Región
Venezuela realiza referendo sobre el Esequibo, un territorio en disputa con Guyana
La disputa por esa zona es añeja, pero se reactivó en los últimos años a partir de que la estadounidense ExxonMobbil comenzará a explorar aguas reclamadas por Caracas y se anunciara el descubrimiento de importantes reservas petroleras, eso sumado a la presencia militar de EEUU en ese territorio.
Los venezolanos votan este domingo en un referendo consultivo con el que el Gobierno busca fortalecer un centenario reclamo sobre el Esequibo, un territorio rico en petróleo y minerales bajo control de Guyana. La votación ya se lleva a cabo y cerrará a las 18 (las 19 en Argentina).
Unos 20,7 millones de venezolanos, de una población de casi 30 millones, están habilitados a participar de la consulta no vinculante, que no es sobre autodeterminación, ya que este territorio de 160.000 km2 es administrado por Guyana y sus 125.000 habitantes no votan.
La disputa por el Esequibo es añeja, pero revivió en los últimos años a partir del anuncio del descubrimiento de importantes reservas petroleras, que la estadounidense ExxonMobbil explota en aguas reclamadas por Caracas, más la presencia militar de Estados Unidos en la zona.
Frente a este escenario, denunciado por Caracas, el Gobierno de Venezuela ha dicho que con este referendo se busca reforzar su reclamo y reivindicar su soberanía sobre ese territorio, y niega que que se trate de una excusa para invadir y anexar a la fuerza la zona, tal como acusa Guyana.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, que busca la reelección en 2024, votó primero en un fuerte militar en Caracas.
«Hoy estamos votando como Venezuela por un solo color, un solo sentimiento. Nuestro voto es para hacer respetar a Venezuela», declaró ante periodistas después de votar, acompañado de miembros del Gobierno, informó la agencia AFP.
«El primer efecto que tiene que tener la voz poderosa en unión nacional de Venezuela es sentar al presidente de Guyana y que vuelva al Acuerdo de Ginebra y a los mecanismos de negociación pacífica», agregó.
Guyana ha pedido a la Corte Internacional de La Haya (CIJ), el tribunal de la ONU, que se declare ilegal el referendo, una pretensión que parece igualmente desmedida.
La CIJ resuelve disputas entre Estados y sus decisiones son vinculantes, pero no tiene ningún mecanismo para asegurar su cumplimiento.
La oposición venezolana, mayormente reunida en la Plataforma Unitaria, defiende la soberanía del país sobre el Esequibo, pero rechaza la forma de la consulta y el momento, a las puertas de una elección en la que Maduro se juega la chance de otro mandato.
Disputa histórica
En base a un mapa de la corona de España del siglo XVIII, Venezuela reivindica como propio ese territorio desde 1844, equivalente a 74,2% de los 214.970 kilómetros cuadrados en poder de Guyana.
Venezuela y Guyana buscaron resolver el conflicto mediante vías que no dieron resultado, un arbitraje en 1899, el Acuerdo de Ginebra de 1966 que promovió negociaciones bilaterales y la gestión de buenos oficios de la ONU, a partir de 1987, pero sin que el asunto se convirtiera en un foco de tensión preocupante para ambos países ni, por lo tanto, para la región.
La situación comenzó a cambiar en 2015, cuando ExxonMobbil anunció el descubrimiento de petróleo en el bloque Stabroek, en el océano Atlántico, que, según el Gobierno de Guyana, contiene reservas por 700 millones de barriles y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, es la segunda mayor área del mundo con crudo sin explorar.
El referendo consta de cinco preguntas, que incluyen el rechazo al laudo de 1899 y a la jurisdicción de la CIJ, así como el apoyo al Acuerdo de Ginebra de 1966. También pregunta si están de acuerdo en crear una provincia venezolana llamada «Guayana Esequiba» y otorgar la nacionalidad a sus habitantes.
La primera reacción de Maduro al descubrimiento de petróleo y el posterior despliegue estadounidense en el Esequibo fue crear cuatro “zonas de defensa integral marítima e insular”, una de las cuales abarca el área “en reclamación”, lo que generó el rechazo de Guyana, pero también de Surinam y la Comunidad del Caribe (Caricom).
El valor de la reserva parecía tal que el Banco Mundial pronosticó en 2020 que Guyana sería el país con mayor crecimiento económico, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuantificó esa evolución en 86%.
El litigio llegó a la CIJ en junio de 2020 y en diciembre el tribunal se declaró competente para entender en la controversia, pese a que Caracas le negaba facultades.
Para entonces, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá se pronunciaron a favor de Guyana y la Caricom también expresó su apoyo a “la soberanía e integridad territorial” de la ex colonia británica,
Brasil reforzó sus fronteras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió al tema desde Dubai, donde participa en la COP28 sobre el cambio climático, y dijo que esperaba «que el sentido común prevalezca del lado de Venezuela y Guyana».
«Si algo que el mundo no necesita, ni tampoco América del Sur, son problemas», señaló Lula, en un contexto en el que Brasil reforzó sus fronteras lindantes con el sur Esequibo.
Elecciones
Lula promulgó la jornada de 40 horas y la Argentina de Milei la estira a 12
Con 75 votos contra 1, el Senado brasileño aprobó la enmienda que reduce la jornada de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial. Lula la promulgó este viernes, a nueve días del balotaje contra Flávio Bolsonaro.
Seis días de trabajo y uno solo de descanso: ese fue durante décadas el régimen de millones de trabajadoras y trabajadores brasileños. Desde este viernes, es historia constitucional. El Congreso de Brasil promulgó la Enmienda Constitucional N° 141 de 2026, que elimina la escala 6×1, garantiza dos días de descanso remunerado por semana y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas, sin rebaja de salarios. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Argentina de Javier Milei recorrió el camino exactamente inverso.
La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 221/2019 fue aprobada el miércoles 14 de octubre por el plenario del Senado Federal en dos turnos, con 75 votos a favor y uno solo en contra, el del exvicepresidente y senador Hamilton Mourão (Republicanos). Como los senadores mantuvieron la misma redacción aprobada por la Cámara de Diputados, el texto no volvió a la cámara baja y fue promulgado este viernes 16 en una sesión solemne encabezada por el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre (União), y el titular de Diputados, Hugo Motta (Republicanos), con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Qué cambia y cuándo
La enmienda modifica el artículo 7° de la Constitución brasileña y establece una transición en dos etapas. Sesenta días después de la promulgación, las empresas deberán adoptar la escala 5×2 y la jornada máxima bajará a 42 horas semanales. Doce meses más tarde, el tope quedará fijado de manera definitiva en 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias. El texto prohíbe expresamente que la reducción de horas se traduzca en una baja salarial y preserva los pisos de cada categoría.
Según un relevamiento del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), elaborado con datos de la encuesta nacional de hogares de 2025, la medida podría beneficiar a 26,8 millones de personas que hoy trabajan más de 40 horas semanales. Datos del Ministerio de Trabajo y del IBGE citados durante la votación indican que 36,2 millones de vínculos formales tienen una jornada contratada superior a ese límite.
En la ceremonia, Lula calificó la enmienda como una «victoria de la sociedad brasileña» y la comparó con la Constitución de 1988. Alcolumbre, por su parte, sostuvo que al aprobar el fin de la escala 6×1 «el Legislativo brasileño eligió el camino correcto, no el camino fácil», y afirmó que los impactos de la medida «son incalculables».
Una bandera que nació en la calle
La reducción de la jornada fue durante años una demanda histórica del movimiento sindical brasileño. El senador Paulo Paim (PT), que presentó a lo largo de su carrera diversos proyectos para llevar la jornada a 40 horas, estuvo entre los firmantes de la promulgación. El tema recobró fuerza a fines de 2024, cuando la diputada federal Erika Hilton (PSOL) lo instaló nuevamente en la agenda pública, y el gobierno lo convirtió en prioridad legislativa a partir del discurso de Lula del 1° de mayo de 2025.
La Central Única de los Trabajadores (CUT) celebró el fin de la «masacrante escala 6×1» como una victoria «mayúscula de la lucha, del sudor y de la organización de la clase trabajadora brasileña». En un comunicado, la central sostuvo que la aprobación marca un punto de quiebre en la superación de «un modelo arcaico y cruel que succiona las energías de quien realmente trabaja y produce la riqueza de esta nación». La Força Sindical, a través de su presidente Miguel Torres, destacó que la medida dará a millones de personas más tiempo para la salud, la familia, la formación y el ocio.
El lobby empresario ya pide marcha atrás
La reacción patronal no tardó. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) calificó la enmienda como un «retroceso» y su presidente, Ricardo Alban, pidió al Congreso que revise la medida «tras la constatación, por ejemplo, de la pérdida de competitividad y de la alta inflacionaria». La entidad estimó que la reducción de la jornada elevaría los costos de producción hasta en 267.000 millones de reales, con una caída de 0,7% del PIB. La Confederación Nacional del Comercio (CNC) lamentó que el tema se discutiera «en pleno período electoral».
Las proyecciones catastróficas, sin embargo, no son unánimes. Un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) estimó que el impacto sobre el costo total de las empresas rondaría el 1% en sectores como el comercio y la industria, con un máximo de 6,6% en vigilancia y seguridad. Una vez más, el argumento de la competitividad aparece como escudo para defender jornadas extenuantes que el propio mundo desarrollado abandonó hace décadas.
El bolsonarismo, entre el voto a favor y la letra chica
La oposición bolsonarista, que resistía la enmienda e intentó frenar su tratamiento esta semana, terminó liberando a su bancada cuando Alcolumbre puso el tema en el orden del día, y votó mayoritariamente a favor. El propio Flávio Bolsonaro anticipó que acompañaría el fin de la escala 6×1, una propuesta que se convirtió en una de las principales banderas de la campaña de Lula para el balotaje.
Pero el doble discurso quedó expuesto pocas horas después. En una entrevista con el canal de noticias Jovem Pan, el líder del Partido Liberal (PL) en Diputados, Sóstenes Cavalcante, afirmó que, si Flávio Bolsonaro gana la presidencia, debería impulsar la PEC 12/2026, que prevé un contrato «por hora trabajada». El voto favorable del bolsonarismo en el recinto convive así con una agenda de precarización que espera su turno en el cajón. El senador Randolfe Rodrigues reclamó a los legisladores contrarios al fin de la 6×1 que retiren sus firmas de esa iniciativa para permitir su archivo.
Un balotaje abierto a nueve días de las urnas
La promulgación llega en el momento más delicado de la campaña. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos contra el 45,16% de Lula. Las encuestas difundidas este viernes muestran, sin embargo, un escenario de empate técnico: la de la Confederación Nacional del Transporte con el instituto MDA ubica a Flávio con 50,5% y a Lula con 49,5%, mientras que PoderData/AYA registra 48% contra 46%, una diferencia dentro del margen de error. En su medición anterior, PoderData había dado a Flávio una ventaja de 53% a 47%.
El segundo turno se celebrará el 25 de octubre. Lula llega a la recta final con una conquista concreta para el bolsillo y el tiempo de vida de la clase trabajadora, y con la ultraderecha obligada a votar una medida que combatió hasta último momento.
El espejo argentino: 12 horas y banco de horas
El contraste con la Argentina es brutal. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la llamada Ley de Modernización Laboral impulsada por Javier Milei, que en el Senado obtuvo 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, con Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza al frente de las negociaciones. La norma habilita extender la jornada diaria de 8 a 12 horas sin pago de horas extras, compensadas mediante un «banco de horas»; reduce las indemnizaciones por despido y restringe el derecho a huelga en sectores considerados esenciales, con prestaciones mínimas de entre el 50% y el 75%.
La CGT definió esa reforma como «regresiva e inconstitucional». Mientras Brasil discute cómo devolverle tiempo de vida a quienes trabajan, el gobierno libertario legisló para que ese tiempo quede a disposición del empleador. Dos modelos de país, dos ideas opuestas sobre quién debe pagar el costo del desarrollo.
Lo que tenés que saber:
- El Senado de Brasil aprobó el 14 de octubre, por 75 votos contra 1, la PEC 221/2019 que elimina la escala 6×1.
- La jornada máxima baja de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, con dos días de descanso remunerado por semana.
- La transición fija 42 horas a los 60 días de la promulgación y 40 horas doce meses después.
- Lula participó este viernes de la promulgación, a nueve días del balotaje del 25 de octubre contra Flávio Bolsonaro.
- En la Argentina, la reforma laboral de Milei aprobada en febrero de 2026 habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas.
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