Gremiales
La CTA Autónoma cruzó a Bullrich por las multas
Denunció persecución política e intento oficial de intimidación a los trabajadores
La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) denunció hoy «persecución política e intento de intimidación a la clase trabajadora», luego de que el Gobierno decidió multar a organizaciones gremiales y sociales con un supuesto «pago solidario» de millones de pesos por participar en la protesta del 27 de diciembre último.
«A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno intimó a la CTAA, a la Federación Nacional Territorial, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la Conadu Histórica y a organizaciones de otras centrales y movimientos sociales a pagar multas de 56.760.282 y 40.419.227 pesos por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre», afirmó.
Un documento gremial sostuvo que «esas penas o supuestos ‘pagos solidarios’ son actos de persecución e intimidación del Gobierno de Javier Milei, que procura sostener una norma inconstitucional, además de pretender atribuir a los trabajadores un delito no cometido, porque solo ejercen su derecho constitucional a la protesta», puntualizó.
La CTAA, que colideran el estatal Hugo Godoy y los adjuntos Ricardo Peidro (visitadores médicos) y Mariana Mandakovic (universitarios), realizó presentaciones judiciales en rechazo de esas intimaciones, y presentó denuncias en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de «la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, que crea y determina castigos a supuestos delitos no encuadrados en el Código Penal».
«El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificarlo y establecer esas penas. La CTAA rechaza y repudia esa acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder y avanzará en nuevas denuncias en los organismos internacionales como la OIT, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, a organizarse y al reclamo de los trabajadores», puntualizó el documento del sector.
La central obrera también ratificó el paro y movilización hacia el Congreso del 24 de este mes en rechazo del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la ley ómnibus, a través de los cuales «el presidente Milei pretende gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso y arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino con el único objetivo de establecer un Estado de sitio de hecho», concluyó.
Gremiales
PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.
El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.
Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema
El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.
- Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
- Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
- Jornadas completas con alta carga administrativa
Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.
Sobrecarga y precarización
El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.
Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.
Riesgo de éxodo y deterioro de la atención
El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.
El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.
Deudas y falta dde medicamentos
A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.
En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.
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