La denegación de la excarcelación solicitada por el exmarino Alfredo Astiz, condenado por delitos de lesa humanidad, fue celebrada por funcionarios y organismos de derechos humanos en la misma semana en la que se cumplió el 45°aniversario del secuestro del denominado grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, donde el genocida tuvo participación directa.

El rechazo a la excarcelación motivó que el represor, una vez conocida la noticia, enviara al Tribunal Oral Federal N°5 una provocadora nota.

«Dejo constancia que yo no pedí jamás la libertad condicional. Esto es así ya que me encuentro privado ilegítimamente de mi libertad hace aproximadamente 20 años y lo único que exijo es mi libertad sin restricciones. No soy un criminal, ni mucho menos un genocida», escribió a mano alzada a los jueces que le negaron el beneficio.

En tanto, el reconocimiento del fallo fue remarcado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y organismos de derechos humanos que celebraron la decisión de la Justicia.

El pedido de Astiz había sido solicitado por sus abogados en el marco de la causa ESMA unificada, a pocos días del 45° aniversario del secuestro y desaparición del grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, donde el detenido en la Unidad 31 de Ezeiza se infiltró para dar cumplimiento al operativo realizado el 8 de diciembre de 1977 en el que desaparecieron importantes referentes fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

Pietragalla Corti dijo a Télam que «es una buena noticia la decisión del tribunal» y recordó que «desde la querella de la Secretaría ya le habíamos solicitamos a los jueces que rechazaran lo solicitado».

El funcionario sostuvo que «es importante que los jueces hayan considerado que no estaban dadas las condiciones para dar cumplimiento al pedido».

«Por otra parte, es urgente que las causas en instrucción y en la etapa de revisión de sentencias avancen con rapidez», señaló el secretario, al analizar que la «lentitud del proceso, provocado por el propio Poder Judicial, también contribuye a que debamos enfrentar estas solicitudes».

El tribunal dictaminó el martes pasado el rechazo a la libertad de Astiz, en un fallo al que tuvo acceso Télam y donde se entendió que «el otorgamiento del beneficio solicitado, por las características propias del delito por el cual fue condenado el solicitante, implicaría una desnaturalización de los principios» invocados oportunamente y «en última instancia, una disminución del efecto de la pena impuesta».

Asimismo, el escrito puntualiza que «en tiempos en que se necesitan certezas, aunque más no sean algunas, las necesarias y mínimas que nos permitan seguir confiando en el progreso de la humanidad», es necesario «no olvidar lo que hicimos, porque si así no fuera, lo podríamos volver a hacer».

El tribunal entendió que «resulta una obligación moral de nuestra civilización alcanzar estándares de internalización normativa que nos permitan alejar para siempre la posibilidad de reincidir en tan atroz genocidio».

En tanto, desde Abuelas de Plaza de Mayo, Carolina Villela, abogada del equipo jurídico, dijo a Télam que «hubiera sido una injusticia un fallo en el sentido contrario, ya que no estaban dadas las condiciones temporales para el pedido de excarcelación».

Por este motivo, Abuelas adhirió a la presentación del Ministerio Público Fiscal que «se pronunció en el sentido contrario a la excarcelación».

También analizó que haberle dado la excarcelación a Astiz «hubiera significado beneficiar injustamente a uno de los grandes delincuentes que existen en la Argentina».

El lunes pasado, la organización HIJOS alertó que Astiz podía ser excarcelado y resaltó que «el único lugar para un genocida es la cárcel».

«El genocida Alfredo Astiz pidió ser excarcelado. Salir a la calle. Caminar suelto, como si fuera un vecino. Pero es un asesino del pueblo», expresó la organización a través de su cuenta de Twitter.

El marino «está condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. El único lugar para un genocida es la cárcel común», puntualizaron.

Además, HIJOS destacó que «a pocos días de los 45 años de los secuestros y desapariciones forzadas de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, este genocida de la ESMA pretende salir a la calle», y subrayó que «este pueblo no soporta impunidad».

El jueves pasado, familiares y compañeros de las víctimas del grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz los recordaron en un emotivo acto realizado frente a la parroquia en el barrio de San Cristóbal.

Los miembros del grupo conformado por Madres de Plaza de Mayo, militantes y religiosos se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz para recabar información sobre los detenidos desaparecidos, y fueron secuestrados el 8 de diciembre de 1977 como parte de un operativo de la Armada que contó con la participación de Astiz, quien se infiltró en este colectivo fingiendo ser hermano de una víctima.

El exoficial de la Marina tiene dos condenas a prisión perpetua dictadas desde la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad: la de 2011 fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y la de 2017 aún está en proceso de revisión en ese alto tribunal.

En tanto, entre los integrantes del grupo que fueron secuestrados y desaparecidos se encontraban las referentes iniciales de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Bianco; y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

El secuestro del grupo se produjo el 8 de diciembre, excepto por el rapto de Azucena Villaflor, que se llevó a cabo dos días después, el 10 de diciembre de 1977, cuando se completó el operativo que el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA había iniciado dos días antes con la detención forzada de siete personas que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz.

Azucena no había estado el 8 de diciembre en la iglesia porque se encontraba preparando una solicitada con los nombres de los detenidos-desaparecidos por la dictadura.

Los genocidas contaron con la información que brindó Astiz, quien se infiltró en ese grupo haciéndose pasar por Gustavo Niño, nombre con el cual hasta llegó a firmar aquel documento. Azucena fue interceptada el 10 de diciembre.

Los 12 secuestrados fueron trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en la exESMA, donde fueron torturados para ser arrojados al mar.