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El apartheid de Israel con los palestinos es «peor que el de Sudáfrica»

Lo aseguro un diplomático sudafricano en Países Bajos, donde tiene sede la Corte Internacional de Justicia, tribunal en el que se analizarán las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967.

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El-Argentino-Conflicto entre Israel y Hamas.

Israel aplica en los territorios palestinos una forma «aún más extrema» de apartheid que el sufrido por Sudáfrica antes de 1994, declaró este martes el representante sudafricano en una audiencia ante la más alta corte de las Naciones Unidas para analizar las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, con la participación de una cantidad sin precedentes de 52 países, incluidos Estados Unidos, Rusia y China.

«Como sudafricanos percibimos, vemos, escuchamos y sentimos en lo más profundo las políticas y prácticas discriminatorias inhumanas del régimen israelí como una forma aún más extrema del apartheid institucionalizado contra las personas negras de mi país», declaró Vusi Madonsela, embajador de Sudáfrica ante Países Bajos, donde tiene sede la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La CIJ celebra esta semana una serie de audiencias sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, después de que la Asamblea General de la ONU solicitara a la corte en diciembre de 2022 su «opinión consultiva».

Se espera que un récord de 52 países, incluyendo Estados Unidos, Rusia y China, testifiquen en este proceso en La Haya, donde está el Palacio de la Paz, sede del tribunal de la ONU.

«El apartheid de Israel debe terminar», insistió Madonsela, al señalar que Sudáfrica tiene una «obligación especial» de denunciar el apartheid donde quiera que ocurra y velar para que se le «ponga fin de inmediato».

Las audiencias que comenzaron ayer corresponden a un caso independiente del recurso de emergencia presentado por Sudáfrica, que argumenta que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios durante la ofensiva en Gaza.

La CIJ aún no se ha pronunciado sobre este punto, aunque el 26 de enero pidió a Israel evitar cualquier eventual acto de genocidio, sin llamar a un alto el fuego.

Las audiencias transcurren en un contexto de creciente presión internacional sobre Israel por la ofensiva en Gaza, por la que murieron ya casi 30.000 palestinos, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, de acuerdo con informes del Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007.

Los milicianos islamistas de Hamas se habían infiltrado en el sur de Israel y mataron a casi 1.200 personas, según datos de autoridades israelíes, en represalia por los 67 años de ocupación israelí en territorios palestinos.

En junio de 1967, durante la llamada Guerra de los Seis Días, Israel le arrebató Jordania, Cisjordania y Jerusalén Este, los Altos del Golán a Siria, y la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto.

Israel comenzó entonces a ocupar los 70.000 kilómetros cuadrados de territorios árabes arrebatados, ocupación declarada ilegal por las Naciones Unidas.

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Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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