Región
Perú: continúa la fuerte represión policial contra manifestantes en Lima
Los incidentes dejaron una cantidad imprecisa de heridos.
Un inusual esquema de seguridad recibió este miércoles a los manifestantes que pretendieron llegar hasta la céntrica plaza San Martín, en Lima, en cuyos alrededores volvieron a enfrentarse policías y grupos arribados desde todo el país para protestar contra el gobierno de Perú, en incidentes que dejaron una cantidad no precisada de heridos.
Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por el desalojo, el sábado, de una universidad que albergaba a manifestantes.
A los sectores llegados sobre todo desde el sur se sumaron hoy organizaciones sociales y universitarias, en la sexta jornada de protesta en la capital peruana, en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones inmediatas y el cierre del Congreso.
Algunos grupos lograron romper el primer cerco policial, pero después fueron dispersados con gases lacrimógenos, en medio de corridas, intercambios de proyectiles y gritos de «asesinos» de parte de los manifestantes.
El diario limeño La República reportó enfrentamientos en al menos seis puntos en el centro de la capital y el cierre de la Estación Central del Metropolitano, un sistema de transporte urbano similar al Metrobús argentino.
De esos choques resultaron varios heridos por perdigones y piedras, entre ellos dos reporteros gráficos de medios extranjeros, según la agencia de noticias AFP.
La República reportó también que un joven recibió un perdigón en la cara y que enfermeras que atendían voluntariamente a los heridos denunciaron que una de ellas también fue alcanzada por un perdigón.
La densidad de la protesta -en paralelo a otras en el interior y a cortes de ruta- pareció desconocer el llamado a «una tregua» que hizo por la mañana Boluarte, que propuso un diálogo para resolver las demandas.
Los ministerios de Interior y de Defensa emitieron un comunicado conjunto par rechazar los ataques a 13 dependencias policiales y 14 sedes judiciales, muchas de ellas incendiadas, aunque el texto no especifica en qué lapso fueron esos hechos.
«Consideramos inaceptable el nivel extremo de violencia ejercido contra las fuerzas del orden», afirma el texto.En tanto, la Fiscalía inició una investigación preliminar al ministro Romero, como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales en agravio del Estado, por el violento desalojo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hasta el sábado albergó a manifestantes llegados sobre todo desde el sur.
En su conferencia de prensa de hoy, Boluarte aceptó que quizás la forma de ese operativo «no fue la adecuada». A las demandas se sumó entonces la salida del cargo de la rectora de esa casa de estudios.
En la capital, 6.500 efectivos fueron desplegados para las marchas de hoy solo en el centro y 14.000 en total en toda el área metropolitana de Lima.
Las movilizaciones, en realidad, tenían como punto de concentración la plaza Dos de Mayo, donde se encuentra la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), una de las organizaciones convocantes.
Imágenes de medios limeños y otras en redes sociales mostraban un duro enfrentamiento con grupos que avanzaban y retrocedían según los movimientos de los policías.Según la radio RPP, un equipo de fiscales de Prevención del Delito de Lima Centro recorrió sedes policiales y otros puntos de la ciudad «para cautelar los derechos ciudadanos de quienes participan en la movilización social».
A primera hora de la tarde, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportó 85 tramos de rutas bloqueados ubicados en nueve regiones.
En Arequipa los transportistas le pidieron al Gobierno resolver la crisis en 48 horas bajo amenaza de abandonar sus tareas, y en Puno la Policía está casi acantonada en el aeropuerto de Juliaca -en lugar de la mayor masacre desde que empezaron las protestas-, donde otra vez hoy se cruzaron agentes y manifestantes.
En Ica, en tanto, 13 policías fueron heridos durante enfrentamientos en la Panamericana Sur, según La República.La región Madre de Dios, en tanto, se quedó sin combustible porque los camiones que debían abastecer la zona están varados por los bloqueos, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reportó esta noche que resolvió suspender «temporalmente» las actividades en el aeropuerto de Cusco «en salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas».
América Latina
Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones
Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.
La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia
★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El pedido de informes y sus ejes centrales
El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
La voz boliviana y la sospecha sobre la carga
La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».
Una resolución en defensa de la protesta popular
En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.
El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019
El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».
Puntos clave
- Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
- La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
- El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
- El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
- La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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