Política 📢
Desde la Patagonia rechazan más de 30 artículos de la Ley ómnibus
Gobernadores estallaron contra reformas que van en contra de su matriz productiva.
Los gobernadores patagónicos que celebraron hoy una cumbre en la ciudad neuquina de Villa la Angostura solicitaron la modificación de «los más de 30 artículos» que en el Proyecto de Ley ómnibus girado por el Gobierno al Congreso «ponen al Poder Ejecutivo Nacional como autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera en nuestro país».
A través de una declaración conjunta, observaron aspectos del capítulo 9 sobre Energía del proyecto de Ley que «necesariamente tienen que ser revisados teniendo en cuenta que, de acuerdo a la normativa vigente, si bien el diseño de las políticas energéticas a nivel federal continúa siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, son las provincias quienes detentan el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos en sus territorios».
«Como nosotros no somos una isla en la Nación, tampoco nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación», destaca el documento firmado por los mandatarios.
Y subraya: «Las provincias patagónicas abastecemos de energía a la República a precios que han representado un verdadero sacrificio para nuestros habitantes a lo largo de la historia, y lo hemos hecho con alto sentido patriótico».
La declaración también busca poner un límite a la modificación que habilita al Ejecutivo a fijar la política nacional hidrocarburífera para «maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país».
«Creemos que dicho objetivo debe ser cumplido asegurando no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad», puntualiza el texto.
Asimismo, hace hincapié en la «necesidad imperiosa» del «concurso del gobierno nacional y del sector privado para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento poblacional, el cual muchas veces suele ser exponencial».
Entre otros puntos, la declaración también pide modificar artículos vinculados a las causales de caducidad de las concesiones o permisos; los que determinan los montos de los Cánones de Exploración y Explotación; y el que delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar las alícuotas de los derechos de exportación.
Los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) se reunieron hoy para establecer las prioridades de una agenda regional común de cara a la relación con el Gobierno nacional y para intervenir en el debate parlamentario.
El único ausente fue el gobernador Claudio Vidal (Santa Cruz), quien no pudo asistir por problemas de agenda pero que, según sus pares, acompaña y participa del diálogo del bloque regional.
Gremiales
Escándalo por Intercargo: gremio aeronáutico presentó una denuncia penal contra Milei y Caputo
El sindicato aeronáutico cuestionó el valor fijado para la empresa estatal y apuntó contra el proceso de tasación impulsado por el Ejecutivo. La denuncia también alcanzó al ex titular del BICE, Maximiliano Voss.
Lo que tenés que saber
- APA presentó una denuncia penal por la valuación de Intercargo.
- La acusación alcanzó a Javier Milei, Luis Caputo y Maximiliano Voss.
- El gremio cuestionó que la empresa estatal fuera valuada en 45 millones de dólares.
- Según APA, Intercargo tendría activos corrientes por 55 millones y superávit superior a 20 millones.
- La denuncia menciona presuntas irregularidades en el proceso de tasación.
- El sindicato habló de una posible “estafa” vinculada a la privatización.
- APA advirtió sobre el impacto laboral para 1.500 familias.
APA denunció penalmente a Milei y Caputo por la valuación de Intercargo
La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del BICE Maximiliano Voss por presuntas irregularidades en el proceso de valuación de Intercargo.
El gremio sostuvo que el Gobierno estableció un valor “inexplicable” para la empresa estatal y advirtió sobre una posible “estafa” vinculada al avance privatizador.
La denuncia por presunta administración fraudulenta
Según el comunicado difundido por la Asociación del Personal Aeronáutico, la presentación judicial incluyó acusaciones por “defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica”.
El sindicato cuestionó especialmente que el valor base fijado para la venta de Intercargo fuera de 45 millones de dólares.
De acuerdo al planteo gremial, la compañía contaría con activos corrientes valuados en 55 millones de dólares y un superávit superior a los 20 millones.
Las críticas al mecanismo de tasación
La organización aeronáutica también apuntó contra el sistema utilizado para determinar la valuación de la empresa estatal.
“¿Por qué no lo hizo el Tribunal de Tasaciones de la Nación?”, planteó el sindicato en el documento difundido públicamente.
Además, APA sostuvo que existiría un presunto intento de “vaciamiento del patrimonio público nacional” mediante una subvaluación de Intercargo.
El conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos
La denuncia apareció en medio de un escenario de tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector aeronáutico.
Desde la Asociación del Personal Aeronáutico afirmaron que continuarán con medidas de resistencia “en los tribunales, en los aeropuertos, en los puestos de trabajo y en la calle”.
El gremio también advirtió que el proceso de privatización podría afectar a unas 1.500 familias vinculadas laboralmente a la empresa.
“Intercargo no se vende, se defiende”, expresó el sindicato.
La situación de Intercargo en medio del proceso privatizador
Intercargo se encuentra en el centro de las discusiones vinculadas a las privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
La presentación judicial impulsada por APA cuestionó el valor asignado a la compañía y reclamó investigar el mecanismo utilizado para avanzar con la cotización de la firma estatal.
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