DDHH
El 10 de diciembre, la fecha elegida por Raúl Alfonsín hace 40 años
Esta no era la fecha prevista para la asunción del gobierno radical, tras imponerse en las elecciones del 30 de octubre, ya que la dictadura había establecido como día para el traspaso el 25 de mayo de 1984. ¿Por qué el presidente electo cambió la fecha?
Por Gabriel Tuñez
En 1948, a solo tres años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos un día 10 de diciembre y fue aquella la fecha en la que Raúl Alfonsín, a poco menos de dos meses de triunfar en las elecciones que lo consagraron Presidente de la Argentina, asumió el Gobierno para poner fin a la última dictadura cívico militar.
Sin embargo, el 10 de diciembre de 1983 no era la fecha prevista originalmente para el arribo al poder del dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) después de imponerse por más del 50% de los votos en los comicios del 30 de octubre de ese año, porque el régimen dictatorial había establecido como día para el traspaso el 25 de mayo de 1984.
A poco de establecer esa fecha, y en medio de la crisis política -derivada de las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la derrota en la Guerra de Malvinas- y económica que atravesaba su Gobierno, el dictador Reynaldo Bignone promulgó el 12 julio de 1983 el decreto de convocatoria a los comicios presidenciales para el 30 de octubre de ese año y el de la asunción del nuevo Presidente democrático, el 30 de enero de 1984.
La normativa también establecía que el Colegio Electoral que terminaría consagrando al Presidente y su Vicepresidente debía reunirse el 30 de noviembre de 1983 en la ciudad de Buenos Aires.
Hasta la reforma constitucional de 1994, el Colegio Electoral funcionó como un órgano estatal representativo que tenía como misión designar al Presidente y Vice. Sus miembros eran elegidos por el voto directo de los ciudadanos y, si bien representaban a un partido político, tenía la libertad de votar a favor de cualquier persona elegible para el cargo.
Si alguno de los candidatos presidenciales no obtenía la mayoría absoluta del Colegio Electoral, la elección final de ambos le correspondía al Congreso Nacional.
El decreto promulgado por Bignone fijaba, además, que los senadores y diputados nacionales electos el 30 de octubre tomarían posesión de sus bancas el 19 de diciembre, aunque entrarían en un receso que se extendería hasta el 30 de enero, el día previsto para recibir el juramento del Presidente y el Vice.
El 51,75% de los votos obtenidos por la fórmula de la UCR compuesta por Alfonsín y Víctor Martínez le permitió sumar 317 electores sobre los 600 que integraban el Colegio Electoral.
Esa mayoría absoluta conseguida por Alfonsín le permitió iniciar las gestiones necesarias con la junta militar para pedir un adelantamiento de la entrega del mando presidencial.
Los tres meses que quedaban transitar hasta el 30 de enero resultaban una eternidad para radicales y militares en un país con una deuda externa de 45.000 millones de dólares, casi sin reservas bancarias y un índice inflacionario en alza.
En ese contexto, y ante el pedido reiterado de Alfonsín, Bignone decidió adelantar la asunción por medio de un decreto promulgado el 16 de noviembre, algo más de dos semanas después de los comicios. La fecha elegida para el traspaso, por pedido de quien sería el primer presidente democrático tras siete años de dictadura, fue el 10 de diciembre en conmemoración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El objetivo que se había planteado Alfonsín, que había ido uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fue darle a esa fecha un significado nacional al que ya tenía a nivel global.
Ese día recibió temprano el bastón y la banda presidencial de manos de Bignone, el último jefe militar de la dictadura que había asaltado el poder el 24 de marzo de 1976.
«Fue una ceremonia muy sobria, casi íntima. El general Bignone me hizo entrega de la Casa de Gobierno ante unos pocos invitados. Yo luego lo saludé brevemente. Y eso fue todo. Tratamos de no dar allí ningún tipo de espectáculo», recordó Alfonsín tiempo después, según citó el periodista Germán Ferrari en su libro «1983, el año de la democracia».
Desde la Casa Rosada se dirigió al Congreso Nacional. El discurso pronunciado ese día ante la Asamblea Legislativa duró una hora. «Vamos a hacer realidad la esperanza de recuperar la vida, la justicia y la libertad, porque, por dura que sea nuestra situación, ningún obstáculo será insuperable frente a la voluntad inmensa de un pueblo que se pone a trabajar, junto con el gobierno pero también más allá de los gobernantes, en la tarea de construir su propio futuro», dijo en uno de los pasajes finales.
En 2007, el Congreso de la Nación declaró por Ley al 10 de diciembre como Día de la Restauración de la Democracia. Desde ese momento, además, fue estipulado como la jornada de recambio de todos los cargos electivos, tanto ejecutivos como legislativos.
Solo en dos ocasiones anterior un Presidente no asumió sus funciones ese días. El primero de ellos fue Carlos Menem, que en forma anticipada llegó a la Casa Rosada el 8 de julio de 1989 para reemplazar a Alfonsín tras haberse impuesto en las elecciones de ese año. Menem volvería a asumir el poder, después de ser reelecto, el 8 de julio de 1995.
El 25 de mayo de 2003, por su parte, Néstor Kirchner asumió la Presidencia después de un frustrado balotaje al que Menem renunció de participar cuatro días antes de llevarse a cabo.
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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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