Gremiales
Milei lo hace: estatales se organizan para enfrentar ajustes y cierres
Aysa, Conicet, INCAA, Télam, Enacom, Banco Nación y la Subsecretaría de Familia en la mira del Gobierno Nacional
Aysa, Conicet, INCAA, Télam, Enacom, Banco Nación y la Subsecretaría de Familia que depende del Ministerio de Capital Humano son algunos de los organismos públicos que recibieron en los últimos días anuncios sobre despidos masivos para sus trabajadores; amenazas de cierre, posibles privatizaciones o planes de desfinanciamiento” por parte del Gobierno nacional.
En este contexto, los trabajadores de diversas dependencias estatales iniciaron “planes de lucha” para resguardar puestos de trabajo que se ven amenazados ante esta medidas oficiales .
AYSA
Los trabajadores de Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AYSA) recibieron esta semana 300 telegramas de despidos y el gremio, de Trabajadores de Obras Sanitarias, que conduce José Luis Lingeri, se advirtió que “desde que asumieron las nuevas autoridades”, la organización sindical presentó “un plan integral para equilibrar la empresa y proteger empleos”.
“La única respuesta fue el envío de 300 telegramas de despido. Frente a esta acción intempestiva de despidos y acciones intimidatorias a los compañeros y compañeras, el gremio llamó a un paro por 24 horas para el lunes 11 de marzo, dejando en funcionamiento sólo las guardias mínimas”, aseguraron desde el sindicato a través de un comunicado.
Lingeri explicó que el recorte de personal parte de “la falsa idea de que las gestiones pasadas han incrementado el personal innecesariamente” pero señaló que Aysa mantuvo “una dotación estable hasta 2017” que se modificó con la incorporación de 9 partidos del conurbano que dependían de ABSA.
“Se sumaron 1000 personas a la planta permanente de la empresa por este motivo”, explicó el secretario general de los trabajadores del sector, y explicó que la gestión de Javier Milei paralizó todas las obras en marcha y esto causó “la desvinculación de más de dos mil trabajadores de cooperativas”.
Listas para privatizar
AySa forma parte del conjunto de sociedades y empresas estatales que la administración de La Libertad Avanza (LLA) pretende privatizar .
Esto mismo fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien esta semana, en una de sus habituales conferencias de prensa, aseguró que el recorte de personal tuvo como intención “poner en valor” a la empresa para una eventual privatización.
“Es un poco como cuando vos vendés tu auto, te lo vienen a ver y se lo mostrás lavado, con chapa y pintura”, señaló Adorni al trazar una comparación entre los trabajadores de una empresa pública con un vehículo usado que se ofrece al mejor postor.
Y en ese sentido, el funcionario agregó: “Hay empresas a privatizar que hay que ponerlas en valor para hacer que funcionen de manera más eficiente”.
“Esto no es ´que se arregle el que viene´ porque lo que va a pasar es que el perjuicio para los argentinos será mayor porque la empresa tendrá menos valor cuando se quiera concretar una venta”, subrayó.
Banco Nación
Asimismo, el propio Presidente Milei confirmó esta semana que mantiene la idea de privatizar “todo lo que se pueda”, incluido Aysa y Banco Nación.
“No debería quedar nada en manos del Estado. ¿Querés detectar a un político chorro? Es el que te dice que hay que tener un Estado eficiente; no existe un Estado eficiente”, expresó el mandatario en declaraciones formuladas al canal La Nación +.
Tras estos anuncios, los trabajadores del Banco Nación agrupados en la Asociación Bancaria (AB) comenzaron a juntar firmas en contra de una eventual privatización e instalaron puestos a lo largo de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense como parte de una acción de protesta.
Enacom
Entre los organismos que recibieron despidos esta semana también se encontraron los trabajadores del Ente Regulador de las Comunicaciones (Enacom).
El sindicato de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se declaró el pasado martes en “estado de asamblea y alerta permanente” por los despidos de trabajadores del Ente Regulador y exigieron una reunión de carácter urgente con el Interventor del organismo Juan Martín Ozore para “resolver la pronta reincorporación” de los cesanteados.
Incaa
En tanto, los trabajadores del Instituto Nacional del Cine Argentino (INCAA) advirtieron a esta agencia que el gobierno prevé un “vaciamiento sin precedentes en la industria cinematográfica nacional”.
El flamante titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Juan Carlos Pirovano, anunció el jueves el cierre de las plataformas digitales y televisivas que proyectan películas nacionales, confirmó que no brindará más apoyos a festivales de la industria cinematográfica nacional, venderá el histórico cine Gaumont y sumará más despidos a los 170 dispuestos en esa área.
Pirovano anunció tales medidas durante una reunión que el funcionario mantuvo con la Junta Interna de ATE en el INCAA.
Inmediatamente, el gremio calificó ese paquete de ajuste como “una declaración de guerra a todo el cine nacional” y se declaró en “estado de alerta y movilización”.
El encuentro había sido pactado por pedido del gremio, que propuso encontrarle una solución al anunciado despido de 90 trabajadores que desarrollan tareas habituales en el organismo y a otros 80 que integran los comités y son tutores de proyectos. Pero la respuesta fue peor.
Según un comunicado de la Junta Interna, Pirovano “negó rotundamente la posibilidad de dar marcha atrás con la medida” con el argumento de que el INCAA destina más del 60 por ciento de su presupuesto en sueldos.
Luego “enfatizó su pretensión de continuar en una segunda etapa con nuevos despidos de planta transitoria, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para la planta permanente”, añadió el texto.
“El actual presidente del INCAA enfatizó su pretensión de continuar en una segunda etapa con nuevos despidos de planta transitoria, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para la planta permanente” – NICOLÁS VETROMILE, DELEGADO DE ATE
Ante ese anuncio de vaciamiento, siempre según el relato del gremio, se le propuso gravar las plataformas de difusión de material audiovisual nacional a fin de generar fondos para el organismo, pero la respuesta generó aun más incertidumbre entre los trabajadores.
“¿Por qué tener un canal de televisión y una plataforma?”, habría dicho Pirovano en alusión a plataformas como Cine.ar y Cine.ar Play, y planteó la eliminación de esos canales.
Entre las medidas también estaría cerrar los programas de apoyo de financiamiento de producciones nacionales y la clausura y venta del tradicional Cine Gaumont, uno de los pocos cines que dedica su proyección exclusivamente a cine nacional.
“El actual presidente del INCAA enfatizó su pretensión de continuar en una segunda etapa con nuevos despidos de planta transitoria, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para la planta permanente”, explicó en diálogo con SomosTélam el delegado de ATE en el instituto Nicolás Vetromile.
Conicet
El Conicet tuvo esta semana un respaldo por parte de 68 premios nóbeles que firmaron una carta en dónde aseguraron que “el sistema científico argentino está en riesgo”.
“Vemos con preocupación la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el despido de empleados administrativos del Conicet y otros institutos y la terminación anticipada de muchos contratos. Tememos que Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes, y futuros líderes de la ciencia”, subrayan referentes mundiales de la medicina, química, física y economía.
El vocero presidencial aseguró estar “sorprendido” por la carta y aseguró que el organismo realizó “investigaciones de dudosa calidad”.
“Se está construyendo un Conicet que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la Inteligencia Artificial aplicada a la medicina y no en uno que gasta su tiempo y recursos en investigaciones de dudosa utilidad como aquel que abordaba la orientación sexual de Batman”, aseguró el portavoz.
SENAF
También hay gran preocupación por parte de los trabajadores de la ex Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), renombrada como Subsecretaría de Familia, gracias a que se dieron de baja los contratos de 64 trabajadores en áreas críticas que perjudicaron a niños y ancianos de llamadas “áreas críticas”:
“Hay una falta de definición de políticas públicas para garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, como así también la de sus trabajadores. Desde principio de año con la aplicación del decreto 842023 se dio la baja a 64 compañeros y compañeros de áreas críticas de asistencia directa perjudicando a la prestación diaria que reciben los adultos mayores asistidos ocho en hogares y de niños y niñas de 45 días a cuatro años que asisten a nuestros cinco centros de desarrollo infantil radicados en zonas de alta vulnerabilidad social del conurbano bonaerense”, explicó en diálogo con SomosTélam Adolfo Dardik, miembro del consejo directivo de Ate Capital y delegado gremial de la junta interna del Senaf.
Esto, según Dardik, impactó negativamente a las comunidades que tienen como único espacio para llevar a sus hijos a las sedes del ex Senaf, cuyos trabajadores se movilizarán la próxima semana al Ministerio de Capital Humano
Télam
El lunes por la madrugada, los trabajadores de Télam recibieron un mail en el que se anunciaba una “dispensa” de siete días para todo el personal, mientras la entrada a las sedes que la agencia posee en el centro porteño eran valladas por efectivos policiales.
“El viernes pasado el presidente anunció en cadena nacional el cierre de la Agencia Télam, de una manera macartista, estigmatizando a sus trabajadores y trabajadoras y el domingo a última hora aparecieron los dos edificios vallados”, repasó en diálogo con Somos Télam el secretario general de Sipreba Agustín Lecchi.
Lecchi explicó que por este motivo se decidió “iniciar un acampe” para “defender el patrimonio público, la fuente de trabajo y para la agencia”.
“Rechazamos la dispensa a los trabajadores y trabajadoras, las vallas y todo tipo de intimidación, nos parece un atentado contra la democracia que esté vallado un medio público por parte del gobierno nacional que tiene a su cargo esos medios y estamos acampando con un apoyo del movimiento obrero y muchos sectores de la sociedad que entienden la importancia de Télam”, destacó el dirigente sindical.
Lecchi calificó como una “paradoja” que un gobierno que afirme “reducir el gasto público le esté pagando salarios a trabajadores para que no hagan nada”.
“No tengo dudas que junto a los trabajadores de empresas del estado que buscan privatizar vamos a ganar esta pelea”, concluyó.
Gremiales
El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento
El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.
Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei
Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.
El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.
Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.
El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.
«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle
Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.
En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.
A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.
El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones
El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).
Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.
Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.
El Congreso presiona al Ejecutivo
La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.
Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.
El ajuste sobre los jubilados, en números
El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.
Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.
Puntos clave
- Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
- Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
- El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
- La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
- La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.
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