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«El que pegó los afiches es un militante del macrismo de Morón»

Así lo denunció el secretario de Comunicación de la Municipalidad de Morón, Fernando Torrillate, indicando que esa persona es Cristian Méndez.

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El secretario de Comunicación de la Municipalidad de Morón y secretario general de Nuevo Encuentro nacional, Fernando Torrillate, afirmó que la persona que ordenó la pegatina de afiches difamatorios contra la la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que aparecieron el lunes pasado en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires, «es claramente un militante del macrismo».

«Quienes fueron detenidos son parte de una empresa familiar que se llama MDC Group, la familia vive en Morón sur, pero la sede de la empresa está en Ramos Mejía», afirmó Torrillate en declaraciones a la radio AM740.

En ese sentido, explicó que «esa empresa se dedica a hacer pegatinas, tienen algunos circuitos de cartelería en vía pública» y manifestó que se trata de «el último eslabón de la cadena de la pegatina».

«El que fue detenido por algunas horas es Cristian Méndez, hijo de Darío Méndez, dueño de la empresa», contó el funcionario.

Torrillate afirmó además que esas personas «son las que fueron identificados como los que hicieron que hicieron la pegatina en la calle a bordo de una camioneta Fiorito, que fue encontrada ahí en Morón sur».

En esa línea, afirmó que «el que pegó los afiches, Cristian Méndez, es un consabido militante del macrismo de Morón».

«Hasta ayer había en sus redes sociales muchas fotos abrazado con (el diputado nacional Diego) Santilli o (el exintendente de Morón) Ramiro Tagliaferro«, expresó y dijo que «se lo conoce a Méndez en Morón, a toda la familia, y se sabe que es militante del macrismo«, aseguró.

En ese contexto, afirmó que se trata de «el último eslabón» de una cadena de intereses, y aseguró que «por arriba de eso» está quien produjo la impresión de los afiches es la empresa Vía Graphic, de Lanús, que pertenece a Valentín Bueno, «que es titular de una empresa muy grande que se llama Latcom».

Esa empresa, sostuvo, «tiene la particularidad de que no tiene soportes de vía pública, es decir, no tiene carteles de vía pública» y manifestó que «sin embargo, el macrismo le otorgó el 40 por ciento de la inversión de vía pública del Gobierno nacional«.

«Todo indica que la empresa Latcom y Valentín Bueno son gente directamente vinculada con (el exjefe de Gabinete) Marcos Peña, pero es una investigación que lleva adelante la Auditoría General de la Nación (AGN)», destacó.

«Todo indicaría que el primer eslabón en lo comercial sería Latcom o Valentín Bueno, que es su director. Después de eso, la gente de la imprenta Vía Graphic de Lanús y por último el gripo operativo que son los que hicieron la pegatina, directamente vinculada al macrismo», explicó.

Torrillate, por otra parte, señaló que «ayer el macrismo se ocupó a través de las cuentas de trolls que en las redes sociales operan bajo órdenes de Marcos Peña, quien trató de instalar noticias falsas como que el detenido o detenidos eran en realidad personas vinculadas al peronismo«.

«Por un lado pareciera que el macrismo especula con fortalecer una supuesta grieta dentro del Frente de Todos (FdT), entre Cristina y Alberto», opinó y afirmó que «por otro lado, la entrada de Valentín Bueno en este escandalete también puede tener que ver con la disputa empresarial en el mundo del manejo de la vía pública».

Ayer, la Policía bonaerense detuvo a una persona en Morón y además cuatro hombres quedaron imputados en el marco de una investigación conjunta de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal porteño en torno a los carteles con agravios a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras una serie de allanamientos realizados en municipios de la provincia de Buenos Aires.

Un comunicado de la Policía de la Ciudad indicó ayer que «la División Contravenciones y Faltas Contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad se encontraba en plena tarea investigativa» y dijo que «realizó tareas con recopilación de imágenes y testimonios para determinar ocho domicilios en Morón y La Matanza vinculados al hecho».

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Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.

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Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona

El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.

Un Estado que llega armado

El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.

Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados

La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.

Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.

Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo

El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.

La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?

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