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Judiciales ⚖️

Fred Machado espera en su chacra mientras Milei decide si lo extradita a EEUU por narcotráfico

El empresario acusado de narcotráfico y lavado permanece bajo arresto domiciliario en Río Negro desde 2021. Su abogado Francisco Onetto, representante legal del presidente, logró demorar el expediente. Ahora Patricia Bullrich sigue el caso de cerca mientras crece la tensión política en vísperas de las legislativas.

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⬛ Federico «Fred» Machado enfrenta uno de los pedidos de extradición más complejos de los últimos años en la Argentina. Requerido por la justicia de Estados Unidos desde 2021 por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero internacional, el empresario permanece bajo arresto domiciliario en su chacra de Viedma, provincia de Río Negro, mientras aguarda la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una vez que el máximo tribunal autorice la entrega, el expediente pasará al Poder Ejecutivo: será el presidente Javier Milei quien tenga la última palabra sobre si Machado es extraditado o no. Una decisión que, según fuentes consultadas, podría tener implicancias políticas más allá del caso judicial, especialmente por el rol que cumplió en la defensa del acusado Francisco Onetto, abogado y representante legal del propio Milei.

El recurso que ganó tiempo

Francisco Onetto, ex candidato a vicegobernador bonaerense junto a Carolina Píparo, logró aplicar un mecanismo legal que obligó a la Cancillería argentina a volver a consultar a Washington si el pedido de extradición seguía vigente. El recurso forzó a que el expediente retrocediera en su trámite, ganando meses de demora.

La respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue contundente: el requerimiento continúa vigente y los cargos contra Machado no fueron retirados. El recurso invocó un fallo vinculado a Kayleigh Moffett, una de las coacusadas en el caso de Texas que colaboró con la fiscalía, pero la estrategia no prosperó.

Según fuentes judiciales consultadas por este medio, Onetto no debería —al menos formalmente— participar de las conversaciones que deriven en la decisión presidencial, dado su rol como defensor del acusado. Sin embargo, su proximidad con Milei genera interrogantes sobre posibles conflictos de interés en un expediente que podría exponer vínculos entre el empresario y figuras del poder político argentino.

El fallo que autorizó la extradición

El 12 de abril de 2022, el juez federal Gustavo Villanueva, del Juzgado N.º 2 de Neuquén, declaró procedente la extradición de Federico Machado en un fallo de 48 páginas. El magistrado verificó la doble incriminación de los delitos —tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electrónico— y descartó que se tratara de delitos políticos o militares, tal como planteaba la defensa.

Villanueva sostuvo que el tratado bilateral con Estados Unidos contempla plenamente los cargos imputados y garantizó que Machado sólo podrá ser juzgado en territorio estadounidense por los delitos especificados en la acusación formal de 2021. Además, mantuvo el arresto domiciliario del empresario, atendiendo a informes médicos que acreditaban un cuadro de estrés postraumático y tratamiento psiquiátrico.

El juez detalló que Machado cumple arresto domiciliario en la finca ubicada en Ruta Provincial N.º 1, kilómetro 20, de la ciudad de Viedma, conocida como «La Gringa», junto a su madre María Ester Ciccarelli y su hermana Malena Igoldi, ambas designadas como guardadoras legales.

La vida en «La Gringa»

Desde 2021, Machado reside en su propiedad rural camino a El Cóndor. La chacra, de unas diez hectáreas a orillas del río Negro, está rodeada de muros de hormigón y cuenta con un camino interno asfaltado que conduce a una casa principal de amplias dimensiones, piscina y parque.

El empresario permanece bajo vigilancia electrónica mediante una tobillera y control remoto del Servicio Penitenciario, sin presencia policial permanente. Un entorno bucólico que contrasta con la magnitud de las acusaciones que enfrenta en los Estados Unidos, donde podría recibir cadena perpetua si es declarado culpable.

La presencia de Machado en Río Negro genera incomodidad no sólo por el perfil del caso, sino también por las tensiones políticas locales. En los últimos días, diputados provinciales exigieron explicaciones al gobernador Alberto Weretilneck sobre contratos públicos otorgados a Claudio Ciccarelli, primo de Machado. El organismo que debe responder al pedido legislativo tiene entre sus autoridades a la esposa del gobernador, lo que suma un nuevo capítulo al entramado de vínculos familiares y políticos que rodean el expediente.

El expediente en Texas

El caso judicial en Estados Unidos, identificado como «United States vs. Mercer-Erwin et al.» (Case 4:20-CR-00212), ubica a Machado como uno de los cerebros de una organización criminal dedicada a traficar cocaína y lavar dinero mediante operaciones de aviación privada.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Machado dirigía desde Florida las empresas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, utilizadas para registrar aviones que luego eran empleados por cárteles latinoamericanos en el traslado de droga hacia Norteamérica.

Los fiscales lo acusan de:

  • Conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína
  • Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos
  • Lavado de activos internacionales
  • Fraude electrónico
  • Violaciones a las normas de exportación aeronáutica

El expediente incluye pruebas sobre aeronaves incautadas en México, Guatemala, Belice y Honduras, con cargamentos que superaron las dos toneladas de cocaína. Además, detalla un esquema de fraude financiero por más de 250 millones de dólares, mediante el cual inversionistas eran engañados con la promesa de comprar aeronaves que nunca existieron.

Entre sus principales socias figura Debra Lynn Mercer-Erwin, dueña de las compañías Aircraft Guaranty Corp. y Wright Brothers Aircraft Title, condenada en 2024 a 16 años de prisión federal. Su hija, Kayleigh Moffett, recibió una pena menor tras colaborar con la fiscalía. Otro implicado, Carlos Rocha Villaurrutia, fue sentenciado a 12 años.

Machado, en cambio, aún no fue juzgado: la justicia estadounidense espera su extradición para iniciar el proceso. De concretarse la entrega, deberá comparecer ante el tribunal de Texas, donde enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

Bullrich sigue el caso y crece la tensión política

Según fuentes del entorno judicial consultadas por este medio, el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, se mantiene al margen del tema. Sin embargo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sigue de cerca la evolución del expediente, según trascendidos en los pasillos de tribunales y cafés del centro porteño.

El caso Machado se ha convertido en tema obligado a pocos días de las elecciones legislativas. La pregunta que corroe a políticos y operadores judiciales es qué información podría aportar el empresario ante la justicia extranjera y si sus declaraciones podrían complicar a figuras argentinas vinculadas al poder político o empresarial.

La última firma para concretar la extradición dependerá del presidente Javier Milei, quien cuenta con asesores de confianza como Mariano Cúneo Libarona, Paul Starc y Alejandro Fargosi para este tipo de decisiones. Otros colaboradores, como Santiago Castro Videla y María Ibarzábal Murphy, intervienen en tareas de perfil administrativo.

Montgomery, Edgefield o San Diego: sin importar los gobiernos de turno, en los Estados Unidos se mantiene una política firme contra los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Los días de Federico «Fred» Machado en su chacra rionegrina parecen estar contados, pero la decisión final dependerá de una firma que aún no llega desde la Casa Rosada.

Puntos clave:

  • Federico Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma desde abril de 2021, acusado por la justicia de Texas de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero.
  • Su abogado Francisco Onetto, representante legal del presidente Milei, aplicó un recurso que obligó a la Cancillería a reconsultar el pedido de extradición, ganando meses de demora.
  • El juez federal Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición en abril de 2022, rechazando los planteos de inconstitucionalidad de la defensa.
  • La decisión final sobre la entrega del acusado dependerá del presidente Javier Milei una vez que la Corte Suprema autorice el trámite.
  • Fuentes judiciales señalan que la ministra Patricia Bullrich sigue de cerca el expediente, mientras crece la tensión política en vísperas de las legislativas.

Investigación 🔎

Una manguera desconectada cinco segundos: el origen de 90 muertes por fentanilo contaminado

La hipótesis judicial que investiga la causa del fentanilo adulterado señala que la ruptura de la cadena de esterilización en el Laboratorio Ramallo, un fallo de segundos que operarios reconocieron en mensajes privados, derivó en la contaminación de tres lotes que llegaron a hospitales de todo el país. El juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Rotela avanzan sobre una trama de negligencia, encubrimiento y destrucción de pruebas.

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La manguera desconectada cinco segundos: la hipótesis técnica sobre el origen de las 90 muertes por fentanilo.

La desconexión de una manguera de apenas tres milímetros durante menos de cinco segundos en la planta del Laboratorio Ramallo habría sido el punto de partida de la contaminación masiva que dejó 90 personas fallecidas y otras 44 afectadas en distintos puntos del país. Esa es la hipótesis central que desarrolla la investigación judicial en curso, según información surgida de los peritajes técnicos incorporados a la causa.

El fallo técnico que nadie detuvo

De acuerdo con la reconstrucción pericial, el incidente se produjo en una fase crítica del proceso de fabricación: el sector donde el fentanilo en polvo se disuelve en agua esterilizada para su posterior envasado en ampollas de vidrio. En ese tramo, una manguera de acero quirúrgico transporta la mezcla hacia el área de llenado. El contacto del dispositivo con el aire del recinto rompe la esterilidad absoluta que el proceso exige.

Las Buenas Prácticas de Fabricación vigentes en la industria farmacéutica establecen con claridad el protocolo ante cualquier incidente de este tipo: suspender el procedimiento, limpiar el área y descartar el producto afectado. Nada de eso ocurrió. Según surge de la investigación, los operarios reconectaron la manguera y completaron el llenado de tres lotes adicionales que fueron liberados al mercado y distribuidos a hospitales de todo el país.

Los mensajes que lo prueban: «ese que se desconectó la manguera, ¿te acordás?»

La evidencia más comprometedora para los imputados no provino de los registros de fabricación, sino de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos. En los chats extraídos, empleados del área de control de calidad admitieron las irregularidades con una crudeza que la fiscalía incorporó al expediente. En uno de los intercambios, un trabajador escribió: «Nos agarran por el fentanilo ese de mierda; ese que se desconectó la manguera, ¿te acordás?»

En la misma conversación, los interlocutores reconocían que el producto estaba «re contaminado» y que se habían solicitado muestras nuevas a pesar de que el lote ya había sido comercializado. La fiscal Laura Rotela remarcó que el laboratorio recibió múltiples alertas sobre la peligrosidad de los medicamentos elaborados sin respetar los protocolos de seguridad, y que no se adoptaron medidas preventivas para resguardar la salud pública pese a esas advertencias.

La «re-esterilización» que pudo convertir el fármaco en placebo

Tras reportarse las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata, la firma HLB Pharma intentó una maniobra de emergencia: someter las ampollas ya envasadas a un proceso de calor a 107 grados con el objetivo de «re-esterilizarlas». Según advirtieron especialistas consultados por la investigación, esa intervención pudo haber transformado el medicamento en un placebo al destruir el principio activo y eliminar el efecto analgésico original del fentanilo.

La fiscalía denunció además una presunta «operación limpieza» posterior al estallido del escándalo, que habría incluido la quema de pruebas documentales y la eliminación de registros de fabricación. Esa maniobra se suma a la lista de conductas investigadas como entorpecimiento de la justicia.

La causa avanza: procesados, imputadas y próximos pasos

La causa es conducida por el juez federal Ernesto Kreplak y mantiene detenidos a los responsables de la firma HLB Pharma. En paralelo, la investigación imputó a exfuncionarias de ANMAT e INAME por su rol en el control de la planta. En los próximos días, el Juzgado Federal N° 3 de La Plata definirá la situación procesal de las exfuncionarias involucradas en la fiscalización del laboratorio.

La causa no solo interpela a los laboratorios: pone bajo la lupa al Estado y su capacidad de control sobre la cadena de producción farmacéutica. La pregunta que la investigación judicial deja abierta es si el colapso de los controles fue producto de la negligencia, de la complicidad o de ambas cosas a la vez.

Puntos clave

  • Una desconexión de menos de cinco segundos en una manguera del Laboratorio Ramallo habría desencadenado la contaminación de tres lotes de fentanilo distribuidos a hospitales del país.
  • Los mensajes secuestrados de celulares de empleados prueban que el personal de control de calidad conocía la contaminación del producto y que el lote fue vendido de todas formas.
  • La firma HLB intentó «re-esterilizar» las ampollas a 107 grados, una maniobra que pudo haber convertido el fármaco en un placebo inerte.
  • La fiscal Laura Rotela señaló que el laboratorio recibió alertas previas sobre la peligrosidad de los medicamentos y no adoptó medidas preventivas.
  • El Juzgado Federal N° 3 de La Plata definirá en los próximos días la situación procesal de las exfuncionarias de ANMAT e INAME imputadas en la causa.
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