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RSF denuncia ante CPI crímenes de guerra contra periodistas que cubrían conflicto Israel-Hamas

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) crímenes de guerra cometidos contra periodistas que cubrían el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas desde el 7 de octubre.

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La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) crímenes de guerra cometidos contra periodistas que cubrían el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas desde el 7 de octubre.

«RSF presentó una denuncia por crímenes de guerra ante el despacho del fiscal de la CPI el 31 de octubre de 2023. Esta detalla los casos de nueve periodistas muertos desde el 7 de octubre, y de dos heridos en ejercicio de sus funciones», indicó la ONG en un comunicado.

Esta denuncia concierne a «ocho periodistas palestinos, muertos por bombardeos sobre zonas civiles de Gaza por Israel, y un periodista israelí, muerto el 7 de octubre cuando cubría el ataque contra su kibutz por Hamas«.

En lo que respecta a las muertes de los periodistas palestinos, la ONG explica que, según el Derecho Internacional Humanitario, son crímenes de guerra al ser víctimas de ataques indiscriminados, pues pese a la versión israelí de que los ataques iban dirigidos contra objetivos militares, estos «causaron daños manifiestamente excesivos y desproporcionados a civiles»

En cuanto al reportero israelí, su muerte constituye un «homicidio intencional de una persona protegida por la Convención de Ginebra«, que es un crimen de guerra en virtud del artículo 8 del Estatuto de Roma de la CPI.

También menciona «la destrucción intencionada, total o parcial, de los locales de más de 50 medios de comunicación en Gaza».

«La escala, la gravedad y la recurrencia de crímenes internacionales contra periodistas, particularmente en Gaza, exigen una investigación prioritaria por parte del fiscal de la CPI. Llevamos reclamándolo desde 2018«, declaró Christophe Deloire, secretario general de RSF, citado por la agencia de noticias AFP.

Esta jurisdicción internacional, que puede ser solicitada por Estados, el Consejo de Seguridad de la ONU o por el propio fiscal, no tiene la obligación de tomar el caso.

Según RSF, 34 periodistas murieron desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas, al menos 12 de ellos en ejercicio de su profesión (10 en Gaza, uno en Israel y uno en Líbano).

En cuanto a Líbano, que no es parte en la CPI, «RSF estudia la posibilidad de llevar estos casos ante otras jurisdicciones competentes«, según el comunicado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Estados Unidos, contabilizó 31 periodistas muertos desde el 7 de octubre, entre ellos 26 palestinos, cuatro israelíes y un libanés.

El CPJ, que contabiliza las víctimas en Israel, la Franja de Gaza y en la frontera libanesa, indicó en un comunicado que ocho periodistas resultaron heridos y nueve estaban desaparecidos o detenidos.

Esta cifra de muertos es la más alta entre los periodistas que cubren el conflicto desde la creación del CPJ en 1992, según la organización.

El balance de muertos por esta ofensiva del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza ha aumentado a cerca de 8.800, según indicaron hoy las autoridades del enclave palestino, controlado por el grupo islamista.

Los ataques de Hamas del 7 de octubre dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados, según el balance de Israel.

Chaco

Zdero y la mordaza prensa: un periodista preso siete horas por preguntar sobre la falta de agua

Fernando Ojeda, cronista de TV Local, fue detenido en Margarita Belén tras una consulta que incomodó al gobernador radical. La policía justificó el arresto con acusaciones de desorden, mientras el jefe de la fuerza y el juez de paz ensayaron versiones contradictorias.

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El Argentino Diario-Chaco-Leandro Zdero.

Margarita Belén se convirtió en el escenario de un grave atropello a la libertad de expresión que sacudió a la provincia del Chaco. El periodista Fernando Ojeda, trabajador del medio TV Local, terminó detenido de forma arbitraria luego de intentar realizar una consulta al gobernador Leandro Zdero. El cronista permaneció privado de su libertad durante siete horas bajo una acusación de «promover desorden» que despertó el repudio inmediato de sus colegas y de organismos de prensa locales.

El incidente ocurrió durante una visita oficial del mandatario radical al Club San Martín. Según registros fílmicos que circularon con rapidez, Ojeda se acercó al gobernador para consultarle sobre las deficiencias en el suministro de agua potable en la zona. Ante la pregunta, Zdero evitó dar una respuesta técnica o política y optó por descalificar al trabajador al tildarlo de militante kirchnerista antes de continuar su camino. Minutos después, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del joven.

Versiones cruzadas y abusos de poder

La Policía del Chaco emitió un comunicado donde intentó justificar el arresto con el argumento de que el ciudadano buscó «violar el perímetro de seguridad» y que intentó fugarse. Sin embargo, el jefe de la fuerza, Fernando Romero, brindó una explicación distinta en contacto con los medios. Romero negó que el arresto estuviera vinculado a la labor de prensa o a la seguridad de Zdero y afirmó que se debió a un supuesto «entredicho» e insultos hacia el personal de seguridad a cien metros del club.

El Juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, reconoció ante el portal Litigio que no tomó contacto directo con el cronista ni constató su estado de salud antes de ratificar el procedimiento. Pontón admitió que su decisión se basó exclusivamente en la versión policial y afirmó que no tuvo constancia de que el episodio ocurrió durante una cobertura periodística, un dato que pone de manifiesto la precariedad legal del proceso.

El uso de figuras comodín contra la prensa

El caso generó una fuerte alerta en el arco periodístico regional debido al uso de figuras contravencionales que funcionan como herramientas de disciplinamiento. La creación de conceptos como la violación de perímetros para restringir el acceso de los trabajadores a los funcionarios públicos representa un antecedente peligroso para el ejercicio de la profesión en la provincia.

Finalmente, Pontón ordenó la libertad de Ojeda a la una de la madrugada al considerar que no existían motivos para mantener una prisión preventiva. La prensa local confirmó que el hecho despertó la solidaridad de diversos sectores que exigen garantías para que preguntar no sea motivo de detención en el Chaco de Zdero.

Puntos clave

  • Un periodista de TV Local fue detenido siete horas en Margarita Belén.
  • El gobernador Leandro Zdero lo calificó de «militante» ante una consulta sobre el agua.
  • La policía y el juez de paz brindaron versiones contradictorias sobre el arresto.
  • Denuncian el uso de figuras contravencionales para cercenar la libertad de prensa.
  • El trabajador fue liberado durante la madrugada sin cargos claros.

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