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Golpe brutal a una jubilada: denunció a Patricia Bullrich y a la Policía Federal

Beatriz Blanco presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich y un agente de la Policía Federal tras ser violentamente golpeada durante la represión en el Congreso.

Publicado hace

2 años

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Lo que tenés que saber:

  • Beatriz Blanco, de 87 años, denunció a Patricia Bullrich y a un policía por una agresión brutal.
  • Sufrió un traumatismo de cráneo y otras lesiones tras ser golpeada salvajemente por un efectivo.
  • Bullrich la calificó como una «señora patotera» y justificó el accionar policial.
  • La denuncia fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1.
  • El caso generó indignación y renovó el debate sobre la violencia institucional.

Beatriz Blanco, de 87 años, sufrió una agresión salvaje por parte de la Policía Federal durante la represión en el Congreso. La jubilada presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contra el efectivo que la golpeó.

Un ataque despiadado contra una jubilada indefensa

Las imágenes son escalofriantes: una mujer mayor cae pesadamente al suelo tras ser golpeada por un agente de la Policía Federal. Su cabeza impacta contra el pavimento y queda tendida, sin reacción. El ataque no fue accidental. Beatriz Blanco, de 87 años, fue víctima de la represión ordenada por el Ministerio de Seguridad mientras manifestantes eran brutalmente desalojados de las inmediaciones del Congreso.

Blanco se encontraba en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia cuando, según su testimonio, un efectivo la atacó con gas pimienta y luego la golpeó con una tonfa, provocándole un traumatismo encéfalo craneano y una herida cortante en la cabeza. Además, sufrió irritación ocular severa por la exposición al gas.

El operativo represivo dejó más de 120 detenidos y decenas de heridos, consolidando un patrón de violencia estatal contra manifestantes indefensos.

Bullrich niega la agresión y culpa a la víctima

En lugar de condenar la brutalidad policial, Patricia Bullrich justificó el ataque y responsabilizó a la propia víctima. En una entrevista con LN+, la ministra se refirió a Blanco como una «señora patotera» y defendió el accionar del agente:

«Agarró a un policía y le empezó a pegar palazos hasta que él se dio vuelta, porque no sabe quién le está pegando un palazo, y la señora se cae. Ella le pegó diez palazos al policía. Permitimos que al policía le peguen… Cuando él se saca de encima a quien le pega el palazo, en ese momento se cae. Él estaba mirando allá. ¿Que sea una señora de 80, 87… se dijeron varias edades… le da impunidad a pegarle a un policía? ¿Porque es grande?»

Las imágenes contradicen el relato oficial: en los videos difundidos en redes sociales se observa claramente a la Policía Federal reprimiendo de forma indiscriminada, empujando, golpeando y lanzando gas lacrimógeno contra manifestantes, sin importar su edad o condición.

Una denuncia que apunta a la cúpula del Ministerio de Seguridad

Blanco, acompañada por sus abogados Daniel Llermanos y Adrián Albor, presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich y el agente que la atacó por «lesiones leves agravadas». En el escrito judicial, se señala que la ministra es responsable directa de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.

«Desde su posición de poder, y bajo un halo de pretendida legalidad, la ministra de Seguridad ordena a sus subordinados que cometan delitos», afirma la denuncia.

Además, los abogados de Blanco remarcan que las modificaciones en los protocolos de actuación impulsadas por Bullrich buscan garantizar la impunidad policial. Entre ellas, eliminar la identificación obligatoria en los uniformes de los agentes, impidiendo que puedan ser denunciados individualmente por actos de represión ilegal.

El caso Pablo Grillo y la política de represión extrema

El ataque contra Beatriz Blanco no fue un hecho aislado. En la misma jornada, el fotógrafo independiente Pablo Grillo recibió un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza y hoy lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

Su padre, Fabián Grillo, denunció la indiferencia del gobierno nacional y criticó la estrategia de represión del Ministerio de Seguridad:

«El hecho de ir variando el discurso y el justificativo a partir de que se contradecían las imágenes y los hechos habla de las características de esa persona y del discurso, de toda una política que no cierra si no es con violencia y represión.»

Tanto el caso de Blanco como el de Grillo exponen una estrategia de control basada en la represión desmedida. La violencia del Estado contra ciudadanos desarmados se ha convertido en una práctica sistemática, donde los efectivos policiales actúan con total impunidad, protegidos por discursos oficiales que justifican lo injustificable.

El mensaje es claro: cualquier persona que se manifieste contra el gobierno está expuesta a la brutalidad de las fuerzas de seguridad. Y si una jubilada de 87 años puede ser golpeada sin piedad, nadie está a salvo.

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Educación

Estudiantes tomaron el Pizzurno y exigen que Milei cumpla la Ley de Financiamiento

Un centenar de alumnos de distintas universidades realizó una sentada en el hall del Palacio Sarmiento y prometió no retirarse hasta ser recibidos por el secretario de Educación. La acción se da a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria y en medio de un conflicto que ya lleva más de un año sin resolución.

Publicado hace

11 horas

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07.10.2026

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Sentada en el Pizzurno: la paciencia estudiantil llegó a su límite y el Gobierno sigue sin mover el amperímetro.

Más de un año después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno de Javier Milei todavía no la cumple. Esa es la premisa que llevó a un centenar de estudiantes de distintas universidades a ingresar este miércoles al Palacio Sarmiento, popularmente conocido como Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Realizaron una sentada en el hall del edificio y prometieron permanecer en el lugar hasta ser recibidos por el secretario de Educación.

La medida de fuerza fue protagonizada por estudiantes que reclaman, además del cumplimiento de la ley de financiamiento, el aumento de la Beca Progresar. Desde adentro del Palacio, ubicado en la calle Pizzurno 935 de la Ciudad de Buenos Aires, convocaron a otros estudiantes, docentes y ciudadanos a movilizarse hacia las inmediaciones del edificio en apoyo a la protesta.

«Ya marchamos, ya cortamos calles, ya presentamos petitorios»

Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó que la acción comenzó como una sentada frente al edificio y escaló hasta el ingreso al interior del Palacio «en busca de respuestas». «Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir», sostuvo González Puente, y convocó a «toda la sociedad argentina, a toda la gente que vive en Capital, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, a que se pueda acercar, a que nos pueda acompañar en este reclamo que es de todos y de cada uno de nosotros».

La estudiante enmarcó la protesta en términos de derechos fundamentales: «Lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo.»

La paciencia que se agota

Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, fue aún más directa al trazar el recorrido agotado de las instancias previas. «Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció», afirmó desde el interior del Palacio. Y añadió: «Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia.»

El señalamiento no es menor: la Justicia federal ya dictó sentencias que obligan al Ejecutivo a aplicar la norma, pero el Gobierno de Milei las ignoró sistemáticamente. La Ley de Financiamiento Universitario, que establece una actualización de los presupuestos de las universidades nacionales y los salarios docentes, fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, en una pulseada institucional que el oficialismo perdió en el recinto pero decidió ignorar en la práctica.

La antesala del 15 de octubre

La toma del Palacio Pizzurno se produce exactamente a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre por estudiantes, docentes y no docentes, con movilización hacia el Congreso de la Nación. Ese mismo día, la protesta universitaria confluirá con el reclamo por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, configurando una jornada de multisectorial de presión sobre el Ejecutivo.

El contexto no es nuevo. Desde el inicio de la gestión libertaria, el presupuesto universitario acumuló un recorte real superior al 30%, según datos consignados en documentos del propio sector y en informes académicos, mientras el salario docente perdió décadas de poder adquisitivo frente a una inflación que, desde diciembre de 2023, acumuló cifras récord. La acción de este miércoles es, en ese marco, la expresión más contundente hasta ahora de un movimiento estudiantil que decidió que ya no alcanza con marchar y esperar.

Lo que tenés que saber:

  • Estudiantes de distintas universidades ingresaron al Palacio Pizzurno y realizaron una sentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
  • Prometieron no retirarse hasta ser recibidos por el secretario de Educación de la Nación.
  • El reclamo incluye también el aumento de la Beca Progresar y la convocatoria a la ciudadanía a sumarse a la protesta.
  • La Justicia ya falló en reiteradas oportunidades a favor de la aplicación de la ley, pero el Gobierno de Milei no la implementó.
  • La acción se produce a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre hacia el Congreso.
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