Por Tania Valentina

Con una participación superior a los 17 millones de electores, los ciudadanos mexicanos dieron el domingo 10 de abril su respaldo al actual gobierno federal para que continúe en el poder durante lo que resta del sexenio, en un ejercicio más de democracia directa que coloca a nuestro país como uno de los más avanzados del hemisferio.

Asimismo, más del 90 por ciento sufragaron en favor de AMLO, mientras solo una pequeña fracción del 8 por ciento lo rechazó, con un mínimo de votos nulos. Lo anterior, a pesar de que se instalaron solo unas 57 mil casillas, las cuales por su ubicación quedaron en su mayoría lejos del alcance de los participantes.

Por su relevancia, citaremos el caso de Tepetitán, en el municipio de Macuspana, Tabasco, lugar de nacimiento de AMLO. Por primera vez en muchos trienios, en esa población no se instalaron casillas, obligando a la población a recorrer hasta 40 kilómetros para emitir su voto.

A pesar de las dificultades, la población del estado de Tabasco fue la que más participó en la consulta, con más del 30 por ciento de sus electores. En cambio, en entidades gobernadas por el PRIAN, la votación alcanzó cifras muy inferiores. Lo anterior indica con claridad que las tendencias políticas de los gobiernos estatales influyeron directamente tanto en la afluencia de participantes como en el sentido de su voto.

Véase si no el caso de Coahuila, donde el gobernador priísta Miguel Angel Riquelme llamó a no votar en la consulta. (Claro: después de su error, Riquelme trató de aclarar que su llamado lo dirigió solo a los militantes priístas; sin embargo, para efectos legales da lo mismo, porque el gobernador habló contra la consulta popular y, aunque le sorprenda, los priístas también son ciudadanos. El INE, como siempre, mantuvo oídos sordos a tales pequeñeces).

Una vez más, las entidades del sur-sureste del país contribuyeron con el porcentaje mayor de votantes para el éxito de la jornada. Tabasco tuvo afluencia de 30.3%; Oaxaca 26. 7%; Tlaxcala 25.6%; Chiapas 25.6%; Veracruz 24.9%; Campeche 22.8%; Guerrero 20.8% y Quintana Roo 20%. En Morelos la población participó con 17.5% de sus electores.

Hay que tomar en consideración que votaron más de 16 millones de ciudadanos, que representan el 17% del total de inscritos en el padrón electoral. Pero esos millones de sufragios se depositaron en solo la tercera parte de las casillas que normalmente se instalan en las elecciones federales.

Por lo tanto, aplicando una progresión aritmética, se puede afirmar que en una elección federal normal, con todas las 150 mil casillas instaladas, la participación ciudadana hubiera sido de más del 50% por ciento de los votantes inscritos en el padrón electoral.

La ley de consulta popular establece que, para que la votación tenga efectos vinculantes (es decir, de observancia obligatoria) se requieren los votos de más del 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Por lo mismo, la trampa principal del INE consistió en reducir el número de casillas a solo el 30% de las habituales, generando así un mayor desgaste de la población, viajes largos y filas interminables. El INE realizó, a todas luces, un fraude maquinado.

Consideremos las cifras de la elección federal del 2018. En esa ocasión se instalaron más de 150 mil casillas, que recibieron los sufragios de poco más de 45 millones de ciudadanos, sumando la votación obtenida por todos los partidos políticos. Esto indica que en cada casilla de esa elección, los ciudadanos depositaron alrededor de 300 votos en promedio.

Pues bien: el padrón electoral actual cuenta con una cantidad mayor de ciudadanos (2 millones más) inscritos en dicho registro, pero solo se instalaron 57 mil casillas el pasado 10 de abril. Esto es: para conseguir el 40% de los votos –alrededor de 38 millones– cada casilla debería haber recibido al menos 750 votos durante la jornada del 10 de abril.

Esto indica que deberían votar de manera ininterrumpida por lo menos 75 ciudadanos por hora, en flujo constante a lo largo de las 10 horas que duró el ejercicio. Esa cantidad de votos resulta ilusoria, totalmente fuera de las posibilidades de control del escuálido y mal coordinado aparato que el INE puso en funciones ese día para recibir los sufragios de la población.

Las irregularidades que exhibió el INE durante la jornada fueron múltiples. Muchos representantes de casilla no recibieron capacitación adecuada; otros solo recibieron su nombramiento el día anterior, e incluso algunos lo recibieron por la mañana del 10 de abril. Durante todo el proceso reinó la improvisación, las dudas y la desidia en todo lo emprendido por el INE.

A los funcionarios del órgano electoral federal no les interesaba que la participación ciudadana fuera intensa, ni que consiguiera los objetivos naturales de la democracia directa, es decir, que la consulta arrojara cifras y porcentajes vinculantes. Los funcionarios del INE trataron en todo el proceso a la población mexicana como un conjunto abigarrado de menores de edad, ignorante y carente de información política suficiente. Aplicaron los métodos operativos del viejo régimen prianista sin comprender que esta fue una elección de nuevo tipo, precisamente de la nueva democracia mexicana libre, directa y participativa.

El ejercicio del 10 de abril mostró cabalmente las carencias y debilidades de nuestro sistema electoral. El INE se mostró como lo que es: un grupo de burócratas enriquecidos a la sombra del poder, comodinos y elegantes, que no dudaron en imponer a la población las más duras exigencias para impedir que expresaran su voluntad a plenitud.