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¡Cayssials manejaba nueve causas de Telecom!

El escandaloso juez tuvo que excusarse, apremiado por el caso de corrupción de Lago Escondido. Ahora dijo que se corrió por “decoro y delicadeza”.

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El juez en lo Contencioso Administrativo federal Pablo Cayssials se excusó en nueve causas que se tramitaban en su juzgado iniciadas por la empresa Telecom contra el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), cuyos representantes legales habían solicitado la recusación del magistrado.

Cayssials es uno de los magistrados que viajó a Lago Escondido -donde el magnate británico Joe Lewis posee tierras que están en litigio con la Justicia- junto a funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación, específicamente del grupo Clarín, que en el 2018 fusionó a Cablevisión -una de las empresas que controla- con la firma de telecomunicaciones Telecom.

Según fuentes ligadas a los expedientes, se trata de nueve causas vinculadas a multas impuestas por diferentes gestiones de la regulación del mercado de telecomunicaciones, que la operadora judicializó para evitar el pago.

El equipo de legales del Enacom había pedido la recusación del magistrado en estas causas, y en una de ellas está presentada como escrito agregado la resolución 2437 de fecha 28 de diciembre pasado, firmada por el titular del organismo, Claudio Ambrosini, en la cual instruye a los letrados para que «procedan a recusar al magistrado».

Además de la investigación en curso por el viaje a la casa de Lewis en Lago Escondido y las sospechas de dádivas que caen sobre Cayssials, el equipo de legales del Enacom destacó que después de la visita de octubre de este año, el magistrado falló a favor de Telecom en una causa por una multa impuesta en el año 2011.

El fallo que favoreció a Telecom se conoció el pasado 14 de noviembre pasado y Cayssials exoneró a esa empresa de una multa que tenía desde el 2011 por falta de reparación de líneas y falta de prestación del servicio.

En su excusación, el magistrado sostuvo que «razones de estricto decoro y delicadeza, contempladas en el artículo 30, del Código de Rito, conllevan a que en esta oportunidad decida excusarme de entender en la continuación del trámite de la presente causa», y el texto puede encontrarse en el sistema de consultas de expedientes judiciales.

Desde Telecom indicaron no tener notificación de la excusación formulada por el magistrado, tras una consulta realizada por Télam.

Esta semana, y tras un pedido efectuado por canales comunitarios de TV, Cayssials se excusó de una causa en la cual las emisoras reclaman ser incluidas en la grilla de los canales de cable que posee en Grupo Clarín, tal como lo indica la ley.

El magistrado se apartó de esta causa alegando razones de “decoro y delicadeza” ante las “sospechas” que pudiera tener una de las partes”, luego de una recusación presentada por la Coordinadora Nacional de Televisoras Argentinas (Conta).

Días atrás, se difundieron en varios medios de comunicación conversaciones de un grupo de chat que integraban los involucrados que hicieron ese viaje a Lago Escondido, entre los que figuraba Cayssials.

En esos intercambios, los integrantes de ese grupo intentaban coordinar una versión falsa sobre ese periplo a las tierras que posee Lewis, que se efectuó en octubre pasado.

La filtración de esos mensajes originó una causa judicial que se instruye en los tribunales federales de Bariloche, en la que se busca determinar si los magistrados, funcionarios porteños y directivos de Clarín que viajaron a ese paraje patagónico cometieron el delito de dádivas.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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