Lawfare
A pesar del rechazo de la defensa de Cristina, la Justicia exhibió videos del allanamiento a su casa
El Tribunal Oral Federal 7 autorizó, por mayoría, proyectar las imágenes del operativo ordenado por el juez Claudio Bonadio en 2018. El testigo clave del día fue el comisario Juan Carlos Barrales, quien confirmó que en la habitación de Cristina Kirchner había una puerta blindada y que el procedimiento fue realizado con estrictas normas de inviolabilidad. La defensa de la exmandataria cuestionó la medida como violatoria de la intimidad, pero los jueces la rechazaron.
Una puerta blindada en el dormitorio, un operativo exhaustivo con endoscopios en las paredes, y ningún bolso con dólares. En el juicio por los llamados «Cuadernos de la corrupción», el Tribunal Oral Federal 7 autorizó este jueves la proyección de las imágenes del allanamiento al departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizado en agosto de 2018 en el edificio de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. El video, exhibido a pedido de la fiscalía, confirmó algo que la defensa nunca negó: había una puerta blindada. Pero también dejó en evidencia lo que la acusación no pudo sostener: en ese departamento no se encontró dinero ni elemento alguno que acreditara la teoría de los bolsos.
El operativo había sido ordenado por el entonces juez federal Claudio Bonadio el 23 de agosto de 2018, en el marco de la causa que investiga el presunto pago de sobornos a funcionarios kirchneristas a través de bolsos con dinero en efectivo, según los registros del exremisero Oscar Centeno. La fiscalía solicitó la reproducción del material durante el testimonio del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo personalmente a cargo del procedimiento y declaró este jueves como testigo ante el tribunal.
La puerta blindada: el único hallazgo concreto del allanamiento
Barrales describió con detalle el procedimiento en el inmueble. Señaló que la propiedad fue registrada de manera escalonada, habitación por habitación, con la participación de efectivos de la Gendarmería Nacional equipados con endoscopios para revisar el interior de las paredes. «La casa es grande y tenía muchos objetos de valor, tanto económico como sentimental, por lo que hubo que actuar con mucho cuidado», declaró el comisario ante la fiscal Fabiana León.
El elemento que concentró la atención fue la existencia de una puerta blindada en lo que el testigo describió como la habitación matrimonial. «Había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta. Detrás de la cama había una puerta blindada que daba a lo que sería un vestidor o placard tipo vestidor», precisó Barrales. Según su relato, esa puerta «se cerró accidentalmente» durante el procedimiento y fue reabierta por quien se identificó como secretario privado de Kirchner, que estaba presente en el edificio. El operativo revisó el departamento con endoscopios, incluidas las paredes, sin encontrar dinero en efectivo, bolsos ni ningún otro elemento que avalara la hipótesis acusatoria sobre ese inmueble como punto de depósito.
Barrales también aclaró que todo el material fotográfico y fílmico captado fue entregado a la autoridad judicial con estrictas medidas de seguridad e inviolabilidad, sin que ninguna copia quedara en poder de las fuerzas de seguridad. Y negó categóricamente haber recibido un llamado del fallecido juez Bonadio instruyéndolo a continuar con el allanamiento «hasta encontrar algo», versión que circuló en su momento como indicio de la presión ejercida sobre los investigadores.
La defensa reclamó que se frenara la proyección
Cuando se proyectaba el segundo video, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, exigió que cesara la exhibición de las imágenes. Argumentó que la proyección vulneraba la intimidad de su defendida y que la fiscal actuaba de «mala fe» al solicitar su reproducción ante el tribunal. Beraldi pidió además que la decisión del presidente del tribunal fuera revisada por los tres jueces para evitar «excesos».
Tras un cuarto intermedio de deliberación, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero rechazaron el planteo de la defensa y autorizaron la continuación de la proyección, aunque acotada estrictamente a los segmentos de utilidad probatoria señalados por la fiscalía. El juez Germán Castelli votó en disidencia, a favor de hacer lugar al pedido de Beraldi.
Lo que dice la acusación y lo que el allanamiento no encontró
La acusación sostiene que el departamento del quinto piso habría funcionado como uno de los destinos de bolsos con dólares producto del presunto pago de sobornos en obra pública. Según el expediente, en ese domicilio se totalizarían 87 entregas por 69,7 millones de dólares, de acuerdo con los registros atribuidos al exremisero Centeno. Sin embargo, el allanamiento de 2018 no encontró dinero, bolsos ni ninguna evidencia material que respaldara esa hipótesis. La causa arrastra además cuestionamientos graves sobre la cadena de custodia de los cuadernos originales, que Centeno quemó, y sobre las metodologías de instrucción bajo la órbita de Bonadio.
Un juicio con pruebas bajo sospecha
La audiencia de este jueves también incluyó testimonios de policías que participaron en los allanamientos a la casa del remisero Centeno en Olivos y a la sede de la empresa Techint, vinculada al caso a través de su extrabajador Héctor Zabaleta, quien declaró haber realizado pagos ilegales al exfuncionario Roberto Baratta. La defensa de Baratta aprovechó la jornada para pedir un careo entre su cliente y dos exejecutivos de Techint que declararon haberle entregado un millón de dólares de manera irregular.
El juicio por los Cuadernos avanza sobre una base probatoria cuestionada desde sus orígenes. El kirchnerismo y la defensa de Kirchner denuncian que la causa fue construida con métodos irregulares, presión sobre testigos y una instrucción judicial que buscaba resultados antes que verdad: cuadernos originales destruidos, arrepentidos que luego retractaron sus declaraciones, y un allanamiento espectacular que no encontró lo que prometió encontrar.
Lo que tenés que saber
- El Tribunal Oral Federal 7 autorizó, por mayoría, exhibir el video del allanamiento al departamento de CFK en Recoleta, realizado en agosto de 2018 por orden del juez Claudio Bonadio.
- El comisario Barrales confirmó la existencia de una puerta blindada en la habitación de la expresidenta, pero el operativo no encontró dinero, bolsos ni ningún elemento que respaldara la hipótesis acusatoria.
- La defensa pidió frenar la proyección por vulneración de la intimidad; los jueces Méndez Signori y Canero lo rechazaron. Castelli votó en disidencia.
- La acusación sostiene que en ese departamento ingresaron 87 bolsos con 69,7 millones de dólares según los registros de Centeno, pero el allanamiento no halló evidencia material de ello.
- Barrales negó haber recibido instrucciones de Bonadio para continuar el operativo «hasta encontrar algo».
Análisis
Sin golpe de Estado ni tanques, así se destroza la democracia en el siglo XXI: decretos, lawfare y un Congreso socavado
Un análisis del New York Times advierte que la Corte Suprema de Estados Unidos le arrebata sistemáticamente poder al Congreso, el cuerpo directamente elegido por los ciudadanos. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos: en Argentina, el gobierno de Javier Milei lo lleva al extremo con una fábrica de decretos que intentan legislar por las espaldas del Parlamento. El DNU 70/23, la Ley Bases, el veto a las universidades y los fallos parciales de la Corte argentina configuran un mismo patrón global: el vaciamiento del poder legislativo.
El Congreso fue diseñado para ser el corazón de la democracia representativa: el lugar donde los ciudadanos, a través de sus representantes elegidos, deciden las leyes que organizan la vida en común. Ese principio, fundacional en cualquier república, está siendo erosionado de manera simultánea en dos de las democracias más antiguas de Ámerica, con métodos distintos pero con el mismo resultado: el vaciamiento del poder legislativo en favor del ejecutivo y del poder judicial, dos poderes que nadie vota.
Un análisis publicado esta semana por el New York Times en su sección de investigación plantea que la Corte Suprema de EEUU, liderada por John Roberts, lleva años despojando sistemáticamente de poder al Congreso norteamericano: restringe la capacidad de las agencias reguladoras de implementar leyes, exige estándares imposibles para las políticas de derechos civiles, limita la delegación de poder a los organismos estatales.
El resultado, según el análisis, es una transferencia gradual y silenciosa de poder hacia un tribunal no electo que se mueve más rápido que el Congreso y tiene menos obligaciones en la estructura constitucional.
El espejo argentino: Milei y la fábrica de Decretos
En Argentina, el fenómeno adopta otra forma pero apunta al mismo destino. Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 y en sus primeros días de gobierno firmó el DNU 70/23, un mega decreto de necesidad y urgencia con más de 300 artículos que desreguló la economía, modificó el régimen laboral y alteró decenas de normas aprobadas por el Congreso, todo ello sin pasar por el Parlamento.
La Constitución argentina establece que los DNU son una herramienta de carácter excepcional, para situaciones de urgencia que impidan el tratamiento legislativo ordinario. Milei los usó como método de gobierno: según datos de Chequeado, en 2025 el libertario dictó 11 DNU, igualando la cantidad de leyes que se promulgaron en el mismo período.
La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo una medida cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU 70/23. La reforma laboral quedó en suspenso. Pero el resto del decreto siguió vigente, porque la Corte Suprema argentina rechazó sucesivos planteos para obligar al Congreso a tratarlo y declararlo inconstitucional en su totalidad, bajo el argumento de que no había «caso o controversia» suficiente. La Corte falló contra cuatro de los cinco DNU que analizó en los últimos años, pero el DNU de Milei sigue en un limbo jurídico que, en la práctica, lo mantiene vigente.
El veto a las universidades: cuando el ejecutivo dice no al Congreso y a la Justicia
El patrón no se agota en el DNU 70/23. El Congreso argentino aprobó en 2024 una ley de financiamiento universitario que garantizaba recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y disponía actualizaciones salariales para su personal. Milei la vetó. El Congreso ratificó la ley. Milei la ignoró.
En junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligó al gobierno a cumplir con esa Ley, en un fallo que los rectores universitarios celebraron como el final de un proceso largo y difícil. Según representantes universitarios, las transferencias del gobierno a las universidades nacionales registraron una caída del 45,6% entre 2023 y 2026. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, lo sintetizó en una publicación en X: «Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública.»
El escenario se repite en cada conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso: el gobierno desconoce o veta las leyes que no le gustan, impulsa reformas estructurales mediante decretos que evitan el debate parlamentario, y espera que la Corte tarde años en resolver, como ocurrió con el DNU de Macri sobre el que el máximo tribunal recién se pronunció siete años después de firmado. La lentitud judicial se convierte así en un instrumento político: el decreto funciona mientras la Corte no lo invalida.
Un fenómeno global: del Congreso de papel a la democracia de papel
El paralelo entre el análisis del NYT sobre EEUU y la Era Milei no es casual ni superficial. Responde a una tendencia global que politólogos y constitucionalistas vienen documentando desde hace años bajo el nombre de «retroceso democrático» o «erosión democrática»: la democracia no muere de un golpe, sino que se vacía lentamente, cuando las instituciones formales siguen en pie pero pierden su contenido real. El Congreso existe pero no legisla; la Corte existe pero tarda o esquiva; el presidente gobierna por decreto y el Congreso aprobado por el voto popular queda reducido a un sello.
En EEUU, la Corte Suprema de mayoría conservadora, designada en buena medida por Trump durante su primer mandato, avanzó en años recientes sobre el derecho al aborto (revertiendo Roe v. Wade), sobre la regulación ambiental (limitando la capacidad de la EPA), sobre la autonomía de las agencias independientes (restringiendo el poder de la FTC) y sobre la inmunidad presidencial (otorgándosela a Trump en un fallo sin precedentes en la historia del país). Cada uno de esos fallos recortó el poder del Congreso para regular, proteger y legislar, y lo transfirió a un tribunal no electo cuyos miembros tienen cargos vitalicios.
En Argentina, el proceso tiene su propia especificidad: aquí el vaciamiento lo lidera el Ejecutivo, que gobierna por Decreto y asfixia presupuestariamente todo aquello que el Congreso aprobó, desde las universidades hasta la Línea 144, desde los programas sociales hasta las transferencias a provincias. La Corte oscila entre frenar algunos excesos (universidades, reforma laboral) y dejar pasar otros (el DNU 70/23 en su conjunto). El resultado es una democracia que funciona en sus formas pero pierde sustancia en su contenido.
-
Buenos Aires7 díasLuján 2026: peregrinaron 2,7 millones de fieles, muy por encima del año pasado
-
Misiones7 díasPassalacqua va a la Justicia para defender el suelo misionero
-
Campeones ⭐️⭐️⭐️4 díasEl show de los drones y la pierna que no era: el adiós a Messi, entre la emoción y el meme
-
Espectáculos 🎭6 díasCómo sigue la salud de Daniel Osvaldo
-
CABA7 díasDeliveries sin derechos: la precarización laboral que el conflicto vecinal en CABA no muestra
-
Espectáculos 🎭6 díasMiguel Pardo se diferencia de Rottemberg: “Apuesto día a día sin especular con el resultado económico”
-
Elecciones6 díasEl aprieto de Milei: apoya a Bolsonaro hijo, pero algunos en su entorno ven riesgos
-
Buenos Aires6 díasEl video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
