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Lawfare

Mesa judicial: ex juez Freiler habló de una «guerra legal» contra quienes «molestaban» a Macri

Señaló que «la concurrencia de los actores judiciales» era «central» en la «guerra legal o lawfare», que consistió en «persecuciones de opositores o contra quienes molestaban en el camino de los objetivos que el macrismo se había trazado» entre 2015 y 2019.

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El exjuez de la Cámara Federal porteña Eduardo Freiler denunció este lunes nuevamente las «persecuciones» que sufrió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se llevó a cabo, dijo, una «guerra legal» contra quienes «molestaban» para alcanzar los «objetivos que el macrismo se había trazado», y recordó que esa misma administración tenía «carpeteados hasta a los propios» dirigentes y funcionarios.

Freiler señaló que «la concurrencia de los actores judiciales» era «central» en la «guerra legal o lawfare», que consistió en «persecuciones de opositores o contra quienes molestaban en el camino de los objetivos que el macrismo se había trazado» entre 2015 y 2019.

El exjuez se refirió al rol de los servicios de inteligencia: «Cada una de estas personas que han sido objeto de persecución en el gobierno anterior, también fueron objeto de persecución por parte de agentes de la agencia de inteligencia», explicó y aseguró que en su caso lo hicieron «hasta con nombres y apellidos».

«Estaba encargada de mi persecución una mujer, dentro de la de la AFI, que fue conocida por haber participado de un operativo en un programa de Mirtha Legrand con una modelo que ha fallecido», añadió.

En línea con eso, repasó su proceso de destitución, que concluyó en noviembre de 2017: «Hace cuatro años terminó un proceso de destitución que había comenzado con la particularidad que han tenido las persecuciones que ha llevado adelante el gobierno macrista. Primero, en los medios se comunicó una idea totalmente alocada sobre mi persona. El objetivo es estigmatizar al opositor».

Mencionó que «se presentaron del Colegio de Abogados, de la calle Montevideo», que no se debe confundir «con el Colegio Público de Abogados, el verdadero», en el Consejo de la Magistratura, «pidiendo que se investigue mi forma de vida» por enriquecimiento ilícito y «estuve sobreseído tres veces».

Freiler señaló irregularidades en el Consejo de la Magistratura y sostuvo que su destitución ocurrió «luego de una bochornosa sesión donde el presidente por entonces de la Corte, el doctor (Ricardo) Lorenzetti, mantuvo secuestrado a un senador para que no concurra como consejero y así lograr los votos necesarios para la suspensión».

Además, aseguró que «reabrían nuevamente la causa luego de estar cerrada, de forma totalmente ilegítima». «Ese mismo gobierno no solamente hacía esto, sino que también trataba de mantener a todos los propios dentro de la estructura. Claramente, los tenía hasta a los propios carpeteados», agregó.

Y afirmó: «Todas esas personas que se presentaron en su momento como querellantes dicen que no tiene nada que ver porque obviamente están actuando bajo presión, con miedo y también muchos bajo el calor de la comodidad de un puesto político o una pretensión política futura».

En ese sentido, recordó una cita del expresidente Macri cuando dijo que «el que saca los pies del plato de Cambiemos, desaparece». Freiler destacó que «Macri, a los pocos días de asumir, uno de los primeros decretos que hizo fue para cambiar la oficina de la agencia donde se hacen las intervenciones telefónicas a pedido judicial, que estaba por ley bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal».

«Lo puso bajo la Corte Suprema de la Nación, aunque en realidad quedó en manos del juez Martín Irurzun. Esto le posibilitó centralizar en personas afines a sus objetivos y sus prácticas las escuchas telefónicas», remarcó. Y sentenció: «Todo esto, creo que realmente reúne las condiciones de una verdadera práctica sistemática. Un sistema que fue implementado por un plan previamente pergeñado y diseñado».

Judiciales ⚖️

El naufragio de los cuadernos: un video editado expone las grietas del armado judicial contra CFK

El Tribunal Oral Federal 7 aceptó un material audiovisual donde el «arrepentido» Oscar Centeno admite ante la justicia española que no conoce a los empresarios ni vio entregas de dinero; lo que debilita aún más una causa viciada por irregularidades y tachaduras.

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​★ En una jornada que dejó al desnudo la fragilidad del andamiaje probatorio construido en los tribunales de Comodoro Py; el Tribunal Oral Federal N°7 permitió la reproducción de un video editado que compromete seriamente la acusación central del juicio. El empresario Juan Carlos De Goycochea, exdirectivo de Isolux; fue quien encabezó la sesión del pasado jueves al exhibir una declaración de Oscar Centeno ante la justicia de España que contradice los pilares del expediente local.

​Una audiencia bajo control de la defensa

​La dinámica en la sala Auditorium resultó inédita. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli autorizaron la proyección del material a pesar de la fuerte oposición de la fiscal Fabiana León. La funcionaria judicial argumentó que el tribunal desconocía la cadena de custodia del video y que su reproducción forzaba la voluntad del exchofer; quien ya manifestó su decisión de no declarar en el debate argentino.

​A pesar de las advertencias sobre la falta de certeza sobre el origen del material; los magistrados hicieron lugar al pedido de la defensa. Este hecho se suma a la larga lista de anomalías de una causa que se sostiene sobre cuadernos que el propio Centeno dijo haber quemado; pero que luego aparecieron parcialmente en manos de un periodista; con claras evidencias de adulteraciones, sobreescrituras y tachaduras confirmadas por peritajes calificados.

​Las confesiones de Centeno en el exterior

​El contenido del video; correspondiente a una teleconferencia en un proceso vinculado a la firma Isolux Corsán en Madrid; dinamitó la narrativa de la fiscalía. Ante las preguntas de los funcionarios españoles; Centeno fue categórico al afirmar que no conocía a los directivos de la empresa ni sabía de la existencia de una matriz en España. «No conozco a nadie», sentenció el testigo clave cuando le consultaron por los interlocutores de la firma.

​El golpe de gracia a la acusación llegó cuando le preguntaron sobre las supuestas entregas de fondos entre 2011 y 2014. «Tampoco lo sé», respondió Centeno; para luego rematar asegurando que no le constaba que ningún responsable de la empresa hubiera entregado dinero a funcionarios públicos. Estas declaraciones contrastan con las anotaciones de los cuadernos; donde el propio Centeno vinculó a la compañía con licitaciones de la central termoeléctrica de Río Turbio. Al respecto; admitió en España que escribió esos datos basándose en comentarios de terceros y no en una percepción directa.

​El fantasma del Lawfare y las pruebas viciadas

​Este episodio refuerza la tesis de las defensas; especialmente la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; sobre la existencia de una persecución judicial coordinada por el denominado Partido Judicial. La causa Cuadernos acumuló desde su inicio cuestionamientos por la utilización de la Ley de Arrepentidos bajo presunta coacción y la falta de grabaciones de las declaraciones testimoniales durante la instrucción del fallecido juez Claudio Bonadio.

​La justicia española ya descartó en 2022 los cargos contra directivos de Isolux al considerar que las pruebas; basadas en los mismos cuadernos y el testimonio de Centeno; eran insuficientes. Ahora; el TOF 7 enfrenta el desafío de sostener un juicio con 87 imputados mientras su prueba estrella admite bajo juramento en el extranjero que el relato incriminatorio carece de sustento fáctico.

Puntos clave:

  • ​El TOF 7 aceptó un video de Centeno declarando en España donde niega conocer a empresarios de Isolux.
  • ​La declaración desmiente las anotaciones de los cuadernos sobre presuntas coimas de esa firma.
  • ​La fiscalía se opuso a la prueba por desconocerse su cadena de custodia y ser un material editado.
  • ​El antecedente de la justicia española ya desestimó estas pruebas por considerarlas débiles.
  • ​El juicio continúa en medio de denuncias por adulteración de documentos y falta de garantías procesales. ★
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