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★ La derecha argentina lleva años denunciando lo que llaman «el curro de los derechos humanos». La expresión, popularizada por Mauricio Macri durante su presidencia y retomada con virulencia por Javier Milei en campaña, apuntaba contra organizaciones sociales, organismos de memoria y políticas públicas del área. Pero la realidad parece confirmar que el verdadero curro estaba esperando su turno: el Gobierno libertario acaba de protagonizar un escándalo que combina amiguismo, despilfarro y cinismo en partes iguales.

El miércoles pasado, el Boletín Oficial publicó la aprobación de una designación que tiene todos los condimentos del peor clientelismo político. Entre el 1 de abril y el 24 de agosto de 2025, Víctor Sebastián Ladino fue nombrado director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos, el predio de la ex ESMA. El detalle no menor: el Centro llevaba cuatro meses cerrado cuando lo designaron.

Un director invisible para un espacio clausurado

La designación de Ladino ocurrió bajo la gestión de Alberto Baños, quien entonces ejercía como secretario de Derechos Humanos. Baños había ordenado el cierre del Centro Cultural en diciembre de 2024 y licenciado a la totalidad del personal. Cuatro meses después, en abril, decidió nombrar un director para el espacio vacío. La persona elegida no era un desconocido para él: Ladino era su profesor de bajo.

Los trabajadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) consultados por este medio fueron contundentes. «Nunca lo vimos. No tuvimos contacto con él. Supuestamente dirigió una institución cerrada», señalaron fuentes del organismo que pidieron reserva de identidad por temor a represalias. La designación, además, incluyó el pago de un suplemento extra por función ejecutiva, un plus salarial que se otorga a quienes ejercen cargos de responsabilidad.

El Centro Cultural Haroldo Conti, nombrado en honor al escritor desaparecido durante la dictadura, había sido durante años un espacio de referencia para actividades culturales, artísticas y educativas vinculadas a la memoria y los derechos humanos. Exposiciones, muestras, talleres, presentaciones de libros y obras de teatro formaban parte de su programación habitual. Todo eso se interrumpió abruptamente con la decisión de Baños.

La estrategia del desguace

El cierre del Haroldo Conti no fue un hecho aislado. Forma parte de una política sistemática de desmantelamiento de las instituciones de memoria y derechos humanos que el Gobierno de Milei viene ejecutando desde su asunción. La Secretaría de Derechos Humanos fue degradada a Subsecretaría, los presupuestos fueron recortados drásticamente y numerosos espacios quedaron sin financiamiento ni personal.

Organismos de derechos humanos denunciaron en reiteradas oportunidades que esta estrategia busca vaciar de contenido las políticas de memoria construidas desde 2003. El Espacio Memoria ex ESMA, el Parque de la Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria y otros sitios emblemáticos sufrieron recortes presupuestarios que pusieron en jaque su funcionamiento.

Pero lo del Haroldo Conti agrega un componente adicional: no solo se cierra, se desfinancia y se abandona. También se aprovecha para colocar a un allegado con sueldo del Estado, aunque no haya nada que dirigir. Es, literalmente, cobrar por una función que no se ejerce en un lugar que no funciona.

«El curro» como proyección

La acusación del «curro de los derechos humanos» fue uno de los ejes discursivos de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Macri (2015-2019) y encontró en La Libertad Avanza su versión más extrema. Milei y sus funcionarios han repetido hasta el hartazgo que las políticas de memoria eran un «negocio» de organizaciones sociales y «zurdos resentidos». Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, llegó a calificar de «curro» las asignaciones presupuestarias para sitios de memoria.

Sin embargo, la designación de Ladino demuestra que la proyección era, como suele suceder, una confesión anticipada. Mientras acusaban a otros de vivir del Estado con causas nobles, preparaban el terreno para hacer exactamente lo mismo, pero sin siquiera la excusa de un objetivo institucional. No hay actividad cultural, no hay espacio abierto, no hay comunidad atendida. Solo hay un sueldo cobrado.

Fuentes del sector de derechos humanos consultadas señalaron que este tipo de maniobras no son nuevas en la gestión libertaria, pero sí llamó la atención la desfachatez con la que se ejecutó. «Es casi una provocación. Cierran todo, echan a todos y después ponen a un amigo a cobrar. Y encima lo publican en el Boletín Oficial como si nada», indicaron.

Las consecuencias del desmantelamiento

El cierre del Centro Cultural Haroldo Conti tiene efectos concretos. Cientos de actividades culturales quedaron suspendidas, artistas y educadores perdieron un espacio de trabajo, y miles de estudiantes y visitantes dejaron de acceder a propuestas educativas sobre memoria, verdad y justicia. El impacto es especialmente grave en el contexto de una política pública que borra activamente las huellas del terrorismo de Estado.

Organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y H.I.J.O.S. han denunciado reiteradamente este proceso. En declaraciones públicas recientes, advirtieron que el desfinanciamiento y el desguace institucional buscan instalar un relato negacionista sobre la dictadura y sus crímenes.

La designación de Ladino, en ese marco, no es solo un caso de nepotismo. Es también un símbolo de cómo el discurso anti-derechos humanos del Gobierno se traduce en políticas concretas: se destruye lo público, se deslegitima lo construido y se reparte entre amigos lo que queda.

Un Gobierno que proyecta lo que practica

El escándalo del Haroldo Conti vuelve a poner sobre la mesa una constante del discurso libertario: acusar al otro de aquello que uno mismo hace. Durante años, la derecha construyó un relato sobre supuestos curros, negociados y prebendas en torno a los derechos humanos. Ahora que tienen el poder, replican esas prácticas sin disimulo, pero sin la excusa de defender ninguna causa justa.

Baños, quien fue eyectado de la Secretaría en medio de múltiples denuncias por vaciamiento y desmantelamiento, dejó como legado esta designación simbólica. Un director fantasma para un centro cultural clausurado. Un sueldo pagado con fondos públicos por una tarea inexistente. El curro, finalmente, encontró a sus verdaderos protagonistas.

Puntos clave

• El Gobierno designó a Víctor Sebastián Ladino como director del Centro Cultural Haroldo Conti cuatro meses después de cerrarlo y licenciar a todo el personal.
• Ladino era profesor de bajo de Alberto Baños, entonces secretario de Derechos Humanos, quien firmó su designación.
• Trabajadores de la Subsecretaría afirman no haber visto nunca a Ladino en funciones, pese a que cobró sueldo y suplemento por función ejecutiva.
• El cierre del Haroldo Conti forma parte de una política sistemática de desmantelamiento de instituciones de memoria impulsada por el Gobierno libertario.
• La acusación del «curro de los derechos humanos», popularizada por Macri y repetida por Milei, se confirma ahora en la práctica del propio Gobierno de La Libertad Avanza. ★