Medios
Bolivia: Paz Pereira desmantela los medios públicos y disuelve el Ministerio de Justicia
El presidente boliviano impulsa un drástico plan de ajuste que suspende la Agencia Boliviana de Información, digitaliza el periódico oficial y absorbe la cartera de Justicia en medio de un discurso de «racionalización» del Estado que genera alarmas sobre el futuro de la comunicación pública.
★ El gobierno de Rodrigo Paz Pereira anunció un plan de reestructuración que golpea de lleno al sistema de medios estatales de Bolivia y reorganiza el aparato judicial del país. La vocera presidencial, Carla Faval, confirmó la suspensión temporal de la Agencia Boliviana de Información (ABI) y la eliminación de la versión impresa del periódico oficial «Ahora El Pueblo», que pasará a ser exclusivamente digital.
«El periódico ‘Ahora El Pueblo’ dejará de imprimirse y se convertirá en formato digital, eliminando el gasto innecesario que estamos intentando recortar al Estado», declaró Faval en conferencia de prensa. La funcionaria agregó que la ABI paralizará sus actividades mientras se evalúa su reestructuración interna, sin descartar cambios profundos en el funcionamiento de la agencia estatal de noticias.
Medios públicos en la cuerda floja
Las medidas afectan a instituciones con décadas de trayectoria en la comunicación pública boliviana. La ABI comenzó a operar en febrero de 1996 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, inicialmente a través de correo electrónico y fax, para luego consolidarse como agencia digital de alcance nacional.
El periódico estatal tiene una historia más accidentada: fundado en 2009 bajo el nombre «Cambio», cambió a «Bolivia» durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), y retomó el nombre «Ahora El Pueblo» en mayo de 2024, durante la gestión del expresidente Luis Arce.
Faval adelantó que en los próximos días el Gobierno presentará los lineamientos de la nueva estructura comunicacional oficial, aunque el destino del canal público Bolivia TV permanece indefinido. La vocera justificó los recortes bajo un discurso de austeridad: «Reafirmamos así nuestro compromiso con una comunicación sobria, transparente y libre de lineamientos políticos».
Justicia absorbida
Paralelamente, el Gobierno formalizó la eliminación del Ministerio de Justicia mediante un decreto modificatorio de organización del Órgano Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que las funciones de la extinta cartera pasarán a su ministerio, con una reducción drástica: los cinco viceministerios de Justicia quedarán condensados en apenas dos.
«Se está absorbiendo los cinco viceministerios en dos viceministerios», explicó Lupo, quien defendió la medida como parte de una estrategia orientada a la lucha contra la corrupción, la transparencia y la seguridad jurídica.
La nueva estructura estará compuesta por el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, ambos bajo la órbita del Ministerio de la Presidencia. Además, el Viceministerio de Defensa del Consumidor fue trasladado al Ministerio de Desarrollo Productivo.
Un ajuste con interrogantes
Lupo insistió en que la reordenación responde a la intención de «recuperar la justicia para la gente» y «achicar un Estado sobredimensionado». Sin embargo, el proceso de concentración de funciones genera interrogantes sobre la autonomía de las instituciones judiciales y comunicacionales en Bolivia.
El desmantelamiento de medios públicos y la absorción del Ministerio de Justicia se enmarcan en un plan de ajuste general impulsado por Paz Pereira, que ya había anunciado la reducción del número de ministerios y viceministerios, junto con una revisión integral del gasto público.
La suspensión de la ABI y la digitalización forzada del periódico oficial plantean dudas sobre el futuro del acceso a la información pública en un país donde los medios estatales históricamente cumplieron un rol en la cobertura de regiones alejadas y comunidades con escaso acceso a internet.
Puntos clave:
• El Gobierno boliviano suspendió temporalmente la Agencia Boliviana de Información y eliminó la versión impresa del periódico estatal «Ahora El Pueblo»
• El Ministerio de Justicia fue disuelto y sus funciones absorbidas por el Ministerio de la Presidencia, reduciendo cinco viceministerios a dos
• Las medidas se enmarcan en un plan de «racionalización» del Estado impulsado por el presidente Rodrigo Paz Pereira
• El destino del canal público Bolivia TV permanece indefinido mientras el Gobierno define la nueva estructura comunicacional
• La concentración de funciones judiciales y el desmantelamiento de medios estatales generan interrogantes sobre autonomía institucional y acceso a información pública
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Denuncia
Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo
Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso
★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.
La denuncia de De Pedro
«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».
La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»
El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.
La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.
El ataque y sus consecuencias
Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.
El gendarme, a un paso del juicio oral
La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.
La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».
Censura que confirma el patrón
La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».
Puntos clave:
- Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
- La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
- El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
- Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
- La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.
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