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Fred Machado espera en su chacra mientras Milei decide si lo extradita a EEUU por narcotráfico

El empresario acusado de narcotráfico y lavado permanece bajo arresto domiciliario en Río Negro desde 2021. Su abogado Francisco Onetto, representante legal del presidente, logró demorar el expediente. Ahora Patricia Bullrich sigue el caso de cerca mientras crece la tensión política en vísperas de las legislativas.

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⬛ Federico «Fred» Machado enfrenta uno de los pedidos de extradición más complejos de los últimos años en la Argentina. Requerido por la justicia de Estados Unidos desde 2021 por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero internacional, el empresario permanece bajo arresto domiciliario en su chacra de Viedma, provincia de Río Negro, mientras aguarda la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una vez que el máximo tribunal autorice la entrega, el expediente pasará al Poder Ejecutivo: será el presidente Javier Milei quien tenga la última palabra sobre si Machado es extraditado o no. Una decisión que, según fuentes consultadas, podría tener implicancias políticas más allá del caso judicial, especialmente por el rol que cumplió en la defensa del acusado Francisco Onetto, abogado y representante legal del propio Milei.

El recurso que ganó tiempo

Francisco Onetto, ex candidato a vicegobernador bonaerense junto a Carolina Píparo, logró aplicar un mecanismo legal que obligó a la Cancillería argentina a volver a consultar a Washington si el pedido de extradición seguía vigente. El recurso forzó a que el expediente retrocediera en su trámite, ganando meses de demora.

La respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue contundente: el requerimiento continúa vigente y los cargos contra Machado no fueron retirados. El recurso invocó un fallo vinculado a Kayleigh Moffett, una de las coacusadas en el caso de Texas que colaboró con la fiscalía, pero la estrategia no prosperó.

Según fuentes judiciales consultadas por este medio, Onetto no debería —al menos formalmente— participar de las conversaciones que deriven en la decisión presidencial, dado su rol como defensor del acusado. Sin embargo, su proximidad con Milei genera interrogantes sobre posibles conflictos de interés en un expediente que podría exponer vínculos entre el empresario y figuras del poder político argentino.

El fallo que autorizó la extradición

El 12 de abril de 2022, el juez federal Gustavo Villanueva, del Juzgado N.º 2 de Neuquén, declaró procedente la extradición de Federico Machado en un fallo de 48 páginas. El magistrado verificó la doble incriminación de los delitos —tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electrónico— y descartó que se tratara de delitos políticos o militares, tal como planteaba la defensa.

Villanueva sostuvo que el tratado bilateral con Estados Unidos contempla plenamente los cargos imputados y garantizó que Machado sólo podrá ser juzgado en territorio estadounidense por los delitos especificados en la acusación formal de 2021. Además, mantuvo el arresto domiciliario del empresario, atendiendo a informes médicos que acreditaban un cuadro de estrés postraumático y tratamiento psiquiátrico.

El juez detalló que Machado cumple arresto domiciliario en la finca ubicada en Ruta Provincial N.º 1, kilómetro 20, de la ciudad de Viedma, conocida como «La Gringa», junto a su madre María Ester Ciccarelli y su hermana Malena Igoldi, ambas designadas como guardadoras legales.

La vida en «La Gringa»

Desde 2021, Machado reside en su propiedad rural camino a El Cóndor. La chacra, de unas diez hectáreas a orillas del río Negro, está rodeada de muros de hormigón y cuenta con un camino interno asfaltado que conduce a una casa principal de amplias dimensiones, piscina y parque.

El empresario permanece bajo vigilancia electrónica mediante una tobillera y control remoto del Servicio Penitenciario, sin presencia policial permanente. Un entorno bucólico que contrasta con la magnitud de las acusaciones que enfrenta en los Estados Unidos, donde podría recibir cadena perpetua si es declarado culpable.

La presencia de Machado en Río Negro genera incomodidad no sólo por el perfil del caso, sino también por las tensiones políticas locales. En los últimos días, diputados provinciales exigieron explicaciones al gobernador Alberto Weretilneck sobre contratos públicos otorgados a Claudio Ciccarelli, primo de Machado. El organismo que debe responder al pedido legislativo tiene entre sus autoridades a la esposa del gobernador, lo que suma un nuevo capítulo al entramado de vínculos familiares y políticos que rodean el expediente.

El expediente en Texas

El caso judicial en Estados Unidos, identificado como «United States vs. Mercer-Erwin et al.» (Case 4:20-CR-00212), ubica a Machado como uno de los cerebros de una organización criminal dedicada a traficar cocaína y lavar dinero mediante operaciones de aviación privada.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Machado dirigía desde Florida las empresas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, utilizadas para registrar aviones que luego eran empleados por cárteles latinoamericanos en el traslado de droga hacia Norteamérica.

Los fiscales lo acusan de:

  • Conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína
  • Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos
  • Lavado de activos internacionales
  • Fraude electrónico
  • Violaciones a las normas de exportación aeronáutica

El expediente incluye pruebas sobre aeronaves incautadas en México, Guatemala, Belice y Honduras, con cargamentos que superaron las dos toneladas de cocaína. Además, detalla un esquema de fraude financiero por más de 250 millones de dólares, mediante el cual inversionistas eran engañados con la promesa de comprar aeronaves que nunca existieron.

Entre sus principales socias figura Debra Lynn Mercer-Erwin, dueña de las compañías Aircraft Guaranty Corp. y Wright Brothers Aircraft Title, condenada en 2024 a 16 años de prisión federal. Su hija, Kayleigh Moffett, recibió una pena menor tras colaborar con la fiscalía. Otro implicado, Carlos Rocha Villaurrutia, fue sentenciado a 12 años.

Machado, en cambio, aún no fue juzgado: la justicia estadounidense espera su extradición para iniciar el proceso. De concretarse la entrega, deberá comparecer ante el tribunal de Texas, donde enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

Bullrich sigue el caso y crece la tensión política

Según fuentes del entorno judicial consultadas por este medio, el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, se mantiene al margen del tema. Sin embargo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sigue de cerca la evolución del expediente, según trascendidos en los pasillos de tribunales y cafés del centro porteño.

El caso Machado se ha convertido en tema obligado a pocos días de las elecciones legislativas. La pregunta que corroe a políticos y operadores judiciales es qué información podría aportar el empresario ante la justicia extranjera y si sus declaraciones podrían complicar a figuras argentinas vinculadas al poder político o empresarial.

La última firma para concretar la extradición dependerá del presidente Javier Milei, quien cuenta con asesores de confianza como Mariano Cúneo Libarona, Paul Starc y Alejandro Fargosi para este tipo de decisiones. Otros colaboradores, como Santiago Castro Videla y María Ibarzábal Murphy, intervienen en tareas de perfil administrativo.

Montgomery, Edgefield o San Diego: sin importar los gobiernos de turno, en los Estados Unidos se mantiene una política firme contra los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Los días de Federico «Fred» Machado en su chacra rionegrina parecen estar contados, pero la decisión final dependerá de una firma que aún no llega desde la Casa Rosada.

Puntos clave:

  • Federico Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma desde abril de 2021, acusado por la justicia de Texas de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero.
  • Su abogado Francisco Onetto, representante legal del presidente Milei, aplicó un recurso que obligó a la Cancillería a reconsultar el pedido de extradición, ganando meses de demora.
  • El juez federal Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición en abril de 2022, rechazando los planteos de inconstitucionalidad de la defensa.
  • La decisión final sobre la entrega del acusado dependerá del presidente Javier Milei una vez que la Corte Suprema autorice el trámite.
  • Fuentes judiciales señalan que la ministra Patricia Bullrich sigue de cerca el expediente, mientras crece la tensión política en vísperas de las legislativas.

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La Corte le pone un freno al Estado: declara inconstitucional el uso de datos personales

El máximo tribunal resolvió un caso que redefine los límites del manejo de información por organismos públicos. La decisión surge tras una demanda individual y cuestiona mecanismos de intercambio de información entre dependencias estatales.

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Lo que tenés que saber

  • La Corte declaró inconstitucional el uso de datos sin consentimiento
  • Anuló artículos de la Ley de Protección de Datos Personales
  • El fallo surge por una acción de habeas data
  • Cuestiona el intercambio de información entre organismos estatales
  • Señala vulneración del derecho a la privacidad
  • Hubo votos en disidencia dentro del tribunal

Fallo de la Corte sobre datos personales

La Corte Suprema resolvió que el Estado no puede utilizar datos personales sin consentimiento de sus titulares y declaró inconstitucionales artículos de la Ley de Protección de Datos Personales.

El tribunal sostuvo que estas prácticas vulneran derechos fundamentales vinculados a la privacidad y a la autodeterminación informativa.

El origen del caso

La decisión se tomó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional. La demanda surgió luego de que información personal fuera utilizada en el marco de un convenio entre organismos públicos.

Según el caso, la ANSES había cedido datos a la Secretaría de Comunicación Pública para la difusión de contenidos oficiales.

Argumentos del tribunal

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, señaló que no existe un interés legítimo que justifique la utilización de datos sin conocimiento de sus titulares.

Además, se indicó que las excepciones previstas en la normativa resultaban “excesivas e injustificadas” y afectaban garantías constitucionales.

En ese sentido, el tribunal advirtió que la amplitud de la ley permitía al Estado evitar la exigencia de consentimiento, lo que debilitaba la protección de la información personal.

Artículos anulados y alcance

La Corte invalidó disposiciones de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de datos entre organismos estatales sin autorización previa.

El fallo pone límites al uso y circulación de información personal dentro del ámbito público.

Posturas en disidencia

La resolución no fue unánime. El ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren votaron en disidencia.

Ambos propusieron rechazar el recurso del Estado y mantener la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.

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