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Golpe brutal a una jubilada: denunció a Patricia Bullrich y a la Policía Federal

Beatriz Blanco presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich y un agente de la Policía Federal tras ser violentamente golpeada durante la represión en el Congreso.

Publicado hace

1 año

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Lo que tenés que saber:

  • Beatriz Blanco, de 87 años, denunció a Patricia Bullrich y a un policía por una agresión brutal.
  • Sufrió un traumatismo de cráneo y otras lesiones tras ser golpeada salvajemente por un efectivo.
  • Bullrich la calificó como una «señora patotera» y justificó el accionar policial.
  • La denuncia fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1.
  • El caso generó indignación y renovó el debate sobre la violencia institucional.

Beatriz Blanco, de 87 años, sufrió una agresión salvaje por parte de la Policía Federal durante la represión en el Congreso. La jubilada presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contra el efectivo que la golpeó.

Un ataque despiadado contra una jubilada indefensa

Las imágenes son escalofriantes: una mujer mayor cae pesadamente al suelo tras ser golpeada por un agente de la Policía Federal. Su cabeza impacta contra el pavimento y queda tendida, sin reacción. El ataque no fue accidental. Beatriz Blanco, de 87 años, fue víctima de la represión ordenada por el Ministerio de Seguridad mientras manifestantes eran brutalmente desalojados de las inmediaciones del Congreso.

Blanco se encontraba en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia cuando, según su testimonio, un efectivo la atacó con gas pimienta y luego la golpeó con una tonfa, provocándole un traumatismo encéfalo craneano y una herida cortante en la cabeza. Además, sufrió irritación ocular severa por la exposición al gas.

El operativo represivo dejó más de 120 detenidos y decenas de heridos, consolidando un patrón de violencia estatal contra manifestantes indefensos.

Bullrich niega la agresión y culpa a la víctima

En lugar de condenar la brutalidad policial, Patricia Bullrich justificó el ataque y responsabilizó a la propia víctima. En una entrevista con LN+, la ministra se refirió a Blanco como una «señora patotera» y defendió el accionar del agente:

«Agarró a un policía y le empezó a pegar palazos hasta que él se dio vuelta, porque no sabe quién le está pegando un palazo, y la señora se cae. Ella le pegó diez palazos al policía. Permitimos que al policía le peguen… Cuando él se saca de encima a quien le pega el palazo, en ese momento se cae. Él estaba mirando allá. ¿Que sea una señora de 80, 87… se dijeron varias edades… le da impunidad a pegarle a un policía? ¿Porque es grande?»

Las imágenes contradicen el relato oficial: en los videos difundidos en redes sociales se observa claramente a la Policía Federal reprimiendo de forma indiscriminada, empujando, golpeando y lanzando gas lacrimógeno contra manifestantes, sin importar su edad o condición.

Una denuncia que apunta a la cúpula del Ministerio de Seguridad

Blanco, acompañada por sus abogados Daniel Llermanos y Adrián Albor, presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich y el agente que la atacó por «lesiones leves agravadas». En el escrito judicial, se señala que la ministra es responsable directa de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.

«Desde su posición de poder, y bajo un halo de pretendida legalidad, la ministra de Seguridad ordena a sus subordinados que cometan delitos», afirma la denuncia.

Además, los abogados de Blanco remarcan que las modificaciones en los protocolos de actuación impulsadas por Bullrich buscan garantizar la impunidad policial. Entre ellas, eliminar la identificación obligatoria en los uniformes de los agentes, impidiendo que puedan ser denunciados individualmente por actos de represión ilegal.

El caso Pablo Grillo y la política de represión extrema

El ataque contra Beatriz Blanco no fue un hecho aislado. En la misma jornada, el fotógrafo independiente Pablo Grillo recibió un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza y hoy lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

Su padre, Fabián Grillo, denunció la indiferencia del gobierno nacional y criticó la estrategia de represión del Ministerio de Seguridad:

«El hecho de ir variando el discurso y el justificativo a partir de que se contradecían las imágenes y los hechos habla de las características de esa persona y del discurso, de toda una política que no cierra si no es con violencia y represión.»

Tanto el caso de Blanco como el de Grillo exponen una estrategia de control basada en la represión desmedida. La violencia del Estado contra ciudadanos desarmados se ha convertido en una práctica sistemática, donde los efectivos policiales actúan con total impunidad, protegidos por discursos oficiales que justifican lo injustificable.

El mensaje es claro: cualquier persona que se manifieste contra el gobierno está expuesta a la brutalidad de las fuerzas de seguridad. Y si una jubilada de 87 años puede ser golpeada sin piedad, nadie está a salvo.

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Gremiales

El Gobierno fijó el salario mínimo por decreto: subirá escalonado de $383.800 a $437.000 hasta abril de 2027

Sin acuerdo en el Consejo del Salario, el Ejecutivo volvió a actuar de manera unilateral y estableció aumentos escalonados que llevarán el piso salarial de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril del año próximo, una suba de apenas $60.400 en ocho meses que profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023.

Publicado hace

2 horas

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02.09.2026

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El Argentino Diario-Billeteras, Consumo, Salario.
$60.400 de aumento en ocho meses: el salario mínimo que Milei le fijó a los trabajadores que no tienen paritaria propia.

La Resolución 4/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial estableció los nuevos valores del Salario Mínimo Vital y Móvil con aumentos escalonados desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y llega como consecuencia directa del fracaso de las negociaciones del 28 de agosto, cuando los representantes sindicales y empresariales no lograron consenso en la sesión plenaria.

El texto oficial reconoció que en esa instancia se presentaron propuestas de ambas partes pero que, «luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo». La brecha entre posiciones era elocuente: la CGT reclamaba un piso de $911.000, mientras los representantes empresariales ofrecieron $400.000, apenas por encima del mínimo entonces vigente de $376.600.

Un ajuste de laboratorio que no llega a los bolsillos

La escalera fijada por el Ejecutivo contempla subas mensuales de entre $7.200 y $7.400 pesos, un goteo que resulta irrisorio frente a la dinámica de precios de los últimos meses. Los nuevos valores mensuales y por hora quedan establecidos de la siguiente manera: septiembre de 2026, $383.800 ($1.919 la hora); octubre, $391.200 ($1.956); noviembre, $398.800 ($1.994); diciembre, $406.400 ($2.032); enero de 2027, $414.200 ($2.071); febrero, $422.000 ($2.110); marzo, $429.600 ($2.148); y abril, $437.000 ($2.185).

La escala rige para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y el conjunto de entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleador.

El dato que el Gobierno prefiere no destacar lo aporta el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET): entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el SMVM real acumuló una caída del 40,5%. Los aumentos ahora dispuestos, incluso sumados en su totalidad, no alcanzan a compensar ni una fracción de esa destrucción de poder de compra.

El Consejo del Salario: dos años de acuerdos imposibles

Lo ocurrido el 28 de agosto no fue una excepción sino la regla de la gestión Milei. Desde hace más de dos años, el Consejo del Salario Mínimo no logra ningún acuerdo entre las partes y el Ejecutivo termina fijando los valores de manera unilateral mediante resolución. El organismo, que fue creado para garantizar que trabajadores sin paritarias propias cuenten con un piso digno de ingresos, se convirtió en una instancia de formalización de decisiones que el Gobierno toma de antemano.

La reunión del 28 de agosto también reflejó una disputa de fondo sobre el formato del encuentro: la CGT había reclamado que la sesión se realizara de manera presencial, pero el Gobierno mantuvo la modalidad virtual a través de Zoom. Los sindicatos interpretaron ese rechazo como una señal del escaso peso que el Ejecutivo asigna al espacio. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lo dijo sin rodeos en un comunicado: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno».

El desempleo, anclado al mínimo

La misma resolución reguló la prestación por desempleo. El beneficio equivaldrá al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador en los seis meses anteriores al cese. La normativa fijó además un piso y un techo: la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente, ni superior al 100% del mismo. Esto significa que la protección ante la pérdida de empleo también queda atada a un piso que pierde valor en términos reales.

Un salario mínimo que en ocho meses crece $60.400 pesos en un país donde la canasta básica alimentaria registró una variación interanual del 32,8% según datos del INDEC de marzo de 2026, y donde los servicios públicos acumularon subas de más del 500% desde diciembre de 2023. La Resolución 4/2026 no es una política salarial; es la administración ordenada del empobrecimiento.

Puntos clave

  • El Ejecutivo fijó el SMVM por Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras el fracaso de las negociaciones del 28 de agosto.
  • Los valores escalonados van de $383.800 en septiembre de 2026 a $437.000 en abril de 2027, una suba total de $60.400 en ocho meses.
  • Según el IIEP (UBA-CONICET), el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026.
  • La prestación por desempleo queda fijada entre el 50% y el 100% del SMVM, lo que la ancla a un piso que pierde valor frente a la inflación.
  • Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno define el SMVM de manera unilateral, sin acuerdo entre trabajadores y empleadores.
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