más «viable» que una empresa estatal fortalecida presupuestariamente. La pregunta queda sin respuesta, como el proceso de privatización en sí.

Puntos clave

• El decreto 695/2025 habilitó la venta del 44% de Nucleoeléctrica, pero el proceso permanece paralizado y no avanzaría en 2026.
• La valuación oficial del paquete accionario nunca fue publicada; versiones extraoficiales ubican el valor total en alrededor de mil millones de dólares.
• La concesión de las represas del Comahue a privados vinculados a Santiago Caputo generó denuncias y reactualizó el debate sobre la entrega de activos estratégicos.
• Entre enero y junio de 2026, las centrales nucleares aportaron más del 7% de la generación eléctrica nacional y cubrieron el 13% de la demanda residencial.
• En el Congreso avanza un proyecto para blindar al sector nuclear y exigir autorización legislativa para cualquier transferencia de esos activos.