Economía 💲
“Quita de retenciones, fin de restricciones y reglas claras”: los pedidos del campo a Milei
Si bien todavía no fue anunciado de forma oficial, todo apunta a que el ingeniero agrónomo Fernando Vilella será el nuevo secretario de Agricultura a partir del 10 de diciembre.
El fin de las retenciones, la eliminación de las restricciones que existen para exportar y poder contar con reglas claras que den certidumbre, son las principales expectativas y pedidos que referentes y autoridades de entidades y cámaras pertenecientes a la agroindustria plantean de cara a la asunción de Javier Milei como presidente el próximo domingo.
Si bien todavía no fue anunciado de forma oficial, todo apunta a que el ingeniero agrónomo Fernando Vilella será el nuevo secretario de Agricultura a partir del 10 de diciembre, cartera que pasaría a llamarse de Bioeconomía.
El jueves pasado, Vilella, acompañado por sus principales colaboradores, entre los que se encuentran el presidente de la Asociación de Maíz y Trigo Argentino (Maizar), Pedro Vigneau, y el expresidente de la Fundación Barbechando Germán Paats, se reunió con parte del equipo técnico del designado ministro de Economía, Luis Caputo.
Según indicaron fuentes cercanas al encuentro, Vilella habría obtenido las respuestas que necesitaba escuchar para poder asumir el desafío de encarar la misión y ahora resta que Caputo oficialice la designación.
El exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), junto a Vigneau y Paats, presentaron hace algunos meses un trabajo a La Libertad Avanza (LLA) sobre políticas agropecuarias, con el objetivo puesto en lograr un crecimiento productivo en el sector.
El documento habla de un programa de reducción de retenciones, la necesidad de adoptar un tipo de cambio único, suprimir las restricciones que existen para las exportaciones del sector y la necesidad de mantener el flujo comercial con países como China y Brasil.
Justamente estos puntos son los principales pedidos que surgen desde el sector para el nuevo gobierno.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, planteó la necesidad de que Milei «convoque al sector productivo para colaborar de manera conjunta en la elaboración de políticas agropecuarias».
«Pediremos la reducción y eliminación de gravámenes como los derechos de exportación, esperando que se materialice prontamente, dando inicio a una senda de desarrollo para nuestra nación. También abogamos por una revisión fiscal y tributaria», dijo Castagnani.
El dirigente ruralista remarcó, asimismo, la importancia de llevar adelante «un ambicioso programa de infraestructura a nivel nacional», que involucre «la mejora de vías rurales, puentes y la modernización de instalaciones logísticas».
Por último, subrayó «la necesidad de fomentar un desarrollo y una política orientada hacia las economías regionales y la producción lechera. Reconocemos la diversidad productiva de nuestro país y abogamos por políticas específicas que impulsen el crecimiento sostenible en cada región, promoviendo la equidad y generando empleo en las áreas rurales».
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, indicó que «la expectativa con el nuevo gobierno es que haya un plan plurianual de la producción exportación agroindustrial con una visión federal, productiva, sustentable e inclusiva».
«Los temas del agro pasan por diferentes andariveles o pilares: en primer lugar, un pilar de financiamiento a la producción; en segundo, una regularización del comercio exterior, con la eliminación de las restricciones a la exportación en trigo, maíz y carne vacuna y en la importación de insumos. También se tiene que ir a una unificación del tipo de cambio y un programa de derechos de exportación para su eliminación», completó Idígoras.
A su turno, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, planteó que «lo que el agro necesita que se le saquen los pies de encima. Es una actividad que necesita libertad, generar sus propios objetivos y que por parte de la acción de gobierno requiere que se le quiten los obstáculos».
«El primer eslabón de la cadena, que son los productores, quitándole los obstáculos, pueden duplicar lo que hacen y lo mismo con los eslabones intermedios de la industrialización», dijo Cifarelli, quien remarcó la necesidad de que haya «certezas» y «reglas de juego claras».
Por último, el director ejecutivo del Área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pablo Vernengo, sostuvo que el nuevo gobierno «debe ordenar el tipo de cambio, bajar la presión tributaria, eliminar distorsiones en lo que hace a los costos ocultos argentinos, y también bajar la presión impositiva en lo que hace al empleo».
Vernengo puso también especial énfasis en que «se entienda heterogeneidad de los distintos establecimientos agropecuarios, que se pueda lograr una mayor transparencia en los mercado y que tengamos una visión sobre la existencia de oligopolios o monopolios, que distorsionan en la cadena de valor los ingresos».
«Lo que pedimos es que tengamos funcionarios que entiendan la actividad, cada una de las economías regionales, que somos el 63% de los productores, unos 156.000 en total, que hacen distintas actividades en diferentes regiones y que tienen asimetrías muy disímiles. Pedimos un tratamiento urgente de una ley específica para el sector, parta poder hacer incorporación de inversiones con amortizaciones aceleradas, poder tener reducción de la presión tributaria en insumos como la energía y tener valores de transporte lógicos», completó el dirigente de CAME.
Seguridad social
Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización
El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.
El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización
★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.
El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.
El argumento oficial y la trampa del diagnóstico
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».
La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.
El bono que se derrite
El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.
Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.
A quiénes alcanza el decreto
El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:
- Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.
El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».
Un parche que no alcanza
El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.
Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.
Puntos clave:
- El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
- La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
- El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
- La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
- Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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