El 31 de diciembre vence la prórroga que mantiene en pie la Ley 12.908, y hasta ahora no se conoce un dictamen del Senado sobre su reemplazo. Mientras tanto, la inteligencia artificial ya reordena el trabajo en las redacciones y las dos grandes representaciones del periodismo argentino, la patronal y los sindicatos, discuten sobre ella en foros distintos y con prioridades que casi no se tocan.

El Estatuto del Periodista Profesional, sancionado en 1946, fue derogado por el Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral (27.802), sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Tras una negociación, la vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre, y la derogación rige desde el 1 de enero de 2027. En paralelo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cerró el 11 de septiembre en San Miguel de Tucumán su 64ª Asamblea General Ordinaria, con la inteligencia artificial como eje, y Daniel Dessein, presidente de La Gaceta de Tucumán, quedó al frente de su Consejo Ejecutivo para el período 2026/2027.

Lo que dijo ADEPA: propiedad intelectual, sustentabilidad y críticas al Gobierno

En su informe semestral de Libertad de Prensa, ADEPA identificó dos desafíos centrales: el impacto de la inteligencia artificial y la apropiación de contenidos periodísticos, por un lado, y el deterioro del debate público, por otro. La entidad advirtió sobre el uso de material protegido para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda sin compensación para quienes lo producen, y reclamó un ecosistema digital “competitivo y transparente” en un mercado publicitario donde las grandes plataformas concentran buena parte de los recursos.

Martín Etchevers, quien presidía ADEPA al inaugurarse la asamblea, planteó que “La radio no reemplazó a los diarios” y dijo confiar en que la inteligencia artificial tampoco lo hará. En el cierre, Dessein sostuvo que la inteligencia artificial “ya no es solamente un instrumento: es también un agente”.

El documento también cuestionó al poder político. ADEPA objetó que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijera el 25 de agosto, ante una publicación que consideró falsa, que “la Justicia debería actuar” y que hacía falta una ley que castigue ese tipo de conductas, planteo que respaldó el presidente Javier Milei. La entidad advirtió que una norma así daría a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión.

El informe relevó además que, entre el 17 y el 23 de agosto, la cuenta del Presidente republicó 335 mensajes contra la prensa, que en esos días se señaló por su nombre a al menos 16 periodistas y se cuestionó a nueve empresas de comunicación. También cuestionó que Milei alentara manifestaciones de hostilidad hacia los periodistas ante alumnos de la Escuela ORT de Buenos Aires, y las restricciones al ingreso de acreditados a la Casa Rosada, a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Economía.

Dos agendas sobre la misma tecnología

El reclamo de ADEPA por la propiedad intelectual y la sustentabilidad de los medios es legítimo, y los sindicatos lo comparten en un punto: el proyecto de FATPREN y el SiPreBA también reclama reconocimiento de autoría y retribución por el uso de contenidos por parte de las plataformas. Pero la diferencia aparece en quién carga con el costo de la transición: en el texto del informe difundido por la entidad no figura una propuesta sobre el empleo de los periodistas frente a la inteligencia artificial, ni una mención al Estatuto.

El artículo 23 del proyecto sindical, en cambio, establece que estas herramientas deben actuar como complemento del trabajo profesional y no pueden sustituir puestos, categorías o funciones preexistentes, además de obligar a los empleadores a capacitar al personal. El contexto lo marca la Encuesta Integral 2026 del SiPreBA, elaborada sobre 1.014 respuestas de periodistas del AMBA: el 65,6% cobra por debajo de la línea de pobreza.

Qué protege hoy el Estatuto y qué se pierde con la derogación

La Ley 12.908 regula la actividad de prensa en diarios, revistas, agencias de noticias, radio, televisión y portales web, con el objetivo de proteger los derechos laborales de los trabajadores y garantizar la independencia informativa frente a las presiones. Entre sus herramientas figuran la protección contra despidos arbitrarios, un período de prueba acotado, vacaciones pagas, licencias por enfermedad y el reconocimiento de colaboradores.

Encarece los despidos injustificados con una indemnización de un mes de sueldo por año de servicio, más una compensación especial de seis meses pensada para desalentar la censura por razones ideológicas o de contenido. También reduce la jornada a un máximo de 36 horas semanales, para reconocer el tiempo que demandan la investigación, la verificación de fuentes y la producción de noticias. Representantes de entidades periodísticas advirtieron que, sin el artículo 43, que dispone la indemnización agravada, los trabajadores quedarían en una situación de mucha mayor vulnerabilidad.

Qué pasó con el nuevo Estatuto en el Senado

El proyecto fue presentado el 9 de junio ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que preside la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal), por FATPREN, el SiPreBA, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, la Asociación de Periodistas de Corrientes y la Asociación de Prensa de Santa Fe. Reduce a menos de 30 los más de 80 artículos de la ley de 1946, reemplaza categorías rígidas por áreas que contemplan cualquier soporte, limita el período de prueba a 30 días e incorpora cláusula de conciencia, un salario mínimo nacional para la actividad, licencias por violencia de género y salud mental, y protección para las coberturas en exteriores en contextos de represión.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, anunció el compromiso del interbloque Popular para acompañar la iniciativa y recordó que el peronismo votó en contra de la derogación. En la votación de la ley laboral se opusieron los 21 integrantes de ese bloque, junto con Moisés y el catamarqueño Guillermo Andrada.

Pero el trámite avanzó poco. El expediente también fue girado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la senadora de La Libertad Avanza Carmen Álvarez Rivero, y fuentes de gremios de prensa consultadas indicaron que desde la sanción de la ley laboral no se llevó a cabo ningún debate en ese ámbito. La Comisión de Medios convocó a FOPEA para el 16 de septiembre, en la segunda reunión sobre el tema, y el senador chaqueño Jorge Capitanich presentó un proyecto para prorrogar por un año más la vigencia de la ley actual, ante la falta de respuestas del oficialismo.

Movilización al Congreso y reclamo a Álvarez Rivero

Los trabajadores de prensa nucleados en distintos sindicatos y entidades se presentarán este jueves 29 de octubre, a las 12, en el Congreso de la Nación, para exigirle a Álvarez Rivero que se traten los proyectos en defensa del Estatuto. Las fuentes gremiales consultadas sostuvieron que los legisladores “deben cumplir con su compromiso” y discutir iniciativas presentadas hace meses, y calificaron de antidemocrático que las comisiones no se reúnan para tratarlas.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también presentó una propuesta para modernizar el Estatuto, porque reconoce la necesidad de actualizarlo pero sin “dejar un vacío”. La entidad planteó que “los principales afectados no somos los periodistas, sino la sociedad en su conjunto”, y advirtió que “La discusión legislativa no avanza y el tiempo se agota”. FOPEA cuestionó además si es saludable esta desprotección en vísperas de un año electoral, ya que quien informa con miedo a perder su empleo por incomodar al poder investiga y pregunta menos.

Los gremios mantienen la presión también en otros frentes. En octubre, el SiPreBA y FATPREN relanzaron un petitorio de adhesión en defensa del Estatuto y llevaron el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Necesitamos tener la certeza de que nuestro estatuto no va quedar derogado”, dijo Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN.

Cuándo vence y qué viene

La vigencia del Estatuto actual vence el 31 de diciembre de 2026 y, a partir del 1 de enero de 2027, rige la derogación dispuesta por la ley laboral. Moisés explicó en junio que “Logramos prorrogar la vigencia hasta el 31 de diciembre” y que ese margen obliga a trabajar para que el periodismo recupere su estatuto.

Para evitar ese escenario, el Congreso debería aprobar antes de esa fecha un nuevo estatuto o extender el plazo, como propone Capitanich. Hasta el cierre de esta nota no se conoce un dictamen de comisión sobre ninguna de las dos opciones, y restan algo más de nueve semanas. El resultado dirá si la discusión sobre la inteligencia artificial se resuelve también con un piso legal para quienes trabajan en las redacciones, o si queda librada a lo que decida cada empleador.

Lo que tenés que saber:

• ADEPA cerró el 11 de septiembre su 64ª Asamblea en Tucumán y advirtió sobre el uso de contenidos periodísticos para entrenar inteligencia artificial sin compensación.
• La Ley 12.908 fue derogada por la Ley de Modernización Laboral (27.802), con vigencia prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026.
• El proyecto de FATPREN y el SiPreBA, presentado el 9 de junio en el Senado, establece en su artículo 23 que la inteligencia artificial no puede sustituir puestos de trabajo.
• Los gremios y entidades de prensa se presentarán el jueves 29 de octubre, a las 12, en el Congreso para exigir a Álvarez Rivero que se traten los proyectos.
• Hasta el cierre de esta nota no se conoce dictamen sobre el nuevo Estatuto ni sobre la prórroga que propone Capitanich.