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Ucrania, EEUU, nazis y un genocidio ocultado por Occidente

Se trata de los históricos ataques de Ucrania sobre la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), donde las autoridades de Ucrania son consideradas el «régimen criminal».

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En Occidente, poco y nada se escribe sobre La República Popular de Donetsk (RPD). Se trata de un Estado autoproclamado, situado en el este de Europa, dentro de Ucrania. Este país -ex URSS- reconoce que la mayor parte del territorio controlado por la RPD está «ocupado» -como Donetsk y Lugansk-, y que el resto (un tercio) se considera un «territorio temporalmente ocupado».

Las autoridades de Ucrania -de tintes de ultra derecha ortodoxa y hasta con ribetes de neofascismo- tratan a la RPD como una organización terrorista, y los miembros de las estructuras políticas y militares de la república, como separatistas. Dentro de la RPD, en cambio, las autoridades de Ucrania son consideradas como el «régimen criminal», el cual hace «crímenes militares, que aportan víctimas entre la población no militar, y una catástrofe humanitaria». Desde el Gobierno ucraniano, y ciertos países y organizaciones -como EEUU y la OTAN entre muchos otros- «creen» que la RPD tiene el apoyo militar de Rusia. Estas acusaciones son rechazadas por los dirigentes rusos.

Los conflictos por la separación del territorio de la antigua URSS datan desde fines de 2013, cuando se produjo lo que se conoció como el Euromaidán, una ola de protestas en la Plaza de la Independencia de Kiev, capital de Ucrania, lo que derivó en una escalada de tensiones entre el presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, y el ruso, Vladimir Putin.

Más tarde, el Parlamento destituyó a Yanukóvich e instaló un gobierno pro Occidente, en un país donde una enorme porción de la población aún se siente rusa, tras siglos de tradición y cultura. Donetsk es uno de los principales focos donde se conforman grupos antieuropeos, a favor de regresar a las políticas pro-rusas, algo que sucede de igual manera en otras regiones del sudeste ucraniano fronterizo con Rusia.

A raíz de este escenario, comenzaron los combates, desde la propia Ucrania sobre el mismísimo pueblo ucraniano, el cual no se reconoce como tal. Por su parte, los políticos crimeos no aceptaron la apertura de Ucrania hacia la Unión Europea, y con una intervención militar en curso desde el Kremlin, promovieron un referéndum, en el que en marzo, la población de Crimea aceptó la adhesión de este territorio a Rusia, acontecimiento que el gobierno de Kiev y Occidente han rechazado.

Luego de protestas, represiones, ataques y hasta un referéndum, finalmente, la RPD fue proclamada en la ciudad de Donetsk el 7 de abril de 2014. Además decidieron crear un órgano de gobierno sin reconocer a las autoridades de Kiev. Ese mismo día se autoproclamó la República Popular de Járkov también. ​La independencia de la RPD hoy es reconocida solo por Osetia del Sur, que a su vez es reconocida parcialmente, y por la no reconocida República Popular de Lugansk.

Tras las protestas masivas en este territorio donde domina la población de habla rusa, después del golpe de 2014 en Kiev y el derrocamiento de Yanukovich, el gobierno de Kiev inició una operación militar en Donbass desde abril de 2014, con fuertes bombardeos de áreas residenciales, incluso por aviones, provocaron un desastre humanitario en la región. Según datos de la ONU, más de 13.000 personas murieron de ambos bandos y más de 30.000 personas resultaron heridas al 31 de enero de 2021, como consecuencia de los ataques del gobierno formal ucraniano.

En este escenario histórico de tensión constante, este viernes, se dio a conocer la noticia sobre la aparición de más de 130 fosas comunes de civiles que murieron durante la agresión de Ucrania. Fueron encontradas en la República Popular de Donetsk, dijo Denis Pushilin, jefe de la autoproclamada república, en una conferencia de prensa.

«Solo en el territorio de la República Popular de Donetsk, se encontraron y abrieron más de 130 fosas comunes de las víctimas de la agresión ucraniana«, dijo. «Son fosas comunes de civiles que murieron durante las operaciones de las fuerzas armadas de Ucrania en la RPD en Snezhnoye, Debaltsevo, Khartsyzsk e Ilovaisk», citó Agencia TASS.

El jefe de la DPR dijo que la mayoría de los muertos eran personas de entre 30 y 60 años. “Entre los cuerpos que se recuperaron estaban los cuerpos de ancianos, mujeres y niños”, dijo. «Las personas fueron enterradas con la ropa de civil que usaban en el momento de la muerte, por lo que estamos hablando de civiles».

La mayoría de las personas, cuya causa de muerte pudo establecerse, murieron por disparos, explosiones de minas y heridas de metralla, así como por lesiones en el cráneo causadas por objetos contundentes, dijo Pushilin. Agregó que las autoridades iniciaron una investigación penal por estos hechos.

Economía 💲

Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos

¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

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En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.

La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.

El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.

Un hito histórico tras décadas de precarización

La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.

El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.

Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro

Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.

Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.

Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei

La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.

Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.

En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.

En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.

El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional

La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.

La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.

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