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Con la detención de Milagro el aparato judicial se transformó «en un aparato de persecución»

La Liga Argentina por los DDHH convocó a la marcha el 1 de febrero contra la Corte Suprema, organizada bajo la consigna «Basta de injusticia y lawfare».

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El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo este domingo que el día que encarcelaron a la dirigente jujeña Milagro Sala comenzó en el país «la transformación del aparato judicial en un aparato de persecución» y explicó por qué su organización convoca a la marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1 de febrero próximo.

Al cumplirse este domingo seis años de la detención de la dirigente social, Schulman sostuvo que «a partir de ese día comenzó en la Argentina un proceso de lucha contra la judicialización de la política» y a su vez «la transformación del aparato judicial en un aparato de persecución».

Confirmó que la Liga Argentina por los Derechos Humanos convocó a la marcha contra la Corte Suprema, organizada bajo la consigna «Basta de injusticia y lawfare», y aseguró: «Somos una organización autónoma, no tenemos relaciones especiales con este ni ningún gobierno».

El dirigente de derechos humanos recordó que su organización presentó dos proyectos en el Parlasur, y uno de ellos es justamente la «tipificación del lawfare», porque en su opinión «no es cualquier política judicial de persecución, sino que está inserta en un plan de dominación colonial».

Asimismo explicó que la marcha pide «la renuncia de los miembros» del máximo tribunal y subrayó que el cuerpo «tiene un origen de ilegitimidad porque dos de sus principales miembros aceptaron entrar por la ventana».

Para Schulman la Corte «fue diseñada y construida por (el expresidente Mauricio) Macri» y sus miembros deben renunciar porque «no hay otra instancia institucional» prevista en estos casos. Agregó que «la Constitución Argentina no previó qué hacer con una Corte Suprema que autoasume todo el poder del Estado».

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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