Judiciales ⚖️
Fred Machado espera en su chacra mientras Milei decide si lo extradita a EEUU por narcotráfico
El empresario acusado de narcotráfico y lavado permanece bajo arresto domiciliario en Río Negro desde 2021. Su abogado Francisco Onetto, representante legal del presidente, logró demorar el expediente. Ahora Patricia Bullrich sigue el caso de cerca mientras crece la tensión política en vísperas de las legislativas.
⬛ Federico «Fred» Machado enfrenta uno de los pedidos de extradición más complejos de los últimos años en la Argentina. Requerido por la justicia de Estados Unidos desde 2021 por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero internacional, el empresario permanece bajo arresto domiciliario en su chacra de Viedma, provincia de Río Negro, mientras aguarda la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una vez que el máximo tribunal autorice la entrega, el expediente pasará al Poder Ejecutivo: será el presidente Javier Milei quien tenga la última palabra sobre si Machado es extraditado o no. Una decisión que, según fuentes consultadas, podría tener implicancias políticas más allá del caso judicial, especialmente por el rol que cumplió en la defensa del acusado Francisco Onetto, abogado y representante legal del propio Milei.
El recurso que ganó tiempo
Francisco Onetto, ex candidato a vicegobernador bonaerense junto a Carolina Píparo, logró aplicar un mecanismo legal que obligó a la Cancillería argentina a volver a consultar a Washington si el pedido de extradición seguía vigente. El recurso forzó a que el expediente retrocediera en su trámite, ganando meses de demora.
La respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue contundente: el requerimiento continúa vigente y los cargos contra Machado no fueron retirados. El recurso invocó un fallo vinculado a Kayleigh Moffett, una de las coacusadas en el caso de Texas que colaboró con la fiscalía, pero la estrategia no prosperó.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, Onetto no debería —al menos formalmente— participar de las conversaciones que deriven en la decisión presidencial, dado su rol como defensor del acusado. Sin embargo, su proximidad con Milei genera interrogantes sobre posibles conflictos de interés en un expediente que podría exponer vínculos entre el empresario y figuras del poder político argentino.
El fallo que autorizó la extradición
El 12 de abril de 2022, el juez federal Gustavo Villanueva, del Juzgado N.º 2 de Neuquén, declaró procedente la extradición de Federico Machado en un fallo de 48 páginas. El magistrado verificó la doble incriminación de los delitos —tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electrónico— y descartó que se tratara de delitos políticos o militares, tal como planteaba la defensa.
Villanueva sostuvo que el tratado bilateral con Estados Unidos contempla plenamente los cargos imputados y garantizó que Machado sólo podrá ser juzgado en territorio estadounidense por los delitos especificados en la acusación formal de 2021. Además, mantuvo el arresto domiciliario del empresario, atendiendo a informes médicos que acreditaban un cuadro de estrés postraumático y tratamiento psiquiátrico.
El juez detalló que Machado cumple arresto domiciliario en la finca ubicada en Ruta Provincial N.º 1, kilómetro 20, de la ciudad de Viedma, conocida como «La Gringa», junto a su madre María Ester Ciccarelli y su hermana Malena Igoldi, ambas designadas como guardadoras legales.
La vida en «La Gringa»
Desde 2021, Machado reside en su propiedad rural camino a El Cóndor. La chacra, de unas diez hectáreas a orillas del río Negro, está rodeada de muros de hormigón y cuenta con un camino interno asfaltado que conduce a una casa principal de amplias dimensiones, piscina y parque.
El empresario permanece bajo vigilancia electrónica mediante una tobillera y control remoto del Servicio Penitenciario, sin presencia policial permanente. Un entorno bucólico que contrasta con la magnitud de las acusaciones que enfrenta en los Estados Unidos, donde podría recibir cadena perpetua si es declarado culpable.
La presencia de Machado en Río Negro genera incomodidad no sólo por el perfil del caso, sino también por las tensiones políticas locales. En los últimos días, diputados provinciales exigieron explicaciones al gobernador Alberto Weretilneck sobre contratos públicos otorgados a Claudio Ciccarelli, primo de Machado. El organismo que debe responder al pedido legislativo tiene entre sus autoridades a la esposa del gobernador, lo que suma un nuevo capítulo al entramado de vínculos familiares y políticos que rodean el expediente.
El expediente en Texas
El caso judicial en Estados Unidos, identificado como «United States vs. Mercer-Erwin et al.» (Case 4:20-CR-00212), ubica a Machado como uno de los cerebros de una organización criminal dedicada a traficar cocaína y lavar dinero mediante operaciones de aviación privada.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Machado dirigía desde Florida las empresas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, utilizadas para registrar aviones que luego eran empleados por cárteles latinoamericanos en el traslado de droga hacia Norteamérica.
Los fiscales lo acusan de:
- Conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína
- Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos
- Lavado de activos internacionales
- Fraude electrónico
- Violaciones a las normas de exportación aeronáutica
El expediente incluye pruebas sobre aeronaves incautadas en México, Guatemala, Belice y Honduras, con cargamentos que superaron las dos toneladas de cocaína. Además, detalla un esquema de fraude financiero por más de 250 millones de dólares, mediante el cual inversionistas eran engañados con la promesa de comprar aeronaves que nunca existieron.
Entre sus principales socias figura Debra Lynn Mercer-Erwin, dueña de las compañías Aircraft Guaranty Corp. y Wright Brothers Aircraft Title, condenada en 2024 a 16 años de prisión federal. Su hija, Kayleigh Moffett, recibió una pena menor tras colaborar con la fiscalía. Otro implicado, Carlos Rocha Villaurrutia, fue sentenciado a 12 años.
Machado, en cambio, aún no fue juzgado: la justicia estadounidense espera su extradición para iniciar el proceso. De concretarse la entrega, deberá comparecer ante el tribunal de Texas, donde enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.
Bullrich sigue el caso y crece la tensión política
Según fuentes del entorno judicial consultadas por este medio, el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, se mantiene al margen del tema. Sin embargo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sigue de cerca la evolución del expediente, según trascendidos en los pasillos de tribunales y cafés del centro porteño.
El caso Machado se ha convertido en tema obligado a pocos días de las elecciones legislativas. La pregunta que corroe a políticos y operadores judiciales es qué información podría aportar el empresario ante la justicia extranjera y si sus declaraciones podrían complicar a figuras argentinas vinculadas al poder político o empresarial.
La última firma para concretar la extradición dependerá del presidente Javier Milei, quien cuenta con asesores de confianza como Mariano Cúneo Libarona, Paul Starc y Alejandro Fargosi para este tipo de decisiones. Otros colaboradores, como Santiago Castro Videla y María Ibarzábal Murphy, intervienen en tareas de perfil administrativo.
Montgomery, Edgefield o San Diego: sin importar los gobiernos de turno, en los Estados Unidos se mantiene una política firme contra los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Los días de Federico «Fred» Machado en su chacra rionegrina parecen estar contados, pero la decisión final dependerá de una firma que aún no llega desde la Casa Rosada.
Puntos clave:
- Federico Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma desde abril de 2021, acusado por la justicia de Texas de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero.
- Su abogado Francisco Onetto, representante legal del presidente Milei, aplicó un recurso que obligó a la Cancillería a reconsultar el pedido de extradición, ganando meses de demora.
- El juez federal Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición en abril de 2022, rechazando los planteos de inconstitucionalidad de la defensa.
- La decisión final sobre la entrega del acusado dependerá del presidente Javier Milei una vez que la Corte Suprema autorice el trámite.
- Fuentes judiciales señalan que la ministra Patricia Bullrich sigue de cerca el expediente, mientras crece la tensión política en vísperas de las legislativas.
CABA
Macri insulta a una jueza con 35 años de experiencia en niñez para quedar bien con Milei
El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri se alineó con el Gobierno nacional y aprovechó la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires para atacar al gobernador Axel Kicillof, mientras la jueza que dictó la medida explicó que sin infraestructura la ley no crea seguridad sino más hacinamiento y violencia.
El hacinamiento de adolescentes en centros de privación de libertad sin acceso a educación, trabajo ni tratamiento es el problema real que motivó la suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Así lo explicó la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien dictó la medida cautelar al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Para el bloque gobernante y para el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, sin embargo, el fallo fue ante todo una munición política para arremeter contra Axel Kicillof.
La Ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional en febrero y en vigor a escala nacional desde el 5 de septiembre de 2026, redujo la edad mínima de imputabilidad de los 16 a los 14 años, reemplazando el régimen vigente desde 1980. Dos días después de su entrada en vigencia, Pascual suspendió preventivamente su aplicación en el territorio bonaerense al advertir que la Provincia carece de la infraestructura edilicia, los recursos profesionales y los dispositivos institucionales necesarios para absorber el aumento de adolescentes que ingresarían al sistema penal.
La jueza habló: «Un chico encerrado sin educación llega a los 18 a una escuela del delito»
Pascual defendió su fallo con argumentos técnicos y experiencia judicial directa. En declaraciones radiales, la magistrada sostuvo que «si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes» y fue contundente al advertir que «un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito». También afirmó que «hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia».
La jueza subrayó que su fallo no implica un cuestionamiento a la reducción de la edad de imputabilidad en sí misma, sino a las condiciones materiales en las que comenzaría a aplicarse. En los fundamentos de la resolución, Pascual señaló que su propio juzgado debió imponer anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora porque el establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad. «Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo«, planteó, y propuso que los 60 días de suspensión sirvan para que los distintos poderes del Estado definan quién supervisará a cada joven, con qué recursos funcionarán los centros y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla.
Ante quienes la acusan de garantista, Pascual respondió sin vacilaciones: «Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente». Su trayectoria respalda esa mirada: con más de 35 años de trabajo en niñez y adolescencia, fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, presidenta del Consejo Provincial del Menor y Familia, consultora de UNICEF y presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia. En 2025, la Universidad Nacional Guillermo Brown le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su trayectoria en derecho y justicia social.
Macri se alinea con Milei y convierte un debate judicial en ataque político
Lejos del debate técnico sobre infraestructura penitenciaria juvenil, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, optó por la confrontación directa desde las redes sociales. En su cuenta de X, Macri sostuvo que «la edad no puede ser una excusa para matar, robar o destruir una familia», aunque ningún argumento de la jueza Pascual planteó lo contrario. A continuación arremetió contra la oposición: «Pero Kicillof y el garantismo parecen pensar distinto». Para cerrar, Macri se diferenció del gobernador bonaerense y aseguró: «Nosotros siempre vamos a estar del mismo lado: el de la gente de bien. En la Ciudad el Régimen Penal Juvenil tiene plena vigencia».
El alcalde porteño también disparó contra el Poder Judicial bonaerense: «Cada vez que sale una ley a favor de la gente honesta, aparecen jueces dispuestos a defender a los delincuentes y garantizarles impunidad». La expresión no cuadra con los argumentos de la jueza, que en ningún momento defendió la impunidad de nadie, sino que señaló la falta de condiciones para aplicar la ley dentro de los estándares de derechos humanos exigidos por la propia legislación.
La posición de Macri se inscribió el mismo día en que La Libertad Avanza bonaerense anunció que solicitará el juicio político de la jueza Pascual; y la ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra la magistrada, acusándola de usurpación funcional y abuso de autoridad. Un frente de presión judicial y política que no tiene precedentes proporcionales frente a una medida cautelar de 60 días dictada con fundamentos técnicos documentados.
El debate que el Gobierno evita: ¿con qué infraestructura se aplica la ley?
La resolución de Pascual abrió una grieta en el propio sistema judicial bonaerense: mientras la jueza de Lomas de Zamora suspendía la ley, un juez de Menores de Quilmes ordenó la detención de un adolescente de 15 años aplicando la nueva legislación. La ausencia de criterio uniforme revela que el problema no es ideológico sino estructural: la ley existe, pero los recursos para aplicarla respetando estándares básicos no están garantizados en todo el territorio provincial.
La propia Ley 27.801 establece entre sus objetivos la reinserción social y las medidas alternativas al encierro. Lo que Pascual reclamó no es ignorar esos objetivos, sino cumplirlos. La respuesta del Gobierno nacional y de Macri fue convertir ese reclamo en un ataque político al peronismo bonaerense, eludiendo la pregunta concreta: ¿con qué centros, con cuántos profesionales y con qué presupuesto se aplica una ley que ampliará significativamente la cantidad de adolescentes bajo custodia estatal?
Lo que tenés que saber de la baja de imputabilidad
- La jueza Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires por falta de infraestructura para aplicarla dentro de los estándares de derechos humanos.
- La medida cautelar se fundó en un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, ligada a la Iglesia Católica.
- La ley baja la edad mínima de imputabilidad de los 16 a los 14 años y entró en vigor a escala nacional el 5 de septiembre de 2026.
- Jorge Macri usó el fallo para atacar a Kicillof en las redes sociales, alineándose con la posición del Gobierno nacional sin abordar los argumentos técnicos de la jueza.
- La Libertad Avanza bonaerense anunció el pedido de juicio político a la magistrada, y la ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra ella.
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