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Adorni rompió el silencio para explicar la diferencia entre la Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias

El jefe de Gabinete afirmó que él y su esposa no ingresarán a ningún blanqueo, la distinción es técnicamente válida: el simplificado no exige declarar activos no exteriorizados, pero tampoco obliga a justificar la variación patrimonial del ejercicio. Fuentes de su entorno anticiparon que la justificación de los bienes se explicaría en parte por tenencia de criptomonedas, sin precisar detalles.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.
La diferencia técnica que invoca Adorni no responde la pregunta que la justicia tiene pendiente desde hace meses.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a aclarar que él y su esposa, Bettina Angeletti, no ingresarán a ningún blanqueo de capitales. La precisión no disipa, sin embargo, las preguntas de fondo: la justicia federal ya tiene el secreto fiscal levantado y aguarda una declaración jurada que, bajo el régimen elegido, no obligará a explicar el origen del patrimonio investigado.

La aclaración oficial y la diferencia técnica

El entorno de Adorni difundió un comunicado en el que el funcionario afirmó: «Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de público conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA». El comunicado argumentó que la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) contempla varios instrumentos y que el matrimonio solo utilizará uno de ellos: el régimen simplificado, cuyo objetivo es lograr una presentación más rápida de ganancias. «ARCA confecciona una predeclaración jurada y el contribuyente la revisa y presenta», explicaron desde su entorno.

La aclaración es técnicamente exacta. La Ley 27.799, conocida como de «Inocencia Fiscal», incluye en su arquitectura normativa el Régimen Simplificado de Ganancias como uno de sus instrumentos, pero también contempla un mecanismo de sinceramiento o «blanqueo» para contribuyentes que operaron en la economía informal. El propio organismo fiscal, ARCA, precisó en su sitio oficial que el régimen simplificado «no es un blanqueo ni una amnistía». La adhesión al simplificado no implica, por sí sola, declarar activos no exteriorizados previamente.

Lo que el régimen simplificado sí hace

La precisión de Adorni no resuelve la cuestión central. El Régimen Simplificado de Ganancias permite al contribuyente presentar una declaración jurada predeterminada por ARCA a partir de la información fiscal disponible, sin obligación de justificar las variaciones patrimoniales del ejercicio. Lo que el funcionario no aclaró es que precisamente esa característica, la ausencia de obligación de explicar el crecimiento del patrimonio, es lo que desde la óptica judicial resulta relevante. Según informó Infobae, fuentes cercanas al matrimonio anticiparon que la justificación de los fondos con los que adquirieron sus bienes se explicaría, en parte, por tenencia de criptomonedas, pero esa explicación no será parte del trámite impositivo elegido.

La adhesión de Adorni al régimen simplificado se presentó el mismo miércoles por la mañana, apenas diez días después de que su esposa hiciera lo propio el 31 de mayo. Ese patrón de regularización tardía puso en alerta a los investigadores judiciales, que observan los movimientos en el marco del expediente por presunto enriquecimiento ilícito.

La contradicción que persiste

El comunicado de Adorni distingue, con precisión técnica, entre el régimen simplificado y el blanqueo. Pero no responde las preguntas que la justicia federal sostiene desde hace meses: de dónde provienen los fondos para las refacciones de 245.000 dólares en efectivo y sin factura en el country Indio Cuá; cómo se financiaron los viajes a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares; y por qué los gastos de tarjeta de crédito del matrimonio superaron ampliamente los ingresos declarados. El patrimonio bajo investigación asciende a más de 840.000 dólares.

Tampoco modifica la situación procesal. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita de Comodoro Py mantienen el levantamiento del secreto fiscal sobre Adorni y Angeletti, con peritajes en curso sobre dispositivos del contratista Matías Tabar y del productor televisivo Marcelo Grandio. La declaración jurada que el jefe de Gabinete presente ante la Oficina Anticorrupción (OA) será el próximo capítulo de un expediente que, más allá de los regímenes impositivos elegidos, la justicia tiene potestad de examinar con sus propias herramientas.

La aclaración de Adorni, en definitiva, cierra una discusión técnica y abre otra: si el régimen simplificado no es un blanqueo, entonces la declaración jurada que el funcionario deberá presentar en los próximos días tendrá que dar cuenta, por alguna otra vía, del origen de los fondos que la justicia no logró que el propio imputado explicara hasta ahora.

Puntos clave

  • Adorni afirmó que él y su esposa no ingresarán a ningún blanqueo y que solo adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias de la Ley 27.799.
  • La distinción es técnicamente válida: el simplificado no exige declarar activos no exteriorizados, pero tampoco obliga a justificar la variación patrimonial del ejercicio.
  • Fuentes del entorno del funcionario anticiparon que la justificación de los bienes se explicaría en parte por tenencia de criptomonedas, sin precisar detalles.
  • La adhesión de Adorni al régimen se presentó diez días después de la de su esposa, un patrón que los investigadores judiciales siguen de cerca.
  • El juez Ariel Lijo mantiene el secreto fiscal levantado y los peritajes en curso; la DDJJ que Adorni presente ante la OA será examinada por la justicia con independencia del régimen impositivo utilizado.

Defensa

Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos

Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.

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Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.

Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.

El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.

La ingeniería del fraude

Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.

Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.

Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones

La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.

En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.

La respuesta institucional y sus límites

El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.

El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.

Lo que tenés que saber

  • Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
  • La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
  • La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
  • El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
  • La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.

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