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“Prometieron terminar con la casta”: críticas tras la salida del juez Bailaque

El magistrado, que afrontaba un proceso de remoción en el Consejo de la Magistratura, podrá jubilarse con privilegios pese a las graves denuncias en su contra. La decisión del Gobierno desató críticas en sectores judiciales y políticos.

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El presidente Javier Milei firmó el decreto que oficializa la renuncia del juez federal Marcelo Martín Bailaque, acusado de proteger a redes narco, extorsionar empresarios y desviar fondos públicos. La dimisión, que tendrá efecto a partir del 1° de julio de 2025, se presentó el 10 de junio ante el Ministerio de Justicia y fue aceptada pese a que Bailaque enfrentaba un proceso de remoción en el Consejo de la Magistratura.

El magistrado, titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, podrá acogerse a la jubilación del Poder Judicial con un haber elevado, lo que implica eludir una eventual destitución. La aceptación presidencial deja sin efecto el trámite de remoción, aunque Bailaque pierde sus fueros y podría quedar expuesto a causas penales.

Denuncias cruzadas y una renuncia bajo sospecha

La salida del juez provocó duras críticas en el ámbito político y judicial. La diputada provincial santafesina Lionella Cattalini, una de las impulsoras de la denuncia penal, advirtió: “Hoy se retira tranquilo, con jubilación de privilegio, gracias a la complicidad de quienes prometieron terminar con la casta”.

La frase alude directamente al discurso presidencial de Milei, quien en reiteradas ocasiones prometió terminar con los privilegios de jueces y funcionarios sospechados. Sin embargo, el Gobierno optó por validar la salida anticipada del magistrado, en lugar de impulsar su remoción.

El juez negó todas las acusaciones ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. “Jamás actué para favorecer ni encubrir organizaciones criminales”, sostuvo en su defensa.

El caso Alvarado y las omisiones judiciales

La primera denuncia contra Bailaque surgió en el marco de la causa contra el narco Esteban Lindor Alvarado, condenado en 2022 a prisión perpetua por homicidio y asociación ilícita. Fiscales provinciales acusaron al juez de no habilitar pruebas clave contra Alvarado en un expediente de 2013, a pesar de que ya contaban con elementos contundentes. En su descargo, Bailaque respondió que autorizó la mayoría de las intervenciones telefónicas solicitadas, aunque estas “no dieron los frutos esperados”.

El vínculo entre Bailaque y Alvarado quedó en evidencia por la figura del contador Gabriel Mizzau, quien trabajó para ambos, y por la presencia del hijo de Mizzau como empleado del juzgado. A pesar de esa cercanía, el juez nunca se excusó y obstaculizó medidas sensibles como escuchas y allanamientos.

Extorsiones y desvíos de fondos: las otras causas

El segundo cargo contra Bailaque refiere a una presunta extorsión al empresario Claudio Iglesias. Según declaraciones judiciales, el financista Fernando Whpei —amigo personal del juez—, junto al exjefe de la AFIP local Carlos Vaudagna, habrían exigido 200 mil dólares a cambio de cerrar una causa. Vaudagna, imputado en otra causa por corrupción, declaró como arrepentido.

El tercer expediente vincula a Bailaque con el desvío de fondos desde una cooperativa portuaria intervenida judicialmente hacia la mutual Grupo Unión, también vinculada a Whpei. El juez tampoco se apartó de este proceso, a pesar de sus relaciones personales con los involucrados, y habría favorecido decisiones que beneficiaron económicamente a su entorno.

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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