Gremiales
La CTA Autónoma cruzó a Bullrich por las multas
Denunció persecución política e intento oficial de intimidación a los trabajadores
La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) denunció hoy «persecución política e intento de intimidación a la clase trabajadora», luego de que el Gobierno decidió multar a organizaciones gremiales y sociales con un supuesto «pago solidario» de millones de pesos por participar en la protesta del 27 de diciembre último.
«A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno intimó a la CTAA, a la Federación Nacional Territorial, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la Conadu Histórica y a organizaciones de otras centrales y movimientos sociales a pagar multas de 56.760.282 y 40.419.227 pesos por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre», afirmó.
Un documento gremial sostuvo que «esas penas o supuestos ‘pagos solidarios’ son actos de persecución e intimidación del Gobierno de Javier Milei, que procura sostener una norma inconstitucional, además de pretender atribuir a los trabajadores un delito no cometido, porque solo ejercen su derecho constitucional a la protesta», puntualizó.
La CTAA, que colideran el estatal Hugo Godoy y los adjuntos Ricardo Peidro (visitadores médicos) y Mariana Mandakovic (universitarios), realizó presentaciones judiciales en rechazo de esas intimaciones, y presentó denuncias en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de «la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, que crea y determina castigos a supuestos delitos no encuadrados en el Código Penal».
«El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificarlo y establecer esas penas. La CTAA rechaza y repudia esa acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder y avanzará en nuevas denuncias en los organismos internacionales como la OIT, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, a organizarse y al reclamo de los trabajadores», puntualizó el documento del sector.
La central obrera también ratificó el paro y movilización hacia el Congreso del 24 de este mes en rechazo del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la ley ómnibus, a través de los cuales «el presidente Milei pretende gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso y arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino con el único objetivo de establecer un Estado de sitio de hecho», concluyó.
Gremiales
Paro de subtes: el gremio rechazó la intimación de la Ciudad a garantizar el 50% del servicio
La medida comenzó el jueves a las 21 en todas las líneas y el Premetro y terminó con el cierre del servicio. Los metrodelegados la ratificaron como total por la muerte de un exoperario expuesto al asbesto.
El paro de subtes y Premetro comenzó el jueves 12 de noviembre a las 21 y se extendió hasta el cierre del servicio, pese a la intimación del Gobierno porteño a garantizar la mitad de las prestaciones. Los metrodelegados ratificaron que la medida era total en las seis líneas, A, B, C, D, E y H, y en el Premetro.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) convocó al paro por la muerte de un exoperario del taller Rancagua de la Línea B que, según el sindicato, estuvo expuesto al asbesto durante tres décadas. Emova, la concesionaria, informó que el trabajador, Oscar Pauer, se jubiló en agosto de 2024. El gremio la cuenta como la séptima muerte de un trabajador vinculada con el asbesto en la red y reclama que la vigilancia médica se extienda a los jubilados.
La intimación de la Ciudad
La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dictó la Resolución 1353/2026, en el marco del artículo 3 del Decreto 230/26, para intimar a los trabajadores, a los gremios, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires a garantizar “una cobertura mínima del 50 por ciento”. También convocó a una instancia urgente para procurar el cumplimiento de los servicios mínimos y “encauzar institucionalmente el conflicto”.
“Es un derecho constitucional, esa intimación está fuera de toda lógica”, respondió Claudio Della Carbonara, dirigente de AGTSyP. Emova informó que adoptaría las medidas operativas y técnicas para cumplir lo dispuesto y notificó a los trabajadores que debían prestar servicio para asegurar la continuidad.
El decreto que fija el piso del 50%
El Decreto 230/26 lo firmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el 22 de junio de 2026. Establece que, ante huelgas o reclamos colectivos, el Subte y el Premetro deben mantener una cobertura mínima del 50% en cada línea. Es el mismo marco que la Ciudad invocó el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que Macri respaldó públicamente.
Cómo terminó
El paro concluyó con el cierre del servicio del jueves. Según se informó, el servicio se reanudaría el viernes 13 en el horario habitual, salvo que se anunciaran nuevas medidas de fuerza. Hasta el último reporte disponible no se informaron sanciones ni nuevas medidas.
La Ciudad impuso por decreto un piso de servicio durante las huelgas y el gremio sostiene que ese piso vulnera un derecho constitucional. Emova y el Gobierno porteño sostienen, por su parte, que hay un plan de desasbestizado en marcha y que las más de 5.000 mediciones de calidad del aire arrojaron resultados adecuados.
Lo que tenés que saber:
- El paro de subtes y Premetro comenzó el jueves 12 a las 21 y terminó con el cierre del servicio.
- La AGTSyP lo convocó por la muerte de un exoperario expuesto al asbesto, la séptima que el gremio vincula con ese material.
- La Ciudad intimó a garantizar el 50% del servicio con la Resolución 1353/2026, en el marco del Decreto 230/26.
- Los metrodelegados rechazaron la intimación y ratificaron que el paro era total.
- Emova notificó a los trabajadores que debían prestar servicio y sostiene que las mediciones de aire son adecuadas.
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