La justicia empezó a investigar conexiones entre el exmandatario Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal y los imputados por participar de una mesa judicial bonaerense con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales, informaron hoy fuentes judiciales.

Es que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó a la Secretaría General de la Presidencia que informe si en el registro de visitas del 2017, tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos, figura el nombre de Vidal o de alguno de los asistentes a la reunión realizada ese año en la sede porteña del Banco Provincia, que originó la investigación.

La filmación de ese encuentro, en el que -de acuerdo con los audios- se analizó cómo armar causas judiciales para perseguir a gremialistas en la provincia de Buenos Aires, motivó primero una denuncia penal presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de la interventora Cristina Camaño, y luego, con el avance de la investigación, la imputación de todos los asistentes: exfuncionarios de Vidal, de la propia AFI y empresarios bonaerenses.

El Lawfare fue una estrategia continental que buscaba eliminar de la agenda pública a quienes pudieran representar un obstáculo para la restauración neoliberal que, en Argentina, representa el macrismo aliado con un sector del radicalismo y sus facciones.

— cristina (@cristinacaamano) January 7, 2022

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Ahora el magistrado quiere saber si alguno de ellos visitó la Casa Rosada o la Quinta de Olivos entre mayo y el 31 de diciembre del 2017, detallaron las fuentes, que indicaron que Kreplak dispuso otras medidas relacionadas con la «persecución» por parte del macrismo a trabajadores del Astillero Río Santiago.

En esta causa están imputados Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia provincial); Roberto Gigante (exministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.

También estuvieron el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (director de la empresa Copetro y vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa Ocsa); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).

Otros de los asistentes fueron Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco); Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).

Todos ellos participaron de una reunión realizada en el 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se acordó avanzar en el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales, una estrategia que, de acuerdo con los audios que trascendieron, tendría el aval del Procurador bonaerense Julio Conte Grand.

Conte Grand fue citado para mañana a la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso Nacional, donde días atrás el comisario Hernán Cassasa confirmó que son de su autoría los audios en los que se menciona el accionar de la «mesa judicial» macrista.