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El apartheid de Israel con los palestinos es «peor que el de Sudáfrica»

Lo aseguro un diplomático sudafricano en Países Bajos, donde tiene sede la Corte Internacional de Justicia, tribunal en el que se analizarán las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967.

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El-Argentino-Conflicto entre Israel y Hamas.

Israel aplica en los territorios palestinos una forma «aún más extrema» de apartheid que el sufrido por Sudáfrica antes de 1994, declaró este martes el representante sudafricano en una audiencia ante la más alta corte de las Naciones Unidas para analizar las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, con la participación de una cantidad sin precedentes de 52 países, incluidos Estados Unidos, Rusia y China.

«Como sudafricanos percibimos, vemos, escuchamos y sentimos en lo más profundo las políticas y prácticas discriminatorias inhumanas del régimen israelí como una forma aún más extrema del apartheid institucionalizado contra las personas negras de mi país», declaró Vusi Madonsela, embajador de Sudáfrica ante Países Bajos, donde tiene sede la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La CIJ celebra esta semana una serie de audiencias sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, después de que la Asamblea General de la ONU solicitara a la corte en diciembre de 2022 su «opinión consultiva».

Se espera que un récord de 52 países, incluyendo Estados Unidos, Rusia y China, testifiquen en este proceso en La Haya, donde está el Palacio de la Paz, sede del tribunal de la ONU.

«El apartheid de Israel debe terminar», insistió Madonsela, al señalar que Sudáfrica tiene una «obligación especial» de denunciar el apartheid donde quiera que ocurra y velar para que se le «ponga fin de inmediato».

Las audiencias que comenzaron ayer corresponden a un caso independiente del recurso de emergencia presentado por Sudáfrica, que argumenta que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios durante la ofensiva en Gaza.

La CIJ aún no se ha pronunciado sobre este punto, aunque el 26 de enero pidió a Israel evitar cualquier eventual acto de genocidio, sin llamar a un alto el fuego.

Las audiencias transcurren en un contexto de creciente presión internacional sobre Israel por la ofensiva en Gaza, por la que murieron ya casi 30.000 palestinos, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, de acuerdo con informes del Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007.

Los milicianos islamistas de Hamas se habían infiltrado en el sur de Israel y mataron a casi 1.200 personas, según datos de autoridades israelíes, en represalia por los 67 años de ocupación israelí en territorios palestinos.

En junio de 1967, durante la llamada Guerra de los Seis Días, Israel le arrebató Jordania, Cisjordania y Jerusalén Este, los Altos del Golán a Siria, y la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto.

Israel comenzó entonces a ocupar los 70.000 kilómetros cuadrados de territorios árabes arrebatados, ocupación declarada ilegal por las Naciones Unidas.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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