De cara a las próximas elecciones presidenciales en la Argentina, una de las precandidatas que más controversia genera, junto a Javier Milei, es Patricia Bullrich. Ella representa la máxima expresión de la derecha vernácula, quien dirime dentro de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) su candidatura ante Horacio Rodríguez Larreta, también neoliberal, pero de corte más moderado.

Reconocida por su trayectoria política en el ámbito de la seguridad, Bullrich ha expresado públicamente su intención de aplicar la teoría del shock en el ámbito económico, así como de desplegar fuerzas de seguridad represivas y militarizadas para enfrentar la protesta social, posturas que han despertado preocupación y críticas por parte de diversos sectores sociales, políticos y gremiales de la Argentina.

La aplicación de la teoría del shock en lo económico:

Uno de los planteamientos más controvertidos de Patricia Bullrich es su propuesta de aplicar la teoría del shock en la economía argentina en caso de ser elegida presidenta. La teoría del shock, popularizada por la escritora Naomi Klein, postula que en momentos de crisis o conmoción social, se pueden implementar políticas económicas radicales aprovechando el estado de shock de la población. Esta estrategia implica la implementación de reformas neoliberales, recortes en el gasto público y la flexibilización laboral, entre otras medidas.

La adopción de esta teoría genera preocupación, ya que históricamente se ha demostrado que las políticas de shock económico tienden a afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Estas medidas suelen conducir a un aumento de la desigualdad, la precarización laboral y la disminución de los servicios públicos, impactando negativamente en la calidad de vida de amplias capas de la población.

La militarización de la represión y la protesta social:

Otra propuesta de Bullrich que ha generado inquietud es su intención de desplegar fuerzas de seguridad represivas y militarizadas para enfrentar la protesta social. Esta visión de la seguridad pública pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los movimientos sociales, de los trabajadores y trabajadoras y socava el principio mismo de la democracia.

Asimismo, la militarización de la represión implica un aumento de la presencia y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, en detrimento de la promoción de la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos. Esta estrategia no solo puede exacerbar la violencia y la confrontación en las manifestaciones, sino que también pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la protesta legítima y la vida de las personas, los trabajadores y del pueblo.

En lugar de fomentar el diálogo y la construcción de consensos, la idea de desplegar fuerzas de seguridad represivas y militarizadas como fuerza de choque de la protesta social va en contra de los principios básicos de una sociedad democrática, incluso juega en contra porque un gobierno de corte autoritario puede poner en riesgo su propia gobernabilidad.

Por el contrario, en la Argentina es necesario reconstruir el pacto democrático, quebrantado en los últimos años y promover el retorno del estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y ampliar derechos, para buscar soluciones pacíficas a los conflictos sociales, comenzar un proceso de redistribución de la riqueza y fortalecer el entramado productivo, en lugar de recurrir a las campañas sucias, las maniobras judiciales contra las fuerzas políticas antagónicas, y a la represión y la violencia como herramientas de control social.