Judiciales ⚖️
Fred Machado espera en su chacra mientras Milei decide si lo extradita a EEUU por narcotráfico
El empresario acusado de narcotráfico y lavado permanece bajo arresto domiciliario en Río Negro desde 2021. Su abogado Francisco Onetto, representante legal del presidente, logró demorar el expediente. Ahora Patricia Bullrich sigue el caso de cerca mientras crece la tensión política en vísperas de las legislativas.
⬛ Federico «Fred» Machado enfrenta uno de los pedidos de extradición más complejos de los últimos años en la Argentina. Requerido por la justicia de Estados Unidos desde 2021 por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero internacional, el empresario permanece bajo arresto domiciliario en su chacra de Viedma, provincia de Río Negro, mientras aguarda la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una vez que el máximo tribunal autorice la entrega, el expediente pasará al Poder Ejecutivo: será el presidente Javier Milei quien tenga la última palabra sobre si Machado es extraditado o no. Una decisión que, según fuentes consultadas, podría tener implicancias políticas más allá del caso judicial, especialmente por el rol que cumplió en la defensa del acusado Francisco Onetto, abogado y representante legal del propio Milei.
El recurso que ganó tiempo
Francisco Onetto, ex candidato a vicegobernador bonaerense junto a Carolina Píparo, logró aplicar un mecanismo legal que obligó a la Cancillería argentina a volver a consultar a Washington si el pedido de extradición seguía vigente. El recurso forzó a que el expediente retrocediera en su trámite, ganando meses de demora.
La respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue contundente: el requerimiento continúa vigente y los cargos contra Machado no fueron retirados. El recurso invocó un fallo vinculado a Kayleigh Moffett, una de las coacusadas en el caso de Texas que colaboró con la fiscalía, pero la estrategia no prosperó.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, Onetto no debería —al menos formalmente— participar de las conversaciones que deriven en la decisión presidencial, dado su rol como defensor del acusado. Sin embargo, su proximidad con Milei genera interrogantes sobre posibles conflictos de interés en un expediente que podría exponer vínculos entre el empresario y figuras del poder político argentino.
El fallo que autorizó la extradición
El 12 de abril de 2022, el juez federal Gustavo Villanueva, del Juzgado N.º 2 de Neuquén, declaró procedente la extradición de Federico Machado en un fallo de 48 páginas. El magistrado verificó la doble incriminación de los delitos —tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electrónico— y descartó que se tratara de delitos políticos o militares, tal como planteaba la defensa.
Villanueva sostuvo que el tratado bilateral con Estados Unidos contempla plenamente los cargos imputados y garantizó que Machado sólo podrá ser juzgado en territorio estadounidense por los delitos especificados en la acusación formal de 2021. Además, mantuvo el arresto domiciliario del empresario, atendiendo a informes médicos que acreditaban un cuadro de estrés postraumático y tratamiento psiquiátrico.
El juez detalló que Machado cumple arresto domiciliario en la finca ubicada en Ruta Provincial N.º 1, kilómetro 20, de la ciudad de Viedma, conocida como «La Gringa», junto a su madre María Ester Ciccarelli y su hermana Malena Igoldi, ambas designadas como guardadoras legales.
La vida en «La Gringa»
Desde 2021, Machado reside en su propiedad rural camino a El Cóndor. La chacra, de unas diez hectáreas a orillas del río Negro, está rodeada de muros de hormigón y cuenta con un camino interno asfaltado que conduce a una casa principal de amplias dimensiones, piscina y parque.
El empresario permanece bajo vigilancia electrónica mediante una tobillera y control remoto del Servicio Penitenciario, sin presencia policial permanente. Un entorno bucólico que contrasta con la magnitud de las acusaciones que enfrenta en los Estados Unidos, donde podría recibir cadena perpetua si es declarado culpable.
La presencia de Machado en Río Negro genera incomodidad no sólo por el perfil del caso, sino también por las tensiones políticas locales. En los últimos días, diputados provinciales exigieron explicaciones al gobernador Alberto Weretilneck sobre contratos públicos otorgados a Claudio Ciccarelli, primo de Machado. El organismo que debe responder al pedido legislativo tiene entre sus autoridades a la esposa del gobernador, lo que suma un nuevo capítulo al entramado de vínculos familiares y políticos que rodean el expediente.
El expediente en Texas
El caso judicial en Estados Unidos, identificado como «United States vs. Mercer-Erwin et al.» (Case 4:20-CR-00212), ubica a Machado como uno de los cerebros de una organización criminal dedicada a traficar cocaína y lavar dinero mediante operaciones de aviación privada.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Machado dirigía desde Florida las empresas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, utilizadas para registrar aviones que luego eran empleados por cárteles latinoamericanos en el traslado de droga hacia Norteamérica.
Los fiscales lo acusan de:
- Conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína
- Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos
- Lavado de activos internacionales
- Fraude electrónico
- Violaciones a las normas de exportación aeronáutica
El expediente incluye pruebas sobre aeronaves incautadas en México, Guatemala, Belice y Honduras, con cargamentos que superaron las dos toneladas de cocaína. Además, detalla un esquema de fraude financiero por más de 250 millones de dólares, mediante el cual inversionistas eran engañados con la promesa de comprar aeronaves que nunca existieron.
Entre sus principales socias figura Debra Lynn Mercer-Erwin, dueña de las compañías Aircraft Guaranty Corp. y Wright Brothers Aircraft Title, condenada en 2024 a 16 años de prisión federal. Su hija, Kayleigh Moffett, recibió una pena menor tras colaborar con la fiscalía. Otro implicado, Carlos Rocha Villaurrutia, fue sentenciado a 12 años.
Machado, en cambio, aún no fue juzgado: la justicia estadounidense espera su extradición para iniciar el proceso. De concretarse la entrega, deberá comparecer ante el tribunal de Texas, donde enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.
Bullrich sigue el caso y crece la tensión política
Según fuentes del entorno judicial consultadas por este medio, el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, se mantiene al margen del tema. Sin embargo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sigue de cerca la evolución del expediente, según trascendidos en los pasillos de tribunales y cafés del centro porteño.
El caso Machado se ha convertido en tema obligado a pocos días de las elecciones legislativas. La pregunta que corroe a políticos y operadores judiciales es qué información podría aportar el empresario ante la justicia extranjera y si sus declaraciones podrían complicar a figuras argentinas vinculadas al poder político o empresarial.
La última firma para concretar la extradición dependerá del presidente Javier Milei, quien cuenta con asesores de confianza como Mariano Cúneo Libarona, Paul Starc y Alejandro Fargosi para este tipo de decisiones. Otros colaboradores, como Santiago Castro Videla y María Ibarzábal Murphy, intervienen en tareas de perfil administrativo.
Montgomery, Edgefield o San Diego: sin importar los gobiernos de turno, en los Estados Unidos se mantiene una política firme contra los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Los días de Federico «Fred» Machado en su chacra rionegrina parecen estar contados, pero la decisión final dependerá de una firma que aún no llega desde la Casa Rosada.
Puntos clave:
- Federico Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma desde abril de 2021, acusado por la justicia de Texas de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero.
- Su abogado Francisco Onetto, representante legal del presidente Milei, aplicó un recurso que obligó a la Cancillería a reconsultar el pedido de extradición, ganando meses de demora.
- El juez federal Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición en abril de 2022, rechazando los planteos de inconstitucionalidad de la defensa.
- La decisión final sobre la entrega del acusado dependerá del presidente Javier Milei una vez que la Corte Suprema autorice el trámite.
- Fuentes judiciales señalan que la ministra Patricia Bullrich sigue de cerca el expediente, mientras crece la tensión política en vísperas de las legislativas.
Investigación 🔎
Del 3% de los audios a $7.833 millones en sobreprecios: la Justicia reconstruye el negocio de la ANDIS
El juez Ariel Lijo extendió el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, de su número dos y de una veintena de empresarios a las compras de insumos ortopédicos. La resolución describe una organización delictiva que operó dentro y fuera del organismo con fondos destinados a personas con discapacidad.
Sillas de ruedas, andadores, implantes auditivos, prótesis para personas amputadas. Esos fueron los insumos sobre los que, según la Justicia federal, se montó un circuito de compras direccionadas, sobreprecios y retornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La diferencia de precios detectada hasta ahora ya supera los 7.833 millones de pesos, y la propia resolución aclara que se trata de una cifra provisoria y parcial.
El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la ANDIS y ex abogado personal de Javier Milei, y contra quien fuera su segundo, Daniel Garbellini. La medida alcanza también a Miguel Ángel Calvete, Ornella Calvete y a un amplio grupo de empresarios proveedores del organismo. La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que ya avanza sobre una nueva etapa de la investigación.
De los medicamentos a los insumos: la misma estructura
Todos los imputados ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026 por las maniobras en la compra de medicamentos, una decisión que luego confirmó la Sala II de la Cámara Federal. La nueva resolución extiende esa imputación a las contrataciones del rubro insumos, al considerarlas parte de la misma estructura delictiva.
Los delitos atribuidos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos, el juez también tuvo por probados hechos de lavado de activos agravado, vinculados con la canalización y circulación del dinero obtenido mediante las maniobras.
La investigación examinó seis segmentos de compras: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. Es decir, prestaciones básicas para una población que depende del Estado para acceder a ellas.
Los empresarios y los engranajes internos
Entre los procesados figuran Emilio César Olguín (Expo Trauma S.A.); Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella (Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.); Claudio Alejandro Kahn (Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.); Osmar Mariano Caballi (Farma Salud S.R.L.); Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués (Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.); Humberto Gabriel Maone (Med-El Latino América S.R.L.); Nicolás Luna (Meridius S.A.); Fabián César Piedimonte (Neurosalud S.A.); Gustavo David Bernat (Ortopedia Bernat S.R.L.) y Patricio Oscar Acosta, vinculado entre otras firmas con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
Dentro del organismo, la decisión alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, señalados por haber cumplido funciones clave en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo, Lijo procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de los circuitos financieros y comerciales vinculados con Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita, mientras que otras 11 personas indagadas recibieron falta de mérito, con la indicación de profundizar la investigación sobre ellas.
«No se trató de irregularidades aisladas»
A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos 1.849.277.963 pesos en operaciones de insumos. Sumadas a los 5.984.594.394,24 pesos detectados previamente en medicamentos, la cuantificación conjunta llega a 7.833.872.357,24 pesos.
La resolución es contundente sobre la naturaleza del esquema: «El conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo (principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas), operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos».
Sobre el funcionamiento, el fallo describe «la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación», con «selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas». Y concluye que, a través de ese mecanismo, se generaron «beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización». Para el juzgado, la reiteración de las prácticas demuestra que no hubo errores administrativos, sino una actuación organizada y sostenida en el tiempo.
La reconstrucción se apoya en lo ya resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que al analizar las contrataciones del sistema SIIPFIS sostuvo que «fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos», y que los vínculos entre funcionarios, operadores y proveedores «no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes».
Los audios que el Gobierno quiso enterrar
La causa nació en agosto de 2025, cuando se difundieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que una voz afirmaba que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibía un 3% de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, y mencionaba también a Eduardo «Lule» Menem. El Gobierno echó a Spagnuolo, intervino la ANDIS y el entonces vocero presidencial Manuel Adorni atribuyó el escándalo a una «manipulación política de la oposición en un año electoral». Milei calificó todo lo dicho por su ex amigo como «mentira» y luego llegó a hablar de «inteligencia artificial».
Más de un año después, la Justicia confirma, resolución tras resolución, que el sistema de retornos que describían esas grabaciones tenía un correlato concreto en las compras del Estado. La investigación, que inicialmente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello, quedó luego bajo la órbita de Lijo, el magistrado que el propio Milei propuso para integrar la Corte Suprema. En septiembre, el abogado Gregorio Dalbón, autor de la denuncia original, pidió ante ese juzgado la detención de Spagnuolo.
Mientras tanto, el mismo Gobierno que recortó prestaciones y pensiones por discapacidad en nombre del equilibrio fiscal sigue sin dar explicaciones sobre cómo funcionó, bajo su gestión, una estructura que convirtió las necesidades de las personas con discapacidad en un negocio para funcionarios y proveedores amigos.
Lo que tenés que saber:
- El juez Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y una veintena de empresarios por la compra de insumos en la ANDIS.
- Se les imputa asociación ilícita, negociaciones incompatibles y defraudación agravada; en algunos casos, también lavado de activos agravado.
- Las diferencias de precios detectadas en medicamentos e insumos suman $7.833.872.357,24, una cifra provisoria y parcial.
- Las compras investigadas abarcan sillas y andadores, implantes auditivos, insumos para amputaciones, cardio, neuro y traumatología.
- El fiscal Franco Picardi avanza en una nueva etapa de la causa, mientras 11 indagados recibieron falta de mérito.
-
Boxeo5 díasEl Roña Castro murió tras descompensarse en el Bingo de Morón: investigan las causas
-
Elecciones3 díasBrasil en empate técnico: Flávio Bolsonaro saca dos puntos y el miedo se reparte
-
Mundo 🌐3 díasFin de la 6×1 en Brasil: el Senado aprobó dos días de descanso y Lula celebra antes del balotaje
-
Fútbol & Goles!5 díasMucha posesión, poco arco: por qué Boca no pudo con Vasco ni con un hombre de más
-
CABA2 díasCarbón Blanco: vuelven a rematar un departamento decomisado en Villa Urquiza, 18% más barato
-
Papa León XIV5 díasEl Gobierno sostiene el operativo por León XIV pese al diagnóstico del Papa
-
CABA5 díasMano dura como bandera: Jorge Macri suma 600 policías y se burla de sus críticos
-
Papa León XIV5 díasLeón XIV despertó lúcido tras la cirugía y el Gobierno se aferra a la visita
