Una medida judicial frenó en seco el avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a las empresas internacionales Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras en la zona, en una decisión que abarca perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial de hidrocarburos.

La resolución fue dictada en el marco de una acción presentada por un ex combatiente de la guerra de Malvinas y se produce en medio de las denuncias que el propio Gobierno nacional activó contra empresas que operan en el archipiélago bajo licencias otorgadas por el Reino Unido, sin autorización de la República Argentina. La cautelar no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas, según precisó la propia magistrada en el fallo.

Qué prohíbe la cautelar

El alcance de la medida es amplio y multidimensional. Además de suspender las obras físicas del proyecto, la jueza Borruto prohibió a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto Sea Lion.

Como parte de las obligaciones impuestas a las empresas, el fallo les exige detallar la estructura societaria utilizada para el emprendimiento, identificar las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos realizados o comprometidos, las aseguradoras y reaseguradoras involucradas, y toda la documentación ambiental disponible: estudios de impacto, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia. También deberán informar sobre obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas, y toda ampliación o incorporación de pozos prevista.

El Estado nacional en el banquillo informativo

La resolución no apunta solo a las empresas privadas. La magistrada le solicitó a la Cancillería argentina que informe, en un plazo de diez días, si las compañías involucradas en el proyecto «cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina».

La jueza también ofició a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para que indique si existe en sus registros algún aviso o procedimiento de análisis de impacto ambiental iniciado respecto del proyecto Sea Lion o de sus posibles ampliaciones. En caso de que no existiera tal procedimiento, deberá comunicar al Juzgado si en el futuro se inicia alguna gestión en ese sentido.

Un fallo en el contexto de la política soberana de Milei sobre Malvinas

La decisión judicial cobra especial relevancia en un escenario en el que el propio Gobierno de Javier Milei anunció que ampliará las denuncias contra las empresas que operan en las islas con licencias británicas. La paradoja es llamativa: mientras el oficialismo impulsa discursivamente la causa Malvinas en el plano judicial, avanza en simultáneo con una agenda de desregulación y apertura al capital extranjero que en otros ámbitos debilita las herramientas de defensa de los recursos estratégicos del Estado argentino.

El proyecto Sea Lion, operado por las firmas demandadas en aguas que la Argentina reivindica como propias, forma parte de una disputa estructural sobre los recursos hidrocarburíferos de la Plataforma Continental argentina. La explotación de esas reservas sin el consentimiento del Estado nacional constituye, desde la perspectiva del derecho internacional y la legislación argentina, una violación a la soberanía sobre los recursos estratégicos del país. La medida cautelar dictada por la jueza Borruto es, por ahora, el freno más concreto que el sistema judicial colocó sobre ese avance.

Lo que tenés que saber

• La jueza federal Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender toda obra y acto financiero vinculado al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas.
• La medida cautelar fue impulsada por un ex combatiente de la guerra de Malvinas y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas.
• Las demandadas deberán presentar ante la Justicia la estructura societaria del proyecto, sus fuentes de financiamiento, documentación ambiental y el detalle de obras realizadas o planificadas.
• La Cancillería tiene diez días para informar si las empresas cuentan con autorización argentina para operar en aguas de la Plataforma Continental.
• La decisión se produce en el marco de las denuncias que el propio Gobierno nacional activó contra empresas que explotan recursos en el archipiélago con licencias del Reino Unido.