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Detalles del “nuevo instrumento político” de Evo Morales para sortear la inhabilitación

La economía boliviana registró en 2024 su peor inflación en 16 años (8,82%), con protestas por desabastecimiento y devaluación. Expertos vinculan la inestabilidad a la puja entre Evo y Arce y a la lucha por el litio de fondo, con fuerte injerencia externa.

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El Argentino Diario-Evo Morales-Luis Arce.

Evo Morales y su facción evista anunciaron el relanzamiento de un nuevo instrumento político el 7 de febrero de 2025, tras perder el control legal del Movimiento al Socialismo (MAS) frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que reconoció al sector arcista como legítimo dueño de la sigla. Este proyecto, impulsado desde las bases campesinas y cocaleras del Trópico de Cochabamba, busca trascender la mera denominación partidaria para centrarse en la militancia, la estructura orgánica y el liderazgo de Morales, según declaró Nelson Virreira, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.

Entre los nombres propuestos para la nueva organización figuran opciones como «EVO: Erradicar a los Violentos Opositores» o «Masi» (que significa «hermano» en quechua y aymara), aunque aún no se ha definido una marca oficial. El objetivo es consolidar una plataforma que permita a Morales competir en las elecciones, pese a su inhabilitación por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en 2023 prohibió la reelección indefinida .

Estrategias y obstáculos: alianzas y movilizaciones

Ante la imposibilidad de usar la sigla del MAS, Morales negocia alianzas con partidos como el Movimiento Tercer Sistema (MTS) de Félix Patzi, aunque este último insiste en promover candidaturas jóvenes, como la del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez . Paralelamente, el líder cocalero amenaza con movilizaciones masivas para presionar su inclusión en la contienda electoral, afirmando: «Si no quieren habilitarme a las buenas, será a las malas».

Aunque su base rural mantiene una lealtad férrea, Morales enfrenta desafíos legales y políticos: el TCP ratificó su inhabilitación, y sectores urbanos rechazan su postulación por casos como el de presunta violación estatutaria . Pese a ello, Morales insiste en capitalizar el descontento económico y la polarización dentro del oficialismo, mientras busca respaldo internacional de figuras como Lula da Silva y Nicolás Maduro . Su apuesta, más que un partido, es un movimiento que refleje su legado y desafíe las estructuras judiciales y políticas que lo excluyen.

La batalla interna del MAS: Morales vs. Arce

El Movimiento al Socialismo (MAS), partido gobernante desde 2006, enfrenta su mayor crisis interna. Evo Morales, expresidente y líder histórico, anunció su intención de competir en las elecciones 2025, pese a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo inhabilita por considerar que la reelección indefinida «no es un derecho humano» . Luis Arce, actual mandatario y exaliado de Morales, respondió con una orden de arresto contra el líder cocalero por presuntos delitos de violación y tráfico de personas, acusaciones que Morales tildó de «guerra judicial» orquestada para eliminar su candidatura .

La facción «evista» del MAS anunció el relanzamiento de su instrumento político el 7 de febrero de 2025, posiblemente bajo una nueva sigla o alianza, tras perder el control legal del partido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que reconoció a Grover García, aliado de Arce, como presidente legítimo . «El instrumento no es la sigla, sino la militancia, los principios y el liderazgo de Evo», declaró Nelson Virreira, dirigente campesino de Cochabamba .

Economía en caída libre: inflación y descontento social

Bolivia cerró 2024 con una inflación del 8,82%, la más alta desde la Gran Recesión de 2008, según el Banco Mundial . El aumento en los precios de alimentos básicos como la carne y el arroz (19% anual), sumado al desabastecimiento de combustible y la devaluación del boliviano, generaron protestas masivas. En El Alto, sindicatos amenazaron con marchar hacia La Paz, mientras transportistas bloquearon carreteras exigiendo diesel .

Arce implementó controles de precios, pero pequeños empresarios, como los panaderos, exigieron aumentos del 40% en el pan ante el alza de la harina importada . La crisis se agravó con una escasez de dólares: la moneda estadounidense se cotizó al doble en el mercado negro (13,92 bolivianos), frente a la tasa oficial de 6,96 .

La oposición busca capitalizar la división oficialista

Ante la debilidad del MAS, la oposición intentó unificar fuerzas. El 18 de diciembre de 2024, exmandatarios como Carlos Mesa y Jorge Quiroga, junto al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, firmaron un pacto para presentar un candidato único . Inicialmente, seis agrupaciones formaron «Unidad es Posible», pero divergencias ideológicas fragmentaron el bloque: sectores liberales como el Partido Liberal Boliviano se retiraron para aliarse con Branko Marinković .

El politólogo Diego von Vacano advirtió: «La oposición tiene oportunidades por la división del MAS, pero su legitimidad es cuestionada» . Entre los precandidatos opositores destacan Manfred Reyes Villa (ADN) y Chi Hyun Chung (AMAR), mientras evangélicos y empresarios promueven agendas libertarias .

Expertos alertan sobre riesgos de inestabilidad

El intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, liderado por el general Juan José Zúñiga —quien luego acusó a Arce de planificar un «autogolpe»—, evidenció la fragilidad institucional . Para Eduardo Rodríguez Veltzé, exjuez y expresidente, «los tribunales se usan para decidir cuestiones políticas» .

La crisis se enmarca en un escenario geopolítico sensible: Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo, recurso codiciado por potencias como Estados Unidos y China. Ambos líderes del MAS acusaron a Washington de interferir, aunque analistas como Fernando Mayorga subrayan que «ninguna facción del oficialismo ofrece una alternativa real contra el imperialismo» .

Cinco puntos clave de la puja entre Evo y Arce:

  • El MAS enfrenta su mayor división: Morales busca candidatura pese a inhabilitación, mientras Arce usa recursos judiciales para bloquearlo.
  • La economía boliviana registró en 2024 su peor inflación en 16 años (8,82%), con protestas por desabastecimiento y devaluación.
  • La oposición intenta unificar fuerzas, pero su fragmentación y falta de propuestas sólidas limitan su credibilidad.
  • Expertos vinculan la inestabilidad con la lucha por el litio y la injerencia externa, en un contexto de crisis institucional.
  • El fallido golpe de junio de 2024 y las acusaciones de «autogolpe» reflejan la tensión entre militares y el gobierno.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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