Pobreza
El ajuste sin red: menos trabajo y salarios de hambre bajo la gestión Milei
A 19 meses de iniciado el mandato libertario, la baja de la inflación no logró frenar el deterioro de los ingresos ni la destrucción de puestos de trabajo, según un estudio de la UBA. El salario mínimo perdió un 32% en términos reales desde noviembre de 2023.
Un informe reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló un deterioro sostenido del mercado laboral argentino durante la gestión de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, se perdieron 196.000 puestos de trabajo registrados, mientras que solo en el último año (marzo 2024-marzo 2025) la reducción fue de 71.000 empleos formales.
El trabajo, coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, precisó que el número total de asalariados registrados alcanzó los 10,1 millones en marzo de este año, una cifra que retrocede a niveles similares a los de julio de 2024. El estudio se basó en datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y fue elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del IIEP.
Aunque la caída no fue lineal, desde septiembre de 2023 el empleo formal mantuvo una tendencia descendente. En marzo último, por ejemplo, se registraron 9.000 empleos menos respecto del mes anterior, evidenciando un estancamiento en la recuperación.
El salario mínimo, en su piso histórico
El impacto del ajuste no solo se expresó en la pérdida de empleos, sino también en una drástica caída del poder adquisitivo. Según el mismo estudio, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 el salario mínimo real acumuló una pérdida del 32%. Esta caída ubicó su valor en términos reales por debajo del nivel registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad.
Además, el informe indicó que el salario mínimo actual representa solo el 38% del valor máximo que alcanzó en septiembre de 2011, cuando se situó en su punto más alto en términos de poder de compra. La comparación refleja el retroceso estructural en la capacidad de consumo de los sectores más vulnerables del mercado de trabajo formal.
Los “logros” del gobierno y su costo social
Desde el oficialismo, el gobierno de Javier Milei destacó en las últimas semanas dos resultados como emblemas de su política económica: la desaceleración de la inflación y el levantamiento parcial del cepo cambiario. Sin embargo, estos hitos ocurrieron en un contexto de fuerte recesión, achicamiento del gasto público, reducción de subsidios y licuación de ingresos.
El recorte de las transferencias al interior, la paralización de la obra pública y la ausencia de una política de sostenimiento del empleo tuvieron consecuencias directas sobre los asalariados y los trabajadores informales, que vieron reducidas sus condiciones de vida sin que se reactivara el consumo ni la inversión.
Varios analistas, como el economista Daniel Schteingart, advirtieron en redes y entrevistas recientes que la mejora en los indicadores macroeconómicos aún no se traduce en beneficios tangibles para la mayoría de la población. “La macro mejora, pero la micro sigue en terapia intensiva”, resumió.
Sin piso claro y con incertidumbre hacia adelante
A pesar de los anuncios de estabilización, los datos del IIEP muestran que no hay indicios de recuperación del empleo formal. En el mejor de los casos, la dinámica del mercado laboral se mantuvo “relativamente estancada”, con oscilaciones menores pero sin revertir la tendencia.
El salario mínimo continúa por debajo del nivel de subsistencia, y el horizonte de reactivación parece lejano si no se modifica el esquema de ajuste fiscal. Mientras tanto, el gobierno mantiene una política de no intervención directa en los mecanismos de generación de empleo, apostando al “ordenamiento macro” como base para un crecimiento futuro que aún no se refleja en la economía real.
Consumo
Las fintech piden más datos al BCRA en vez de mirar al ajuste que destruyó el poder de pago
La Cámara Argentina Fintech reclamó al Banco Central que reduzca el rezago de 60 días en la Central de Deudores y amplíe el acceso a información crediticia. El sector reconoció que casi 3 de cada 10 tomadores de crédito registran atrasos de más de 90 días, mientras el crédito total a las familias supera los 82 billones de pesos y 13,5 billones ya están en situación irregular.
En medio de la peor crisis de morosidad familiar desde la salida de la convertibilidad, la Cámara Argentina Fintech salió a reclamar más datos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, de paso, a bajar su propia responsabilidad en el derrumbe crediticio que ahoga a millones de hogares. El sector, que en pocos años multiplicó por 20 su base de clientes, pidió este jueves «soluciones compartidas» frente a la mora y orientó buena parte de su diagnóstico hacia la falta de información disponible, la carga impositiva y la necesidad de mayor educación financiera, sin mencionar el impacto del ajuste sobre los ingresos de los trabajadores.
Un reclamo al BCRA en medio de la tormenta
La entidad que agrupa a billeteras virtuales y bancos digitales señaló que la Central de Deudores del BCRA refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días, lo que a su juicio impide evaluar correctamente el riesgo crediticio y facilita la acumulación de deuda. Para la Cámara, reducir ese plazo «permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito». El planteo suena razonable en abstracto, pero encubre una demanda más profunda: que el regulador entregue al sector privado más y mejores datos sobre los ciudadanos que solicitan financiamiento, en un contexto donde el organismo ya promueve el Sistema de Finanzas Abiertas, que habilitaría compartir información personal entre distintas entidades bajo el principio de que «las personas son dueñas de sus datos».
La Cámara también reclamó revisar la carga impositiva de los proveedores, argumentando que «termina elevando el costo que afrontan quienes acceden a un crédito». Una posición que se inscribe en el viejo argumento del sector financiero contra la tributación, sin problematizar que esa misma desregulación y reducción de cargas impositivas fue uno de los ejes del gobierno de Javier Milei desde su primer día.
Los números que el sector no quiere encabezar
Según datos de la consultora Analytica, casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de sus cuotas. En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos, de los cuales 13,5 billones, el 16,3% del total, se encuentran en situación irregular. La distribución del problema revela que los bancos concentran el 81,1% del crédito total (67,2 billones de pesos) y explican el 63,3% del monto irregular (8,5 billones). Las fintech, en cambio, representan el 11,7% del crédito (9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular (2,2 billones). Completan el cuadro otros proveedores no bancarios, con el 7,1% del crédito y el 20,4% de la deuda irregular.
La Cámara subrayó que el sector fintech «concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias», una frase técnicamente correcta pero que omite que la tasa de irregularidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicados en julio pasado. El propio crecimiento del sector, que pasó de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones en la actualidad, amplió el universo de deudores en una franja de la población que frecuentemente no accede al crédito bancario y carga con mayor vulnerabilidad económica.
El contexto que el comunicado no menciona
La Cámara Argentina Fintech describió al crédito como «una herramienta indispensable para el desarrollo» y señaló que en Argentina «el crédito al sector privado representa apenas el 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe». Sin embargo, el comunicado evitó cualquier referencia a las causas estructurales de la crisis de pago: la caída del poder adquisitivo del salario real acumulada desde diciembre de 2023, los tarifazos que trasladaron más del 525% de aumento en servicios públicos según el IIEP (UBA-CONICET), los despidos masivos en el sector público y la retracción del consumo, todos fenómenos directamente ligados al programa de ajuste del gobierno libertario que el sector fintech no cuestionó.
Las fintech llegaron a segmentos históricamente excluidos del sistema bancario: los 10 millones de clientes actuales incluyen 3,8 millones que no tienen acceso al crédito bancario. Eso tiene valor desde el punto de vista de la inclusión financiera formal, pero también implica que el sector captó a poblaciones de mayor vulnerabilidad en un momento de contracción económica sostenida. La morosidad récord no es un problema de información crediticia, es el síntoma de una economía que exprimió a sus sectores más frágiles hasta el límite.
¿Más datos o más regulación?
El planteo de la Cámara se sostiene sobre una premisa discutible: que mejor información crediticia reduciría la mora. Pero los datos disponibles sugieren otra lectura. La irregularidad trepó de manera sostenida durante 19 meses consecutivos, según el CEPA, en paralelo con el avance de las herramientas de análisis crediticio que el propio sector fintech describe como su ventaja competitiva. El problema no es solo que los prestadores no saben a quiénes prestan: el problema es que millones de personas que recurrieron al crédito para sostener su consumo ya no pueden pagarlo porque sus ingresos reales se derrumbaron.
En ese escenario, la demanda de más datos al BCRA y menos impuestos al sector es una respuesta del mercado financiero que apunta a proteger su rentabilidad antes que a resolver la crisis de las familias endeudadas. La deuda irregular de 13,5 billones de pesos no es una estadística abstracta: son personas que dejaron de pagar porque el ajuste que el sector no cuestionó les quitó los medios para hacerlo.
Puntos clave
- Casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran atrasos de más de 90 días, según datos de Analytica.
- El crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos; 13,5 billones, el 16,3%, están en situación irregular.
- Las fintech pasaron de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones, de los cuales 3,8 millones no acceden al crédito bancario.
- La Cámara Argentina Fintech reclamó al BCRA reducir el rezago de la Central de Deudores de 60 días y ampliar el acceso a información crediticia personal.
- La morosidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según el CEPA.
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