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Denuncian a Caputo por manipular el IPC: abuso de autoridad y violación del secreto estadístico

Diputados opositores judicializaron la decisión de postergar el nuevo índice de precios al consumidor.

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El Argentino Diario-Luis Caputo.

Lo que tenés que saber

  • Diputados de Unión por la Patria denunciaron penalmente a Luis Caputo.
  • La acusación se centra en no aplicar el nuevo IPC previsto para enero de 2026.
  • Señalan posibles delitos como abuso de autoridad y violación del secreto estadístico.
  • Sostienen que la decisión impacta en jubilaciones, salarios y contratos.
  • El oficialismo defiende la actuación del Ministerio de Economía.

La denuncia penal contra Caputo

Los diputados nacionales Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, integrantes de Unión por la Patria, presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

La acusación apunta a presuntas irregularidades que, según sostienen, distorsionaron el funcionamiento del INDEC.

El eje del planteo es la decisión oficial de no aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que estaba previsto para entrar en vigencia en enero de 2026.

Los delitos que mencionan

Según la presentación judicial, Caputo habría incurrido en:

  • Violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).
  • Violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157).
  • Falsificación de documentos públicos (art. 293).
  • Violación del secreto estadístico (art. 17 de la ley 17.622).

Strada afirmó que el ministro “ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados”.

Recordó que en octubre de 2025 el Indec resolvió aplicar una nueva metodología desde enero de 2026.

El impacto en jubilaciones y paritarias

Para la economista y diputada, la decisión de postergar el nuevo índice busca esperar a que finalice la recomposición tarifaria, que tendría fuerte efecto en los precios.

“Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad”, sostuvo.

Además advirtió que la manipulación del instrumento estadístico genera “graves consecuencias sociales, económicas y políticas”.

El IPC incide de forma directa en:

  • La fórmula de movilidad jubilatoria.
  • Pensiones y asignaciones.
  • Negociaciones paritarias públicas y privadas.
  • Contratos y decisiones financieras.

La polémica por la difusión anticipada

Strada también señaló que Caputo publicó en su cuenta de X diferencias en los resultados del IPC según la metodología aplicada.

Incluso, según la denuncia, habría adelantado el dato de inflación de enero antes de su difusión oficial.

Para la oposición, esa conducta vulnera el secreto estadístico establecido en la ley 17.622.

“El IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional”, remarcó la legisladora, y subrayó que el marco normativo argentino prohíbe interferencias políticas en la producción y difusión de datos.

El trasfondo político y económico

Desde el oficialismo rechazan las acusaciones y sostienen que el Indec mantiene estándares técnicos adecuados.

El conflicto se produce en un contexto de alta sensibilidad inflacionaria, donde cada punto del IPC impacta en ingresos, contratos y expectativas de mercado.

La causa recién comienza y será la Justicia la que determine si existen elementos para avanzar en una investigación formal.

Conclusión

La judicialización del IPC abre un nuevo frente político para el ministro de Economía.
En medio de la disputa por la credibilidad de las estadísticas oficiales, el debate sobre la independencia del Indec vuelve al centro de la escena.

Gremiales

El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno

La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.

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El Argentino Diario-Salario-Billetes.
El salario mínimo que no existe: sin acuerdo en el Consejo, el Gobierno vuelve a decidir solo cuánto ganan los que menos tienen.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.

La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000

Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.

El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.

Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.

Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»

La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.

«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»

Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»

Un organismo sin acuerdos hace más de dos años

La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.

El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.

Puntos clave

  • El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
  • La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
  • El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
  • Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
  • La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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