Conectate con El Argentino

Buenos Aires

Kicillof y farmacéuticos: impacto de la aprobación del DNU 70

En la provincia de Buenos Aires las medidas no impactan al estar vigente la Ley de Farmacia Provincial

Publicado hace

#

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió esta tarde a representantes del sector farmacéutico para evaluar el impacto del DNU 70/2023 y las consecuencias que podrían las medidas que impulsa el Gobierno nacional.

El DNU 70/2023 establece la desregulación de la comercialización de medicamentos de venta libre y admite la constitución de farmacias mediante cualquier figura jurídica, entre otras medidas que apuntan contra los profesionales farmacéuticos y si bien en la provincia de Buenos Aires las medidas no impactan al estar vigente la Ley de Farmacia Provincial se analizó el impacto en la salud pública y el rol sanitario del farmacéutico.

En ese marco, Kicillof y el ministro de la Salud, Nicolás Kreplak, se reunieron esta tarde con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez; los presidentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Pesenti; y de la Cámara de Farmacias Bonaerenses (Cafabo), Julio Álvarez; el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem; el secretario general de la Asociación Empleados de Farmacia (ADEF), Víctor Carricarte; y el decano de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Mauricio Erben.

«El DNU tiene un impacto negativo en la salud pública y vulnera el rol sanitario de las farmacias: su aprobación pondría en riesgo el trabajo de mucha gente y atacaría un modelo que se construyó con mucho esfuerzo, que además es un sistema que en la provincia de Buenos Aires es muy exitoso», dijo Kreplak al término de la reunión.

Sostuvo que «la política que impulsa el Gobierno nacional ya fracasó en los países en los que intentó aplicarse, generando un aumento de los precios de los medicamentos y una mayor concentración en beneficio de los grupos más poderosos».

«Cuidar el derecho a la salud implica también que en las farmacias haya especialistas que puedan garantizar los cuidados y la seguridad de los medicamentos», explicó el ministro.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez resaltó que «en la reunión nos manifestamos en contra de la aplicación del DNU y la modificación de los artículos de la ley que quiere implementar el gobierno nacional».

«La Confederación y la Federación Farmacéutica ya presentaron un amparo a nivel nacional: queremos transmitirle a la comunidad cuál es el riesgo de aprobar estas medidas que impactarían en la salud pública», añadió.

Esta mañana, el ministro Kreplak, señaló que en ninguna parte del mundo, salvo ahora en Argentina, el precio de los medicamentos es libre.

«Según cálculos del Centro de Profesionales Farmacéuticos de Argentina, la venta de medicamentos cayó un 19%. Esto significa que dos de cada 10 personas hoy no están pudiendo acceder a los medicamentos que necesitan», señaló el ministro bonaerense y remarcó que «en ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre. Ahora en Argentina sí».

«La salud no es un mercado porque no funciona como tal. Principalmente porque el paciente no elige qué medicamento consumir o dejar de consumir. Debe estar intermediado por un profesional de la salud», precisó.

Por eso, enfatizó que «la salud es un derecho, y es indispensable que sea garantizada desde el Estado».

En ese tono, Kreplak confirmó que en el último mes el aumento fue de «140% en las últimas semanas y desde el año pasado son 320%, un 100% arriba de la inflación».

«Es un aumento tan grande que produce una caída de un 20% en la venta de medicamentos y genera preocupación en personas que tienen que realizar tratamientos por enfermedades crónicas», advirtió.

También se refirió al proyecto que se presentó en la Legislatura sobre la creación de una empresa farmacéutica, en declaraciones que efectuó esta mañana a radio Provincia.

«Desde el Estado hay herramientas y las principales las tiene el Gobierno nacional con los controles de precios pero en la provincia uno no tiene la potestad. Pero presentamos un proyecto estratégico y que es importante que se apruebe, para la creación de la empresa farmacéutica del Estado de la provincia que nos permita potenciar el desarrollo, mejorar la capacidad productiva y tener la capacidad de compra con el sector privado para poder reducir el precio de los medicamentos y ganar en soberanía», dijo Kreplak.

Buenos Aires

Kicillof acusó a Milei de convertir Chapadmalal en un negocio inmobiliario privado

El gobernador bonaerense denunció los planes de concesión por 30 años del histórico complejo de turismo social y reclamó el traspaso definitivo a la Provincia. El Gobierno nacional oficializó el pase a disponibilidad de 77 trabajadores mediante la Resolución 129/2026.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Axel Kicillof.

Chapadmalal en venta: Kicillof denuncia que Milei convierte el turismo social en un negocio privado

★ El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó con dureza contra la administración de Javier Milei por el avance del proceso de concesión privada de la Unidad Turística de Chapadmalal y denunció que detrás de la iniciativa se esconde un «negocio inmobiliario» que liquidaría uno de los emblemas históricos del turismo social argentino.

«Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró Kicillof durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso para los sectores trabajadores. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, su administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia.

La Resolución 129/2026: 77 trabajadores en la cuerda floja

El Ejecutivo nacional oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse (Córdoba) mediante la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida afecta a 58 trabajadores de Chapadmalal y 19 de Embalse, todos ellos empleados de planta permanente bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Ambiente, dependiente de la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni.

La decisión formalizó lo que el propio Adorni había anunciado a fines de marzo: la intención del Gobierno de concesionar Chapadmalal por 30 años a operadores privados. En el caso de Embalse, las versiones indican que el destino sería la subasta directa del predio. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata advirtieron que la medida no solo afecta las fuentes laborales, sino que genera además un grave problema habitacional: decenas de familias de trabajadores residen desde hace más de veinte años en pabellones del propio complejo.

80 años de historia: del turismo popular al abandono programado

La ofensiva libertaria contra los complejos de turismo social no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una política sistemática que lleva más de un año de implementación. En 2025, el Gobierno nacional firmó el Decreto 216/2025, mediante el cual eliminó la obligación estatal de prestar servicios de turismo social, despojando al Estado de su responsabilidad histórica sobre estos complejos.

El impacto fue inmediato y contundente. El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, confirmó que «de alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026″. Costa denunció un «plan sistemático de privatización y vaciamiento» y subrayó que «las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse no son solo ladrillos; son Monumentos Históricos Nacionales y el símbolo máximo de la dignidad trabajadora». El ministro recordó que estos espacios «nacieron para democratizar el bienestar» y garantizar que «el descanso sea un derecho de las mayorías y no el privilegio de unos pocos».

La narrativa oficial justifica la concesión argumentando una supuesta reducción de costos para el Estado y la atracción de inversiones privadas. Sin embargo, la caída a cero de usuarios en dos años consecutivos no obedeció a una baja de la demanda, sino a la propia decisión gubernamental de cerrar los complejos y paralizar sus actividades desde que el Gobierno los sacó de la órbita de la Secretaría de Turismo a cargo de Daniel Scioli, a comienzos de 2025.

Reclamos provinciales y proyectos legislativos para frenar la privatización

Frente al avance nacional, la respuesta política desde la Provincia tomó múltiples formas. La senadora bonaerense Fernanda Raverta, del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para que la Provincia recupere la titularidad y la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal, a fin de evitar la concesión privada. La iniciativa cuestiona la «desnaturalización del fin social» del complejo e impulsa que la totalidad del predio «pase a formar parte del patrimonio histórico y social de la Provincia» para ser afectado exclusivamente al turismo social.

Desde el radicalismo, el senador Maximiliano Abad impulsó una propuesta alternativa: destinar el complejo a un campus de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La iniciativa generó tensiones al interior del Concejo Deliberante local, donde las diferencias entre libertarios y radicales quedaron expuestas ante un tema que divide incluso a los propios socios de la coalición oficialista municipal.

Costa fue categórico en la posición provincial: «Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos. No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios». Y concluyó: «Ante el abandono de la Nación, defendemos la soberanía popular. Chapadmalal y Embalse son de los argentinos«.

Un patrón que se repite

La situación de Chapadmalal y Embalse se inscribe en un patrón ya conocido de la gestión libertaria: la transferencia de bienes y servicios públicos a manos privadas bajo el argumento de la eficiencia y la reducción del gasto estatal, sin evaluación del impacto social de esas decisiones. El cierre efectivo de dos complejos que en 2023 recibieron a más de 84.000 personas, combinado con el pase a disponibilidad de sus trabajadores y el avance silencioso de la concesión, configura un proceso de desmantelamiento que los propios actores involucrados califican como potencialmente irreversible.

Kicillof lo planteó con claridad: «Vaya a saber qué quieren hacer, a quién vendérselo, hacer un negocio privado». La frase resume la denuncia central de la Provincia ante un Gobierno que, con la excusa del saneamiento fiscal, convierte en mercancía lo que durante décadas fue un derecho social conquistado.

Puntos clave

  • El Gobierno oficializó mediante la Resolución 129/2026 el pase a disponibilidad de 77 trabajadores de Chapadmalal y Embalse.
  • El plan nacional prevé concesionar Chapadmalal por 30 años a privados y subastar el complejo de Embalse.
  • El Decreto 216/2025 eliminó la obligación estatal de prestar servicios de turismo social, desencadenando el cierre de los complejos.
  • De más de 84.000 personas alojadas en 2023 se pasó a cero turistas en 2025 y 2026.
  • La senadora Fernanda Raverta presentó un proyecto para que la Provincia recupere la titularidad del predio.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo