Lo que tenés que saber

• La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano del monobloque Coherencia.
• Se cuestiona un contrato por servicios de mensajería masiva por más de $3.650 millones adjudicado a ATX S.A.
• Se advierten posibles vínculos societarios entre ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., que podrían afectar la competencia.
• La concesión de Tecnópolis, gestionada por la AABE, está bajo la lupa: presupuesto estimado superior a $183.300 millones.
• La denuncia menciona delitos como fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

Acusaciones por licitaciones y presunta simulación de competencia

La presentación judicial que tomó estado público este jueves apunta a presuntas irregularidades en contrataciones públicas de servicios de comunicación digital. En particular, se cuestiona una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios que habría adjudicado a ATX S.A. —junto a otras firmas vinculadas— un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas al Estado.

Según el escrito, el hecho de que diversas empresas relacionadas entre sí compitieran reiteradamente en procesos similares, junto con variaciones de precios entre licitaciones, podría haber configurado una simulación de competencia en perjuicio del Estado, afectando los principios de transparencia, concurrencia y libre competencia que deben regir en toda contratación pública.

Concesión de Tecnópolis y presunto conflicto de interés

Otro de los ejes centrales de la denuncia es la concesión del predio de Tecnópolis, un centro de exposiciones y actividades culturales que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dispuso concesionar bajo un esquema de inversión privada. El proceso completo está valuado en más de $183.300 millones y se encuentra bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.

En ese contexto, el escrito judicial destaca posibles vínculos entre la consultora +Be —propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni— y empresas como Grupo Foggia, vinculadas a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina. También se mencionan otras conexiones comerciales con compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, de confirmarse, podría configurar un conflicto de interés o relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Delitos imputados y medidas solicitadas

El escrito al que accedieron agencias y medios indica que los hechos denunciados podrían encuadrarse en múltiples figuras delictivas, entre ellas:

• Fraude contra la administración pública
• Negociaciones incompatibles con la función pública
• Abuso de autoridad
• Asociación ilícita
• Enriquecimiento ilícito

La denunciante solicitó que la Justicia federal abra una investigación penal, recaude medidas de prueba y determine responsabilidades penales tanto de funcionarios como de empresarios vinculados a los procesos cuestionados.

Reacciones y contexto político

La presentación se suma a otras polémicas alrededor de Adorni en el último año, incluidas acusaciones previas sobre viajes oficiales y eventos privados ligados a su gestión. Estas investigaciones paralelas han reforzado el debate público sobre la transparencia en la gestión de contratos estatales y compras públicas, así como sobre los mecanismos de control en concesiones de activos estatales.

Resumen final:
La diputada Marcela Pagano denunció al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en licitaciones estatales de más de $3.650 millones y en la concesión del predio de Tecnópolis, valuada en unos $183.300 millones, detallando posibles vínculos societarios, simulación de competencia y conflicto de interés. La denuncia incorpora delitos como fraude y abuso de autoridad y pide una investigación penal y medidas de prueba.