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RSF denuncia ante CPI crímenes de guerra contra periodistas que cubrían conflicto Israel-Hamas
La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) crímenes de guerra cometidos contra periodistas que cubrían el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas desde el 7 de octubre.
La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) crímenes de guerra cometidos contra periodistas que cubrían el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas desde el 7 de octubre.
«RSF presentó una denuncia por crímenes de guerra ante el despacho del fiscal de la CPI el 31 de octubre de 2023. Esta detalla los casos de nueve periodistas muertos desde el 7 de octubre, y de dos heridos en ejercicio de sus funciones», indicó la ONG en un comunicado.
Esta denuncia concierne a «ocho periodistas palestinos, muertos por bombardeos sobre zonas civiles de Gaza por Israel, y un periodista israelí, muerto el 7 de octubre cuando cubría el ataque contra su kibutz por Hamas«.

En lo que respecta a las muertes de los periodistas palestinos, la ONG explica que, según el Derecho Internacional Humanitario, son crímenes de guerra al ser víctimas de ataques indiscriminados, pues pese a la versión israelí de que los ataques iban dirigidos contra objetivos militares, estos «causaron daños manifiestamente excesivos y desproporcionados a civiles»
En cuanto al reportero israelí, su muerte constituye un «homicidio intencional de una persona protegida por la Convención de Ginebra«, que es un crimen de guerra en virtud del artículo 8 del Estatuto de Roma de la CPI.
También menciona «la destrucción intencionada, total o parcial, de los locales de más de 50 medios de comunicación en Gaza».
«La escala, la gravedad y la recurrencia de crímenes internacionales contra periodistas, particularmente en Gaza, exigen una investigación prioritaria por parte del fiscal de la CPI. Llevamos reclamándolo desde 2018«, declaró Christophe Deloire, secretario general de RSF, citado por la agencia de noticias AFP.
Esta jurisdicción internacional, que puede ser solicitada por Estados, el Consejo de Seguridad de la ONU o por el propio fiscal, no tiene la obligación de tomar el caso.
Según RSF, 34 periodistas murieron desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas, al menos 12 de ellos en ejercicio de su profesión (10 en Gaza, uno en Israel y uno en Líbano).
En cuanto a Líbano, que no es parte en la CPI, «RSF estudia la posibilidad de llevar estos casos ante otras jurisdicciones competentes«, según el comunicado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Estados Unidos, contabilizó 31 periodistas muertos desde el 7 de octubre, entre ellos 26 palestinos, cuatro israelíes y un libanés.
El CPJ, que contabiliza las víctimas en Israel, la Franja de Gaza y en la frontera libanesa, indicó en un comunicado que ocho periodistas resultaron heridos y nueve estaban desaparecidos o detenidos.
Esta cifra de muertos es la más alta entre los periodistas que cubren el conflicto desde la creación del CPJ en 1992, según la organización.
El balance de muertos por esta ofensiva del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza ha aumentado a cerca de 8.800, según indicaron hoy las autoridades del enclave palestino, controlado por el grupo islamista.
Los ataques de Hamas del 7 de octubre dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados, según el balance de Israel.
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Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo
El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.
Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.
La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.
Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre
El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.
Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.
El fallo humano en la cadena de verificación
En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.
Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.
Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.
Una regulación que depende de la app que uses
Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.
Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.
El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.
Lo que tenés que saber
- La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
- La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
- El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
- Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
- La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
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