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Lula busca revivir la Unasur con cumbre en Brasil

El presidente del país vecino reunirá en una cumbre el martes a 10 mandatarios de la región, entre ellos Nicolás Maduro, de Venezuela, país que acaba de retomar las relaciones con Brasilia.

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Por Pablo Giuliano

En busca de convertir a Brasil en un renovado motor económico y político de integración sudamericana, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunirá en una cumbre el martes a 10 mandatarios de la región, entre ellos Nicolás Maduro, de Venezuela, país que acaba de retomar las relaciones con Brasilia.

La cumbre sudamericana buscará empoderar a la recién resucitada por la Argentina y Brasil Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que en el caso brasileño había sido sepultada en 2019 por decisión del Gobierno de Jair Bolsonaro, que adhirió a un grupo de la derecha continental creado por el expresidente chileno Sebastián Piñera, llamado Prosul.

El presidente Alberto Fernández fue uno de los primeros que confirmó su presencia, dijo el Palacio de Itamaraty, la sede de la Cancillería brasileña, donde el martes se reunirán además los mandatarios Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Irfaan Ali (Guyana), Chan Santokhi (Surinam) y Maduro.

Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), se ha convertido en una suerte de portavoz regional ante los principales foros desde que el 1 de enero asumió por tercera vez la presidencia de Brasil, en coincidencia con la necesidad del empresariado brasileño de aumentar las exportaciones de manufacturas a Sudamérica para no perder espacio, por ejemplo, con China.

La reunión marcará el regreso de Maduro al espacio ampliado de la integración regional, sobre todo luego de que el Gobierno de Lula, a través del canciller Mauro Vieira, desplegara un rápido restablecimiento de las relaciones Brasilia-Caracas, interrumpidas por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, con cierre de embajada incluido y expulsión de diplomáticos.

La actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, que no puede salir del país por motivos constitucionales, estará representada por el presidente del Consejo de Ministros, o primer ministro, Alberto Otárola.

La última reunión de los 12 presidentes de los países de la Unasur había sido en 2014 en Ecuador, en medio de la ola de gobiernos de derecha y extrema derecha que poblaron Sudamérica, sobre todo tras la caída de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016 en un juicio político que había terminado con 13 años de gobierno del PT.

«Esto se ve como la reanudación de un proceso que se fue desvaneciendo tras el impeachment de Dilma y las derrotas electorales de los gobiernos de izquierda de la región», dijo Carolina Silva Pedroso, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp).

«Hasta entonces, Unasur respondía a un objetivo práctico de lograr una mayor articulación política entre los países, sin tener que recurrir a la OEA o potencias extranjeras, además de servir de plataforma para que Brasil ejerciera un liderazgo regional», agregó.

Sin dudas, el regreso de Maduro al primer nivel de las relaciones sudamericanas en su conjunto convocado por el Brasil de Lula será uno de los principales asuntos, sobre todo porque el caso de Venezuela ha sido combustible para la popularidad de la extrema derecha bolsonarista y su cruzada contra el «comunismo».

Para Pedroso, «en 2023 ya es posible concluir que el aislamiento diplomático al que se ha sometido a Venezuela no ha funcionado para resolver la crisis política, migratoria, social y económica del país».

«Hay que reconocer que quien tiene el poder de facto en Venezuela es Maduro y es con él con quien hay que dialogar. En el pasado, el gobierno de Lula logró ser un puente importante entre gobierno y oposición cuando Hugo Chávez fue depuesto en 2002, Sin embargo, es necesario ponderar que el escenario interno de ambos países es mucho más complejo y desafiante. Por lo tanto, será más difícil para Brasil construir este puente ahora, pero el primer paso fue dado», explicó la especialista.

Agregó que, tras el paso de la extrema derecha en Brasil, «la reanudación de la integración regional puede significar una ventana de oportunidades» en el área económica.

Del lado brasileño, la parte comercial deberá tener relevancia además de contar con el contenido político que Lula quiere darle a la región en un mundo convulsionado en el cual Brasil es parte del grupo de los Brics, fue invitado al G7, se posiciona como mediador en la guerra de Ucrania y busca con otras potencias emergentes un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según la embajadora Gisela Figueiredo Padovan, secretaria para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la agenda de la cumbre, además de la integración, abarca temas comunes en las áreas de salud, infraestructura, energía, medio ambiente y lucha contra el crimen organizado.»La idea es retomar el diálogo y la cooperación con los países sudamericanos.

Identificar denominadores comunes para ver cómo se puede iniciar un camino para volver a contar con un mecanismo de cooperación netamente sudamericano. Quizás es la única región del mundo que no tiene esta institución de diálogo», aseguró la embajadora en un encuentro con la prensa.

Según Padovan, «como la región tiene capacidades y recursos que serán claves en el futuro de la humanidad, como los naturales, el agua, minerales, área para la producción de alimentos, se puede iniciar de inmediato una agenda concreta de cooperación».

La región se encuentra atravesada por inestabilidad en algunos países, como Ecuador, donde se celebrarán elecciones anticipadas este año luego de que el presidente Lasso disolviera el Parlamento para gambetear un juicio político.

En Perú, la presidenta Boluarte enfrenta acusaciones de represión ilegal y de violaciones de los derechos humanos en la represión de protestas que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo, en diciembre pasado, mientras que Boric viene de sufrir una dura derrota ante la oposición de derecha en las elecciones de constituyentes.

En Argentina, además, se celebran elecciones generales este año, y la profesora Pedrosa dijo que Lula se juega mucho de su capacidad integradora en las elecciones del sucesor de Alberto Fernández.

«A pesar dos profundos lazos comerciales y económicos entre Buenos Aires y Brasilia y la capacidad de Lula como negociador hábil, una victoria de la derecha opositora en Argentina puede ser un obstáculo para los planes de Brasil. De la misma forma que Bolsonaro perjudicó la relación bilateral tras la victoria de Fernández en 2019, lo contrario también puede ocurrir. Eso puede desarticular iniciativas conjuntas», aseguró sobre los principales socios del Mercosur.

El encuentro tendrá dos sesiones el martes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de ser recibidos por Lula, los presidentes participarán de la primera parte del encuentro, en la que cada uno hará una declaración individual.Por la tarde está prevista una conversación más informal entre los mandatarios sudamericanos, dijo el Palacio de Itamaraty en un comunicado.

Lula y la primera dama, Rosángela Janja da Silva, también invitaron a una cena a los mandatarios en el Palacio de la Alvorada.

Geopolítica 🌎

Crisis electoral en Colombia: Petro rechazó el conteo y sembró la duda sobre el triunfo de la ultraderecha

El presidente saliente cuestionó el software de conteo y denunció 800.000 cédulas irregulares; minutos después, el candidato oficialista Iván Cepeda se sumó con señalamientos propios. El escrutinio judicial será el árbitro final antes del balotaje del 21 de junio.

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Petro rechazó el conteo de votos y sembró la duda sobre el triunfo de De la Espriella.

Petro desconoció el conteo de votos que posicionó a De la Espriella y denunció 800.000 cédulas irregulares

★ La primera vuelta presidencial de Colombia terminó con un resultado y con una crisis institucional que lo opaca. El presidente Gustavo Petro desconoció este domingo los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ubicaron al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella como el candidato más votado, y anunció que solo reconocerá el escrutinio que realicen las comisiones presididas por jueces de la República.

Con prácticamente el total de las mesas escrutadas (apenas 10 pendientes de un total de 122.020), los datos de la Registraduría mostraban a De la Espriella con 10.360.449 votos (43,74%) y al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 9.687.724 sufragios (40,90%). La candidata conservadora Paloma Valencia llegó tercera con el 6,92% y el centrista Sergio Fajardo cuarto con el 4,26%. Ninguno superó el umbral del 50%, por lo que el balotaje entre De la Espriella y Cepeda quedó confirmado para el 21 de junio.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo»

Apenas conocidos los boletines que establecieron ese ordenamiento, Petro publicó en su cuenta de X un mensaje que sacudió el tablero político. «El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública», escribió el mandatario. Y fue más lejos: «Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado».

Petro aseguró que en este momento coexisten «dos censos»: el oficial y el del software cuestionado, que contendría 800.000 personas adicionales. «Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados. Son existencia de sufragantes», afirmó, para concluir que los únicos resultados que reconocerá como vinculantes serán los que emitan «las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República». Esa declaración, calificada por analistas colombianos y medios locales como «sin precedentes en la historia política reciente del país», no tiene sin embargo validez jurídica: el preconteo es un proceso avalado por la Registraduría y respaldado por cientos de observadores internacionales, y sus datos son preliminares por diseño, dado que el escrutinio oficial corresponde en todos los casos a las comisiones judiciales.

Cepeda se sumó con señalamientos propios

Minutos después del posteo presidencial, el propio candidato oficialista Iván Cepeda se presentó ante sus simpatizantes en el Hotel Tequendama de Bogotá y sumó sus cuestionamientos. «Existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral, de cuántas se trata exactamente, en las cuales se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas», dijo. El senador señaló además un desfase de 885.000 personas o cédulas en el censo electoral que, sostuvo, «queremos que se aclare». En otro momento de su discurso reconoció implícitamente la magnitud del resultado en su contra: «Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia, somos la principal fuerza política», afirmó.

La Registraduría había congelado el código fuente días antes

El cuadro de las denuncias choca con las medidas de transparencia adoptadas por la propia Registraduría en los días previos a los comicios. El registrador nacional Hernán Penagos informó que el 28 y 29 de mayo, dos días antes de la elección, la entidad congeló y dejó bajo custodia el código fuente y los ejecutables de los programas utilizados para el preconteo, el escrutinio, la consolidación de resultados y la digitalización del formulario E-14. El procedimiento se realizó en presencia de representantes de las organizaciones políticas, los entes de control y los observadores internacionales.

Además, la Registraduría implementó un esquema de auditoría abierta que permitió a partidos, misiones electorales y expertos técnicos revisar el software en cada etapa del proceso. En total, 350.000 testigos electorales de distintas campañas y partidos fotografiaron los formularios de cada mesa al cierre de la votación. Las denuncias de Petro sobre modificaciones al algoritmo en la última semana, en ese contexto, no contaban al cierre de esta edición con ninguna prueba documental pública que las respaldara, tal como señaló la agencia colombiana Vanguardia.

Una crisis que llega antes del balotaje

La situación abre un frente de incertidumbre institucional de cara al 21 de junio. El escrutinio oficial, a cargo de las comisiones integradas por jueces de la República, es el proceso que establece los resultados con validez legal plena y el que determinará formalmente qué dos candidatos disputan la presidencia en segunda vuelta. Ese proceso, que se inicia tras el cierre del preconteo, es precisamente el que Petro dijo estar dispuesto a reconocer, lo que en la práctica significa que no impugnó el sistema en su conjunto, sino la validez del conteo preliminar de una firma privada.

La tensión, sin embargo, ya está instalada. La declaración del presidente en ejercicio cuestionando los resultados electorales en tiempo real generó una oleada de repudio político de candidatos y dirigentes de distintos espacios, mientras De la Espriella cerró su discurso ante sus seguidores sin referirse a los dichos de Petro y se proyectó directamente hacia la segunda vuelta. Colombia entra en las próximas tres semanas con una herida abierta sobre la legitimidad del proceso que deberá ser saldada, o profundizada, por el escrutinio judicial.

Puntos clave:

  • Gustavo Petro desconoció el preconteo de la Registraduría y denunció que el software fue modificado en tres ocasiones y contiene 800.000 cédulas que no figuran en el censo oficial.
  • Con casi el 100% de las mesas escrutadas: De la Espriella 43,74% y Cepeda 40,90%; ambos van al balotaje del 21 de junio.
  • Iván Cepeda se sumó a los cuestionamientos y habló de «votaciones atípicas» y un desfase de 885.000 personas en el censo.
  • La Registraduría había congelado el código fuente el 28-29 de mayo con presencia de partidos, entes de control y observadores internacionales.
  • Las afirmaciones de Petro no contaban, al cierre de esta edición, con pruebas documentales públicas que las respaldaran.
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