El presidente Javier Milei firmó el decreto que oficializa la renuncia del juez federal Marcelo Martín Bailaque, acusado de proteger a redes narco, extorsionar empresarios y desviar fondos públicos. La dimisión, que tendrá efecto a partir del 1° de julio de 2025, se presentó el 10 de junio ante el Ministerio de Justicia y fue aceptada pese a que Bailaque enfrentaba un proceso de remoción en el Consejo de la Magistratura.

El magistrado, titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, podrá acogerse a la jubilación del Poder Judicial con un haber elevado, lo que implica eludir una eventual destitución. La aceptación presidencial deja sin efecto el trámite de remoción, aunque Bailaque pierde sus fueros y podría quedar expuesto a causas penales.

Denuncias cruzadas y una renuncia bajo sospecha

La salida del juez provocó duras críticas en el ámbito político y judicial. La diputada provincial santafesina Lionella Cattalini, una de las impulsoras de la denuncia penal, advirtió: “Hoy se retira tranquilo, con jubilación de privilegio, gracias a la complicidad de quienes prometieron terminar con la casta”.

La frase alude directamente al discurso presidencial de Milei, quien en reiteradas ocasiones prometió terminar con los privilegios de jueces y funcionarios sospechados. Sin embargo, el Gobierno optó por validar la salida anticipada del magistrado, en lugar de impulsar su remoción.

El juez negó todas las acusaciones ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. “Jamás actué para favorecer ni encubrir organizaciones criminales”, sostuvo en su defensa.

El caso Alvarado y las omisiones judiciales

La primera denuncia contra Bailaque surgió en el marco de la causa contra el narco Esteban Lindor Alvarado, condenado en 2022 a prisión perpetua por homicidio y asociación ilícita. Fiscales provinciales acusaron al juez de no habilitar pruebas clave contra Alvarado en un expediente de 2013, a pesar de que ya contaban con elementos contundentes. En su descargo, Bailaque respondió que autorizó la mayoría de las intervenciones telefónicas solicitadas, aunque estas “no dieron los frutos esperados”.

El vínculo entre Bailaque y Alvarado quedó en evidencia por la figura del contador Gabriel Mizzau, quien trabajó para ambos, y por la presencia del hijo de Mizzau como empleado del juzgado. A pesar de esa cercanía, el juez nunca se excusó y obstaculizó medidas sensibles como escuchas y allanamientos.

Extorsiones y desvíos de fondos: las otras causas

El segundo cargo contra Bailaque refiere a una presunta extorsión al empresario Claudio Iglesias. Según declaraciones judiciales, el financista Fernando Whpei —amigo personal del juez—, junto al exjefe de la AFIP local Carlos Vaudagna, habrían exigido 200 mil dólares a cambio de cerrar una causa. Vaudagna, imputado en otra causa por corrupción, declaró como arrepentido.

El tercer expediente vincula a Bailaque con el desvío de fondos desde una cooperativa portuaria intervenida judicialmente hacia la mutual Grupo Unión, también vinculada a Whpei. El juez tampoco se apartó de este proceso, a pesar de sus relaciones personales con los involucrados, y habría favorecido decisiones que beneficiaron económicamente a su entorno.